El problema es que las evaluaciones que la Dipres y otras organizaciones realizan sobre los programas sociales, implementados por el Estado y/o por privados, dan cuenta de un déficit que muchos de ellos tienen para poder demostrar mejoras objetivas en la población beneficiaria. Esto se traduce en problemas sociales que se mantienen o que incluso se agudizan. Por ejemplo, el aumento de algunos delitos de alta connotación social, de consumo problemático y de narcotráfico, la alta tasa de analfabetos funcionales, el estancamiento en los puntajes en las pruebas internacionales de educación, las listas de espera AUGE, el aumento de la obesidad poblacional, entre otros, son problemas que nos aquejan desde hace años y de los que no hemos logrado hacernos cargo. 

Es contradictorio el empeño en la descarbonización, teniendo en cuenta que la generación con diésel emite casi la misma cantidad de CO2 que aquella con carbón, con la desventaja de que los costos de generar con diésel son sustancialmente mayores, casi triplicándose. Es así como los desarrolladores de energías renovables deben comprar a precios significativamente más altos que los estipulados en sus contratos con clientes y, por tanto, entran en cesación de pagos. Es preciso tener presente que la entrada masiva de fuentes fotovoltaicas y eólicas requiere de una disponibilidad de generación de las centrales termoeléctricas, prácticamente, en todas las horas en que el sol no alumbra o no hay viento. 

Mientras avanza en el Congreso la llamada “Ley Fintech”, es importante hacer algunas consideraciones. El fenómeno open finance –o de apertura de los datos bancarios de clientes a terceros– promoverá el crecimiento de los gigantes tecnológicos y de las startups, al permitirles el acceso a dicha información y facilitará su intervención en el proceso de pagos, jugando de este modo un papel cada vez más importante en los servicios financieros. Por otro lado, se está produciendo un gran incremento en los niveles de inversión en compañías dedicadas a crear productos y soluciones específicas basadas en las tecnologías de registro distribuido (DTL, por sus siglas en inglés), las cuales han permitido el desarrollo de las innovaciones más disruptivas para el sistema financiero, así como distintos niveles de desintermediación en esta industria. Ejemplo de ello son los criptoactivos y el desarrollo de contratos inteligentes. 

El influyente inversionista y director de empresas fue el invitado al capítulo de esta semana de La Mesa. Dice que la incertidumbre sigue siendo el principal factor que pesa sobre las acciones chilenas, al tiempo que afirma que hay activos de renta variable muy buenos y a buen precio. «Hay que mirar a empresas que cobran en dólares y sus costos son en peso», señala. Respecto a la grieta política, Casanegra asegura que para el inversionista duro la ideología no pesa tanto como algunos creen a la hora de tomar decisiones.  

La postura de una parte de la bancada de parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) podría transformarse en el factor clave para impedir el arribo de la exvocera del comando del Apruebo a la presidencia de la Corporación. Junto con los tironeos que recibe de la derecha para hacer fracasar el acuerdo, en el PGD se cuestiona el papel que jugó la diputada como presidenta de la Comisión de Constitución, cuando evitó que se aprobaran los retiros quinto y sexto de las AFP. En la colectividad afirman que son sus bases las que jalonan para que Cariola no presida la Cámara, pero distintos observadores añaden que tal decisión podría hipotecar el escaso capital político del nuevo referente, puesto que, si deciden romper un acuerdo que ellos mismos firmaron hace siete meses, su credibilidad podría licuarse, alejándolo de su propósito de ser una fuerza política relevante. 

En marzo, fuerzas políticas de izquierda y centroizquierda, además de la DC y el PDG, alcanzaron un acuerdo en el que la diputada PC Karol Cariola asumiría la presidencia de la Cámara de Diputados en octubre. Sin embargo, hay incertezas sobre los pactado: legisladores del PDG han mostrado reticencias a cumplir el acuerdo. Al respecto, la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, manifestó que “creemos que cuando se celebran acuerdos, pactos, se llega a un consenso en torno a cualquier tema, y ese consenso para lo que va a ser la presidencia de la Cámara, se hace de buena fe y las distintas fuerzas concurren por su voluntad». En esa línea, sostuvo que «nosotros creemos que los acuerdos deben ser cumplidos. ¿Para qué? Para que la ciudadanía tenga claridad que cuando los parlamentarios toman acuerdos y decisiones, estas se cumplen y se honra la palabra”. 

Hace algunas semanas se habla de que Constanza Schönhaut podría entrar al Gobierno. Su nombre ha sido repetido varias veces en conversaciones informales entre altos mandos del oficialismo como una de las cartas que se barajan para sumarse en calidad de asesora al equipo de la ministra del Interior Carolina Tohá (PPD). Su labor específica sería reforzar el equipo político del ministerio y cumplir un rol articulador. La abogada, ex convencional y militante del partido del Presidente Gabriel Boric, Convergencia Social, trabajó en la misma comisión -Sistema Político- donde fue presidente Ricardo Montero (PS), quien hoy ejerce como Jefe de Gabinete de Tohá. Fuentes del FA aseguran que Schönhaut tuvo un rol fundamental en la búsqueda de acuerdos mayoritarios. «Su perfil dialogante y buena llegada con las diferentes fuerzas políticas fueron clave para la aprobación de normas como las de la articulación de la agenda feminista», sostienen. 

Según lo detallado, el proceso de salida del cargo culminará a finales del presente año. Por otro lado, Karamanos explicó que las fundaciones no serán traspasadas a la estructura de ningún ministerio, sino que la presidencia del directorio experimentará los cambios. Además aclaró que «este proceso no modifica que yo sea pareja y compañera del Presidente (Gabriel Boric) y, además, militante. Voy a seguir apoyando al Presidente y a mi proyecto político de aquí en adelante desde otros lugares, no desde el espacio institucional de gobierno’’. 

Según el boletín de Ciedess, en el noveno mes del año, los fondos A y B registraron caídas de más del 2%, mientras que el D y E —este último perdió todo lo ganado en 2022— obtuvieron pérdidas por sobre el 3%. En lo que va de este año, los cinco multifondos anotan el segundo peor rendimiento acumulado para dicho período desde el inicio del sistema de multifondos. Ante esta situación, hace unos días, el diputado independiente Carlos Bianchi llamó al Congreso para que ponga celeridad, o que el gobierno le otorgue urgencia, a la reforma constitucional de su autoría que busca que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se responsabilicen por las pérdidas de los multifondos. «Una vez más hemos sido testigos de los resultados extraordinariamente negativos de septiembre de todos los multifondos de los ahorrantes de las AFP, pero lo absurdo es que los accionistas y las propias administradoras que nos cobran por colocar y administrar nuestros dineros, tienen rentabilidad positiva a todo evento», señaló el parlamentario, agregando que “el problema es que los cotizantes están asumiendo altos costos de esta mal llamada rentabilidad negativa».