Para abordar el proceso constituyente y la discusión sobre seguridad pública, Fran Castillo conversó con Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y profesora de derecho constitucional, y Jorge Contesse, abogado constitucionalista y doctor en derecho. En un nuevo capítulo de La Semana Política, los académicos valoraron la inclusión en el anteproyecto de la nueva Constitución, elaborado por la Comisión Experta, de la exigencia a los parlamentarios electos de que sus partidos políticos obtengan el 5% de votación a nivel nacional, medida que, según la profesora Henríquez, «va en la línea de la gobernabilidad más que en la de representación», mientras que para el abogado Jorge Contesse, la llamada «norma anti díscolos», que señala que «cesará en sus funciones el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura», apunta en la dirección correcta. El proceso constituyente sigue su curso y para los académicos es vital que dicha discusión no se cruce con la agenda de seguridad. «En el momento en que el proceso constituyente actual sea permeable a las demandas que se hacen en el contexto de la discusión pública sobre seguridad, creo que va a ser alarmante». Según Contesse, la discusión pública que estamos teniendo hoy en Chile, en materia de seguridad, «si se llega a constitucionalizar, va a ser un problema severo». Por tanto, coincidió con Henríquez, «si logramos tener un cortafuego respecto de la discusión constituyente, va a ser positivo». Por su parte, la decana de derecho de la UAH, puso el foco en que en el proceso anterior «tuvimos una situación donde se planteaba la plurinacionalidad, casi 50 disposiciones en materia de género, y en los derechos de la naturaleza una regulación muy detallada». Pero, ahora, concluyó, «pasamos a una propuesta donde en esos temas hay alguna regulación o prácticamente ninguna».
