Categoría: Nacional

Diversos indicadores dan cuenta de que, como órgano encargado de la investigación de los delitos y la protección de las víctimas y testigos, la Fiscalía no está logrando sus objetivos con efectividad. En efecto, en el 2022 la proporción de imputados desconocidos alcanzó el 59%, el 56% de los casos fueron archivados, la tasa de judicialización bajó a un 33%, y los tiempos de tramitación (en días) de las salidas judiciales y no judiciales aumentaron en un 166% y 118% desde el 2012, respectivamente. Si analizamos estas cifras por tipo de delito, el escenario es aún más desolador, sobre todo con respecto a los homicidios y robos. 

Si bien los chilenos pueden voluntariamente postergar su jubilación, beneficiándose con un aumento en su pensión, los datos del mercado laboral muestran que el porcentaje de la población con empleo formal cae considerablemente a partir de la edad legal de retiro. ¿Qué nos indica esto? Que el verdadero desafío para Chile es postergar gradualmente la edad de jubilación, junto a medidas a nivel de empresas y de política pública que faciliten e incentiven la participación de los adultos mayores en el mercado laboral formal. 

En la Comisión de Expertos, no me cabe duda de que tienen la mejor disposición de escuchar las “sensibilidades regionales”, pero más allá de que quienes componen ese espacio sean o no de regiones, lo cierto y más relevante es que ninguno(as) de ellos(as) ha desarrollado investigación académica o experticia política en materias de descentralización o estudios territoriales. Esta última es una realidad innegable y objetiva, más allá de la ternura o el cariño que expresen a los temas regionales. 

En medio del frenesí legislativo tras la muerte de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) manifestó su preocupación a raíz de la recién aprobada Ley Naín-Retamal en la Cámara de Diputados. La directora del organismo, Consuelo Contreras, aseguró que «lo que se hace en la práctica es juzgar de antemano la calidad de delincuentes de sus posibles víctimas algo que sólo pueden establecer los tribunales de justicia. ¿Habían cometido un delito Camilo Catrillanca y Fabiola Campillai, o eran víctimas? Parece que en la nueva normativa propuesta ellos, así como sus derechos humanos, no poseen relevancia». «La delincuencia debe ser enfrentada desde la democracia y el resguardo de los derechos humanos de todos», adicionó.  

El arquitecto y urbanista, Iván Poduje, estuvo este jueves en el programa «Al Pan-Pan» de El Mostrador Radio, donde abordó los altos números que alcanzó la evasión en el sistema de transporte en la región Metropolitana (RED, exTransantiago) arrojando un 44%, segunda cifra más alta desde que se tienen registros. Al respecto, el profesional señaló lo grave que esto significa: «Te gastas un hospital regional en evasión y lo pagan todos los chilenas y chilenos». Asimismo, acusa una falta de ética y moral como los grandes causantes de los niveles de evasión. «La comprobación más clara es que en regiones en donde el ingreso es igual o menor, la evasión es de un 3 o 4%. Yo creo que es un tema cultural que se instaló y validó políticamente, y que básicamente no hay ningún incentivo para fiscalizar».  

El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que el proyecto «dispone de la legítima defensa privilegiada en el Código Penal y eso tiene varios problemas». Uno de esos problemas, dijo el secretario de Estado, es que «omite que Carabineros tiene reglas específicas de uso de la fuerza, incluido la legítima defensa, en un lugar distinto que es el Código de Justicia Militar”. Según el secretario de Estado, «este tipo de situaciones tiene que estar amparadas en las reglas de uso de la fuerza». El proyecto permite a policías usar su arma para repeler ciertas acciones, en casos donde peligre su integridad física, su vida o la de otras personas. Así, establece para ellos la legítima defensa privilegiada considerando hipótesis objetivas. 

También en esta edición de El Semanal Exprés: el lobby reservado de los chinos ante el ministro Marcel; el seminario de BTG en que el optimismo del ministro de Hacienda contrastó con el gatopardismo de la elite. Además, a casi dos años de amenazar con irse, la minera Lundin vuelve a apostar a Chile y con casi mil millones de dólares; Jaime de la Barra, de Compass, nos comparte su análisis del actual escenario político y económico en Chile; y Colbún sufre un revés en la Región de O´Higgins. 

Una encuesta de 2022 de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) indicaba que cerca del 80% de los chilenos estaba de acuerdo con que guardias municipales usaran armas de fuego, lumas, cascos, gas pimienta y otros artículos de protección. La idea de contar con guardias municipales armados quedó descartada el martes, en la reunión que sostuvieron tres asociaciones municipales con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La pretensión de armar al personal municipal partió con fuerza cuando comenzó la discusión de los proyectos de ley de la mesa de seguridad, pero fue perdiendo apoyo en los últimos meses. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, no tiene duda alguna al respecto: “Quiero ser muy claro, como Gobierno no vamos a avanzar en que el personal municipal esté armado. No somos partidarios de tener una policía municipal. La evidencia muestra que ha sido un error en otros países y ese error no lo replicaremos». El Gobierno y los alcaldes coincidieron en la importancia de robustecer el rol preventivo de los municipios. 

El aspecto más sustancial de toda esta discusión se encuentra en un espacio que media entre la irrelevancia, la posibilidad de excesos o de efectos derechamente contraproducentes. El proyecto Naín-Retamal introduce una regla de “legítima defensa privilegiada” para el uso de fuerza letal por las policías en tres clases de situaciones: ante agresiones con armas (blancas), ante agresiones físicas por dos o más individuos con riesgo de causar lesiones graves, y para impedir la perpetración de delitos graves. En su orientación, parece no apuntar a nada que no sea lo que sus autores llaman “sentido común”. En estos casos, si el uso del arma de fuego resulta necesario –y muy probablemente lo sea–, es razonable que sea lícito. Pero el proyecto lo hace por una vía que, en el derecho chileno, solo genera confusión. El comportamiento político actual no deja muchas esperanzas de sensatez. Pero tal vez haya algo todavía en el Senado y prefiera producir reglas claras. 

Durante este 30 de marzo y hasta el 1 de abril, se desarrollará el primer encuentro de la Internacional Feminista, espacio que reúne a distintas representantes políticas y sociales que se reconocen como feministas. Mediante esta instancia, las más de 200 delegadas que se reunirán en Ciudad de México buscan delinear la hoja de ruta de la organización. En conversación con El Mostrador Braga, la diputada y cofundadora de la instancia, Karol Cariola, indica que, luego de esta fecha, el objetivo es intercambiar entre países medidas e ideas concretas para avanzar en la formación de gobiernos, políticas públicas y sociedades con perspectiva de género. «La Internacional Feminista es un espacio que esperamos proyectar con la fuerza que tiene un espacio de coordinación de mujeres feministas por sí mismo. Pero, sobre todo, poder contribuir a que los países tengan procesos de democratización mucho más concretos y efectivos».