Hace meses que las Isapres –a través de la organización gremial que las reúne– vienen haciendo campaña para dar a conocer la crítica situación financiera que atraviesan, advirtiendo que, de no mediar una pronta solución, su próximo destino sería la quiebra. Entre otras causas, argumentan que el descalabro financiero proviene de la prohibición de subir el valor de los planes de salud. Pero esta realidad podría complicarse aún más, debido a la causa que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, que hace un año abrió una investigación penal por una querella por apropiación indebida, administración desleal, delito informático y lavado de dinero, presentada contra el exsuperintendente de Salud, Luis Romero Strooy, quien fuera nombrado en dicho cargo por Jaime Mañalich cuando era ministro de Salud, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera. En la querella se acusa a Romero de enviar una comunicación privada a la asociación gremial de las Isapres con una fórmula para torcer la obligación legal de devolver los excedentes de cotización a todas las personas que cambiaron de tramo etario, desde el 2011 al 2021.