Categoría: Nacional

El dinero proveniente de fondos de emergencia del Tesoro Público y que no corresponde a reasignaciones se utilizará para fortalecer la acción de las policías contra el crimen organizado y mejorar la protección de los funcionarios de orden y seguridad pública. Boric destacó la importancia de la unidad y colaboración del Estado y la sociedad organizada para enfrentar al crimen, y agradeció la colaboración de los sectores políticos que trabajaron en conjunto para alcanzar acuerdos. «No más cuñas peleando entre nosotros», sentenció. Los recursos adicionales para el combate al crimen representarán un aumento del 40% real del presupuesto público a las funciones de seguridad. El Presidente reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto para enfrentar la delincuencia y garantizar la tranquilidad de los chilenos. 

El jefe de la bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, estuvo este jueves en el programa de El Mostrador Radio «Al Pan Pan» donde abordó lo que dejó la aprobación de la Ley Naín-Retamal (promulgada hoy por el Gobierno) y la muerte del cabo primero de Carabineros Daniel Palma. En la instancia criticó a miembros del oficialismo por votar en contra de la ley luego de haber acordado con el Ejecutivo su pronto despacho. Por otro lado, detalló el retiro de Chile Vamos de la mesa de seguridad citada por la ministra del Interior. «Nosotros le dijimos al Gobierno que esta mesa es para dilatar el asunto porque ustedes no tienen unanimidad en su interior», acotó.  

La Moneda no descarta decretar el Estado de Excepción en algunas comunas del país tras el asesinato del cabo Daniel Palma y la creciente preocupación por la delincuencia. La ministra del Interior, Carolina Tohá, y la titular de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, anunciaron que se reunirán con los servicios de seguridad para implementar un plan de intervención en distintas comunas y barrios del país. En ese contexto, no se descarta implementar la medida que ha sido solicitada por la Asociación de Municipalidades de Chile, junto con una serie de medidas para enfrentar la emergencia social de violencia e inseguridad que afecta al país. La bancada UDI también ha solicitado el decreto y ha presentado una reforma constitucional para crear un nuevo Estado de Excepción, el de Riesgo. 

Durante la tarde, los expresidentes Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera llegaron a la iglesia institucional de Carabineros, en Providencia, donde se desarrolla el responso fúnebre del cabo primero de Carabineros Daniel Palma. Posteriormente, el Presidente Gabriel Boric arribó al lugar. Algunas personas apostadas en el sector pifiaron al jefe de Estado y le gritaron «asesino». Recordemos que tras la muerte de Palma, el Gobierno promulgó hoy la Ley Naín-Retamal -despachada ayer por el Congreso-, que otorga mayores facultades a policías. 

El IPC de marzo publicado esta mañana da la razón al Informe de Política Monetaria que la presidenta del ente emisor, Rosanna Costa, presentó ayer en el Senado. Las tasas locales subían esta mañana. Costa también advirtió que hay que estar atentos a la crisis de los bancos en Estados Unidos y Europa. También en esta edición de El Semanal Exprés: algunos vicios antiguos están de vuelta en Enap; sorpresas, curiosidades y paradojas cuando uno hace doble clic en los resultados de la banca de 2022; Anglo American se suma a la apuesta de hidrógeno verde; y en la víspera del anuncio de la nueva estrategia del litio, conversamos con Juan Carlos Jobet, exministro de Energía y Minería de Piñera II. “Nos tenemos que poner de acuerdo para no perder una oportunidad histórica”, es su mensaje. 

Tras el homicidio del cabo primero de Carabineros, Daniel Palma, el Presidente Gabriel Boric promulgó la Ley Naín-Retamal, medida que busca fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y Gendarmería. De manera reservada, el Mandatario también confirmó el trámite de otras tres nueva iniciativas dirigidas a combatir la situación actual de delincuencia y crimen organizado en el país. Tras la decisión del Ejecutivo, la diputada Catalina Pérez (RD), declaró que desde Apruebo Dignidad no acudirán al TC para impugnar algunos artículos de la iniciativa. La promulgación «inmediatamente descarta la alternativa del Tribunal Constitucional y nos hace más bien cambiar el rumbo hacia el trabajo en otras medidas», aseguró.   

Tras intensas horas en el Palacio de La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y la titular de Interior, Carolina Tohá, dieron a conocer una serie de medidas luego del homicidio del cabo primero de Carabineros, Daniel Palma, quién falleció durante la noche del pasado miércoles tras recibir dos disparos en la cabeza en el marco de un control policial en el centro de Santiago. A primera hora de la mañana, el Gobierno anunció el adelanto de una serie de medidas para combatir este tipo de crímenes. Una de ellas, la promulgación de la Ley Naín-Retamal, que busca justamente fortalecer a las policías [EN DESARROLLO]. 

Tras nueve días de discusión y su aprobación el miércoles, la Ley Naín-Retamal podría permanecer en el congelador si parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista logran los 39 votos necesarios para recurrir al TC. La oposición está decidida a cuestionar la medida, junto con señalar que la composición del Tribunal Constitucional favorece al oficialismo con 6 miembros cercanos al Gobierno y 3 vinculados a la derecha. En tanto, desde el Ejecutivo son categóricos en afirmar que no participarán de esta iniciativa: «El Gobierno dejó atrás este proyecto, porque ya se votó. Los parlamentarios están en su derecho de ir al TC, pero la agenda del Ejecutivo avanzará a lo que sigue en los temas de las reglas del uso de la fuerza», sostuvieron. 

Mientras se discutía la Ley Naín-Retamal en el Congreso, dos involucrados en el escándalo «Pacogate» intentaron, sin éxito, acceder a una reducción de sus penas por el mayor caso de corrupción de nuestra historia reciente. Carabineros, que alguna vez fue una de las instituciones más prestigiosas de Chile, ha perdido gran parte de su reputación debido a acusaciones de corrupción y el uso excesivo de la fuerza, especialmente tras el estallido social de 2019. En este caso hay más de 130 funcionarios y miembros del ex Alto Mando imputados. El caso tiene sus orígenes hace más de 15 años, pero siguen vigentes algunas causas. El «megafraude» se estima en más de $35 mil millones. 

Atendiendo la relevancia del tema en discusión en nuestro país –pese al desencanto y anomia que se han ido instalando en nuestra sociedad– nos parece crucial destacar ciertos aspectos fundamentales que gravitan sobremanera sobre el derecho a una educación de calidad que deberíamos garantizar a nuestros ciudadanos, independientemente de cualquier condición.