El problema es que las evaluaciones que la Dipres y otras organizaciones realizan sobre los programas sociales, implementados por el Estado y/o por privados, dan cuenta de un déficit que muchos de ellos tienen para poder demostrar mejoras objetivas en la población beneficiaria. Esto se traduce en problemas sociales que se mantienen o que incluso se agudizan. Por ejemplo, el aumento de algunos delitos de alta connotación social, de consumo problemático y de narcotráfico, la alta tasa de analfabetos funcionales, el estancamiento en los puntajes en las pruebas internacionales de educación, las listas de espera AUGE, el aumento de la obesidad poblacional, entre otros, son problemas que nos aquejan desde hace años y de los que no hemos logrado hacernos cargo.
