Categoría: Nacional

El académico y abogado de la UDP analizó el oficio ligado al Fiscal Nacional Ángel Valencia, el cual instruye a los fiscales a solicitar la prisión preventiva de detenidos extranjeros indocumentados. Duce considera que el criterio es demasiado genérico y no permite ponderar situaciones particulares, lo que podría ir en contra del funcionamiento del sistema legal. En ese sentido, se mostró a favor de la opinión de la Asociación Nacional de Fiscales, que ha manifestado su inquietud por la implementación del oficio, especialmente en casos de adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidades o situaciones médicas delicadas. El abogado expresó su preocupación por la posible creación de una «Ley Valencia», lo que podría incumplir normas internacionales. 

«Miradas al pasado. Lecturas generacionales de series de ficción televisiva sobre el Golpe de Estado y la Dictadura en Chile” es el título de esta obra escrita por Lorena Antezana y Cristián Cabalín, profesores de la Facultad de Comunicación e Imagen de la U. de Chile. El trabajo indaga en las memorias que distintas generaciones de telespectadores(as) han construido a partir del visionado de series televisivas como «Los 80», «Ecos del Desierto», «Los Archivos del Cardenal» y «No, la Serie». 

Antonia Larraín, exdirectora de Desarrollo Comunitario que se autodenunció en la causa el 19 de agosto de 2021, y Sergio Beaumont, director de Control de la Unidad de Auditoría de la municipalidad, siguen recibiendo mensualmente su sueldo superior a los tres millones de pesos líquidos. En la Municipalidad de Vitacura explican que el caso está radicado en la Contraloría General de la República y que solo esa institución tiene la facultad para destituir a los funcionarios, que fueron alejados de sus cargos en agosto del 2021, pero han seguido recibiendo regularmente su remuneración. Consultado al respecto, Contraloría explicó la situación señalando que «tanto el Estatuto Administrativo como el Estatuto Municipal asumen la presunción de inocencia de la investigada, por lo cual, la funcionaria recibe su remuneración”. Los imputados van a cumplir 21 meses sin ejercer su cargo. 

Hace pocos días se informó por la prensa que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura le solicitó al Presidente Boric una cierta flexibilización para legalizar, aunque fuera temporalmente, a migrantes que resultan ser indispensables para la producción agrícola. Entiendo que hace algún tiempo algo similar solicitaron las empresas constructoras, ante la escasez de mano de obra especializada en el rubro. Entonces, lo que debemos hacer es diferenciar radicalmente la política migratoria de la política de seguridad ciudadana. Sin embargo, lo que dice el Presidente es justo. Necesitamos saber quiénes son los que habitan en nuestro país. La mejor manera de saberlo realmente es legalizándolos, no solo empadronándolos, atendiendo a su comportamiento ciudadano antes de llegar a Chile y durante su estancia en nuestro país, incorporándolos, de paso, a la indispensable formalidad. 

Pareciera razonable que Gobierno y Congreso se conectaran más intensamente con los municipios de Chile por medio de sus diversas asociaciones nacionales, regionales e intercomunales y, desde ahí, tener un insumo asertivo para el diseño, ejecución y evaluación de la política pública en comento, mediada, siempre, por la escala regional (gobiernos regionales), en tanto entregan recursos y recomendaciones para concretar acciones ciudadanas y municipales, en un tema que también tiene aristas que se deben abordar a dicha escala. 

Sabemos que no basta solo con reconocer la democracia representativa como el modelo de gobernanza. En efecto, en Chile la actual Constitución señala en términos absolutos que “Chile es una República democrática”. Lo angular de estos términos es también reconocido en el actual proceso constitucional, al establecer como la primera de las bases del proceso el que “Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo”. Por lo tanto, el desafío no está en los términos, sino en recoger y garantizar el pleno goce del derecho a la participación en la toma de decisiones y en los asuntos públicos que nos atañen como ciudadanía de un modo efectivo. 

La eficacia en prevención y en la persecución penal no deriva solo de un marco legal claro, que por cierto es indispensable, sino de una capacidad operativa policial y de una investigación penal acuciosa y rápida. Para esto, se debe mejorar radicalmente la capacitación de las policías y desarrollar una coordinación interinstitucional entre los distintos órganos del Estado con tareas de base para la Seguridad, como el Registro Civil, el sistema carcelario, el Ministerio Público, el conjunto de servicios de inteligencia policiales y militares, y el Poder Judicial. Y ayudaría mucho una acción gubernamental coherente en desarrollo urbano y seguridad vial, así como la existencia de una infraestructura robusta de información y base de datos. 

A la espera de la presentación de la Política Nacional del Litio, ambas carteras ministeriales han mantenido en los últimos meses diversas reuniones con empresas y lobbistas para discutir el futuro del mineral clave para la electromovilidad. Entre estas se encuentran la estadounidense Albemarle, que junto con SQM son los mayores productores de litio en el país; la china CATL, el mayor productor de baterías de litio del mundo; Mangrove Lithium, una «startup» canadiense que ha recibido una cuantiosa inversión de parte de Bill Gates; y Tianqi Lithium Energy Australia, entre otras. Estas compañías han manifestado su interés en alcanzar una alianza estratégica con el Gobierno de Chile en el desarrollo de la nueva política del litio. También se han presentado proyectos de explotación en distintos salares, lo que ha generado un gran interés en el sector. 

Fue por unanimidad, aunque con condiciones. De esta manera el Comité de Ministros le dio el vamos al proyecto, pese a haber sido calificado como desfavorable por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (Coeva). Anglo American sostuvo que el proyecto fue diseñado para no afectar glaciares ni áreas protegidas, y no adicionar agua fresca al proceso, y que contempla robustas medidas que ayudarán a descontaminar el aire de la Región Metropolitana. Diversas agrupaciones medioambientales criticaron la decisión. La ONG FIMA anunció que recurrirá a través de un recurso de reclamación ante tribunales ambientales. 

El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, declaró ante la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, a raíz de la investigación por delitos de lesa humanidad y responsabilidad del alto mando de Carabineros registrados durante el estallido social de 2019. En ese sentido, en cuanto a quienes provocaron los desmanes, Iturriaga aseguró que «nosotros suponíamos una organización detrás de esto, pero no teníamos evidencia, no teníamos inteligencia concreta».