La DC debe incorporar una mirada de futuro que le permita interpretar los fenómenos sociales contemporáneos y dar soluciones razonables y plausibles a los conflictos del mundo global, combatiendo las nuevas desigualdades que todos estos fenómenos generan, conservando su rica raigambre filosófica humanista y su vocación de partido popular y de vanguardia social. Todo esto, entendiendo que en un sistema político atomizado como el actual, si se aspira al poder, se deben establecer políticas de alianza, las cuales indudablemente no pueden materializarse con partidos refractarios a los cambios. 

La magnitud total de las adquisiciones del Estado para combatir la pandemia alcanzó -hasta junio de 2022- un 9,6% de las compras totales registradas en la plataforma de Mercado Público. Más allá de la gestión adecuada del proceso de compra, si no se transparentan los datos con la calidad debida, se generan espacios de ineficiencia y desperdicios de oportunidades de mejora que, en momentos críticos como los vividos, pueden significar importantes mermas de cobertura. No es posible que no podamos determinar algo tan simple como la cantidad de paracetamol adquirido para dar frente a la pandemia, por su falta de estandarización. 

Los senadores Matías Walker y Ximena Rincón (DC) volvieron a ser protagonistas en el debate por una nueva Constitución. Esta vez, por una jugada que podría dar paso a una comedia de enredos o derechamente a una errática estrategia para recuperar la injerencia perdida en el debate constitucional, después de haber sido rostros del Rechazo. En menos de tres horas, pasaron de convocar a una mesa de diálogo alternativa a la mesa oficial, debido a la exclusión de las bancadas independientes, a sumarse al espacio oficial tras ser invitados, dejando botados a los independientes. Estos acusan a los senadores de DC de utilizarlos para intentar retomar el rol protagónico que tuvieron meses atrás, durante la campaña del Rechazo. Mientras tanto, en la reunión bilateral de este miércoles entre oficialismo, oposición y DC no se logró llegar a consenso en torno a las bases institucionales y, por lo tanto, no habrá ningún documento conjunto oficial para presentar en la cita de este jueves. 

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento para exigir evaluación ambiental a los proyectos Hacienda Guay Guay y Mirador Pie Andino, al igual que en los casos de La Cumbre y Chaguay. Estos cuatro complejos están estrechamente ligados a personas “poderosas”, como Gabriela Luksic, hermana de Andrónico –de la familia controladora, entre otros, del Grupo Quiñenco, uno de los mayores conglomerados empresariales de Chile–; Vittorio Corbo Urzúa, hijo de Vittorio, expresidente del Banco Central y cotizado asesor y director de grandes empresas; Diego Errázuriz Zañartu, hijo de Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción; y José Luis Délano, hijo del empresario Carlos «Choclo» Délano –familia dueña del proyecto minero Dominga y controladora del cuestionado grupo Penta–. Estos proyectos inmobiliarios tienen un historial de denuncias ambientales que hasta ahora habían sido desoídas, incluso una querella criminal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), por desarrollar obras en una zona rural de protección ecológica al margen de la regulación urbanística. 

Tras la segunda jornada de discusión del tratado en la Sala, y mientras persisten las discrepancias al interior de las coaliciones de gobierno frente al acuerdo, parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta lamentaron la fractura interna y llamaron al Ejecutivo a no dilatar aún más la tramitación del TPP11. El senador del PS, José Miguel Insulza, recalcó que aprobándolo «tendremos una mejor plataforma para trabajar con otros países que también quieren mejorar el tema de la solución de controversias», mientras que su par del PPD Jaime Quintana afirmó que «es muy lamentable que hoy tengamos diferencias tan marcadas entre quienes respaldamos al gobierno» y a su juicio «es urgente corregir aquello». En tanto, desde la oposición, el senador de RN Francisco Chahuán criticó que «no se entiende que el Gobierno, cuando hay que dar certezas y seguridades, finalmente opte por hacerse cargo de las complejidades al interior de sus dos coaliciones. Y tampoco se entiende que la estrategia de las side letters, que puede demorar bastante, termine condicionando la promulgación del tratado». Asimismo, el legislador UDI Iván Moreira pidió al Presidente Gabriel Boric «que no espere las respuestas de las side letters y una vez que se apruebe el próximo martes, porque están los votos, proceda a ratificarlo y promulgarlo lo antes posible». 

El hecho ocurrió luego de que la parlamentaria de Comunes señalara que el sistema de las AFP fracasó y que las proyecciones de las Asociación de AFP no fueron acertadas, «parece que no son tan secos como dice por su intermedio el diputado de la Carrera», agregó. Tras esta intervención, el exrepublicano atacó verbalmente a la diputada, señalando que «ella habla de mentiras, y yo he escuchado dos grandes mentiras -respetando su condición-, usted no puede exigir su derecho a abortar, porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir su derecho a menstruar». Tras ello dio un punto de prensa y calificó de feminazis a las parlamentarias que respaldan la discusión del aborto sin causales. Posterior a ello, la ministra de la Segpres adelantó que como gobierno «pondrán urgencia a reforma que amplía causales de cesación de cargo». 

Tras una denuncia ciudadana, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un proceso sancionatorio contra la empresa Salmones Aysén S.A., controlada Pablo Baraona, hijo del ex ministro de Economia de Pinochet, del mismo nombre. El proceso es por dos infracciones, calificadas por la autoridad ambiental como «gravísimas» y «graves», por lo que la salmonera podría ser clausurada, perder su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y pagar una multa de hasta $10 mil millones, luego de un escape de 25 mil ejemplares de la especie «salmón del pacífico» o «coho» desde una instalación en la comuna de Calbuco, en la Región de Los Lagos. El Superintendente del Medio Ambiente (s), Emanuel Ibarra, explicó que en este caso “se genera un daño ambiental en el ecosistema porque dichos salmones depredan a otros peces nativos, entre otros impactos negativos”. 

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola reconoció tensiones dentro del oficialismo con respecto al TPP11, tratado que actualmente se encuentra en discusión en el Senado y que será votado el próximo 11 de octubre. «Sería tapar el sol con un dedo señalar que, sobre todo para la coalición de gobierno, hay mucha desconfianza con el TPP y por eso lo que estamos generando es señalar distintos aspectos y buscar los side letters, porque donde nosotros como gobierno tenemos objeciones es en el mecanismo de resolución de controversias que tiene el TPP», recalcó. Según explicó, las dudas se generan en torno a los mecanismos de resolución de conflicto o disputas, ya que «hay muchas críticas respecto a estos arbitrajes, precisamente porque no dan garantías de igualdad de trato». 

Ahora bien, una mirada somera a las realidades estratégicas regionales evidencia cuán alejadas están del concepto de zona de paz. Faltan los tres elementos básicos: no hay una identidad común de seguridad, la región carece de una institucionalidad de Seguridad y Defensa y, además, subsisten las agendas de seguridad propias de cada país. La cuestión de la zona de paz debe ser ponderada con extremada precisión conceptual y política, y en esto no caben ni los exitismos ni los apresuramientos, todo lo cual se aplica en la especie a la situación de seguridad de Chile.