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El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, emitió esas declaraciones en la mesa fúnebre del carabinero Daniel Palma, asesinado en medio de un control policial. Yáñez también anunció el ascenso póstumo de Palma, de cabo primero a suboficial mayor e indicó que la Cuarta Comisaría de Santiago se llamará Cuarta Comisaría Suboficial Mayor Daniel Palma Yáñez. A su vez, leyó una carta enviada por el presidente del partido en formación Amarillos por Chile, Cristián Warnken, dedicada a Carabineros. 

Además en esta edición: la columna de Mario Vargas Llosa sobre el fallecido escritor chileno Jorge Edwards, los daños genéticos que provoca la contaminación ambiental y los 80 años de El Principito. 

«El dato más relevante para explicar la actual crisis de inseguridad es el veloz aumento de homicidios con imputado desconocido», dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero. «Entre 2005 y 2013, el 70% de los homicidios ocurridos en Chile tenían un imputado conocido, es decir, se identificaba y castigaba al autor. Hoy, con los datos de 2022, la situación -especialmente en la Región Metropolitana-, es completamente a la inversa: siete de 10 homicidios hoy no cuentan con un imputado», detalló el secretario de Estado. Consultado por su propuesta para resolver esta problemática, Cordero respondió que «los problemas de seguridad se resuelven reduciendo la impunidad y teniendo un sistema de justicia penal eficaz, que supone la combinación de distintas instituciones». 

Según antecedentes recogidos por las autoridades, el mismo auto del cual le habrían disparado al cabo Daniel Palma Yáñez el pasado miércoles estuvo involucrado en un asalto con violencia en la comuna de Vitacura el 28 de marzo, es decir ocho días antes del asesinato. La alcaldesa, Camila Merino conversó con El Mostrador respecto a la información que deberían tener los municipios y Carabineros para poder evitar delitos. «Si nosotros estuviéramos en línea con todos los municipios con todas las áreas de seguridad y Carabineros en línea de los autos que participan en delitos violentos o que han sido robados o que han participado en un delito violento podríamos reaccionar mucho más rápido y atraparlos en flagrancia», expresa la alcaldesa. 

Dos años después del homicidio del cabo de Carabineros Eugenio Naín, una ley lleva su nombre. En cosa de semanas su nombre ha sido citado y repetido innumerables veces. Nunca había estado tan presente su caso desde que cayó muerto, a los 24 años, en La Araucanía, cuando participaba de un procedimiento por un corte de ruta. Su caso judicial ha tomado otro camino. Su viuda Dahianna Pereira confiesa sentir «rabia, impotencia y con ganas de hacer justicia con mis propias manos», esto porque a dos años del homicidio dos de los tres involucrados en el crimen siguen prófugos. 

Perder ganando, es decir, mantener y defender los contenidos esenciales de su programa de gobierno, asumiendo el costo de un mal balance legislativo, le permitiría, de cara a la ciudadanía, mostrar coherencia con su identidad política y, a su vez, contribuir en proporcionar mayor claridad sobre las opciones, implicancias y diferencias que subyacen entre la centroizquierda e izquierda y la derecha chilena. Lo cual, por lo demás, es propio y natural al juego democrático. 

En el caso de Chile, con las normativas actual y futura, el país se posiciona como un candidato para transformarse en un vertedero internacional y facilitar el auge de un negocio que tiene innombrables aspectos negativos y, como lo hemos subrayado, puede tener nexo con el narcotráfico. La importación de productos como el ácido sulfúrico, a través de baterías de plomo, aumenta el riesgo de que ello sea utilizado para la producción de cocaína y drogas derivadas de ella por su uso como precursores. 

En el mundo privado este concepto y su significado están en el ADN de cada trabajadora y trabajador que sabe que su remuneración, su carrera, su emprendimiento o empresa y las proyecciones que tenga dependen principalmente de que haga su trabajo de la única forma posible: bien hecho. Sin embargo, en el sector público, cuyo trabajo muchas veces no es reconocido de manera justa, se producen y mantienen brechas e ineficiencias por largos períodos. Entonces, resulta positivo que Chile en su Constitución, así como España y Colombia, incorpore este principio de eficiencia en el actuar de los órganos del Estado, para que se mida y evalúe si un trabajo o un programa específico del sector público es eficaz y reaccionar en consecuencia. 

Países de Europa y América Latina han despejado trabas para incorporar mecanismos como el compliance público a través de la atribución de la responsabilidad penal a las personas jurídicas. Italia, España, Argentina y Paraguay han mostrado sendos avances en este sentido desde principios de los 2000. En Chile, este marco legal es regulado por la Ley 20.393, que en sus comienzos podía responsabilizar a las personas jurídicas en un número muy reducido de casos, pero se ha ido expandiendo considerablemente. Actualmente se tramita un proyecto de ley que podría incluir todos los delitos económicos dentro de este régimen jurídico. 

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, sostuvo que tras el encuentro fijaron medidas «que tienen que ver con la forma de notificar respecto a sus funciones administrativas, normas de usurpación, normas de delitos económicos, cambios en las libertades provisionales para los residentes. Una agenda que es muy importante para devolver la seguridad». En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic señaló que «el objetivo es llegar a un acuerdo de cómo se comienzan y cómo termina la agenda legislativa. Hay muchos proyectos de ley y tenemos que definir cuáles serán los más importantes, y eso es lo que estamos haciendo».