Es de esperar que el alza de tasas de política monetaria siga siendo neutralizada, al menos en parte, con una buena operación del crédito Fogape para mantener tasas subsidiadas a disposición de las pymes y que la actividad, en vez de deprimirse, se sostenga, lo que irá en beneficio del bienestar general y del empleo. Para evitar una recesión –aunque no sea su mandato actual–, el Banco Central debiera bajar la tasa de interés, en vez de seguir subiéndola, dado su escaso impacto en la inflación importada. 

Es posible y oportuno, en el marco de la reforma a Carabineros, repensar la gestión y el uso de la fuerza policial. Para que este cambio sea efectivo, debe concretarse un dominio y control político real sobre la institución, en tanto instrumento del Estado. Uno de los aspectos claves en este sentido, es contar con una legislación actualizada sobre el uso legítimo de la fuerza, que entregue certezas sobre su uso no abusivo. Nuestra historia reciente y el aumento de los delitos violentos, ameritan avanzar hacia dicho norte, depositario de las ideas de seguridad democrática y arraigado en los derechos humanos. Este esquema debiera ser parte importante en el proceso de reforma a Carabineros de Chile, para contribuir a su reforzamiento en el camino a obtener mayores grados de legitimidad en el uso de la fuerza y, en definitiva, en la protección de los ciudadanos y las ciudadanas.  

En las últimas semanas se ha comenzado a configurar un nuevo tablero político que empieza a entregar señales sobre cómo enfrentaremos la segunda parte del proceso constituyente –con elección de convencionales en abril o mayo–, el posible plebiscito de salida en diciembre de 2023 y el nuevo ciclo electoral que se reinicia en 2024. Y si bien lo que tenemos hoy es un reacomodo de varios partidos y la irrupción de algunos nuevos, una primera incógnita es qué pasará con los independientes. En 2020 fueron un fenómeno en la Convención –golpeando a los partidos–; hoy, no sabemos si las reglas del juego que determinen nuestros parlamentarios les permitirán tener alguna representación. 

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, apuntó a un sistema «social de salud público» que convierta a las Isapres en «seguros de segundo piso». Ante estas declaraciones, los diputados de oposición Andrés Celis (RN) y Daniel Lilayu (UDI) sostuvieron que el sistema actual de salud ya se encuentra colapsado, por lo que avanzar hacía un sistema único es una medida que no se ajusta a la realidad. 

Hace meses que las Isapres –a través de la organización gremial que las reúne– vienen haciendo campaña para dar a conocer la crítica situación financiera que atraviesan, advirtiendo que, de no mediar una pronta solución, su próximo destino sería la quiebra. Entre otras causas, argumentan que el descalabro financiero proviene de la prohibición de subir el valor de los planes de salud. Pero esta realidad podría complicarse aún más, debido a la causa que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, que hace un año abrió una investigación penal por una querella por apropiación indebida, administración desleal, delito informático y lavado de dinero, presentada contra el exsuperintendente de Salud, Luis Romero Strooy, quien fuera nombrado en dicho cargo por Jaime Mañalich cuando era ministro de Salud, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera. En la querella se acusa a Romero de enviar una comunicación privada a la asociación gremial de las Isapres con una fórmula para torcer la obligación legal de devolver los excedentes de cotización a todas las personas que cambiaron de tramo etario, desde el 2011 al 2021. 

“Si Chile Vamos dice que tiene disposición a llegar a un acuerdo, entonces debe entender que un pacto se construye entre varios actores. Tampoco se nos tiene que pedir ceder sólo a nosotros, sino que ellos también tienen que ceder, y yo no he visto esa disposición”, declaró la integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara. 

El parlamentario independiente con cupo PPD, quien integra una bancada transversal de parlamentarios nortinos, augura meses muy complejos con la intensificación del flujo migratorio irregular a través de pasos no habilitados. Asimismo, aseguró que esperan conocer esta semana la agenda del Gobierno en la materia. “No hay comuna ni región que resista lo que nos tocó vivir el año pasado. Aquí en el norte las cosas se están agravando mucho porque está prendiendo un clima de xenofobia tremendo», señaló, al tiempo que fue crítico de personeros de Gobierno cuya aproximación a la temática es «academicista» y desconectada de la realidad. «Ellos lo único que están logrando es allanarle el camino al populismo de derecha”, señaló. La diputada socialista Danisa Astudillo coincidió en que «el Estado debe seguir tomando acciones para avanzar en el control de estos flujos, y debe tomar esas decisiones ya porque la crisis se encuentra fuera de control. Y esto es particularmente urgente, porque este fenómeno que está íntimamente ligado a la crisis de seguridad pública que estamos sufriendo». 

Tras tomar una decisión «triste pero también muy meditada», el gobernador de la Región Metropolitana agradeció a todos sus camaradas por lo compartido, aprendido, «y todo lo hecho juntos por Chile». Según expresó en una declaración pública, «me ha tocado ver cómo nuestra convivencia interna se fue destruyendo». 

La visita del Mandatario y la Ministra del Interior y Seguridad Pública a la Región de Antofagasta, programada para esta semana, tendría por objeto concretar el anuncio sobre el ingreso del proyecto de Ley que permitirá la expulsión y reconducción más expedita a sus países de quienes cometan delitos y no cumplan con la ley chilena. “Es tarea de todos resguardar la seguridad de los chilenos, pero cuando se está gobernando hay que tomar decisiones y se debe priorizar y estos temas no pueden seguir esperando. Gobernar es decidir, es priorizar», sentenció la parlamentaria. Desde la misma tienda política, en paralelo, el diputado José Miguel Castro ingresó un proyecto que busca poner fin al robo de cobre en el norte.