La comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta discutió la Ley Naín-Retamal, que plantea aumentar las penas por delitos contra funcionarios policiales y de Gendarmería. Durante la discusión se abordó una indicación del Ejecutivo que pretende eliminar la «legítima defensa privilegiada» de los uniformados policiales, pero fue rechazada, lo que llevó a los titulares de Interior, Justicia y Segpres a retirarse de la instancia al haber quedado el rol colegislador del Ejecutivo «totalmente imposibilitado». Tras el rechazo de la enmienda, la ministra de Interior lamentó que «a veces uno tiene la impresión de que más pesa la idea de hacer un punto político que de generar una buena ley y creo que en esta materia es lamentable que eso pase». La Moneda buscaba que se hiciera valer el Código de Justicia Militar y no profundizar en el Código Penal.
