Uno de los argumentos más utilizados por quienes impulsan la llamada “agenda de seguridad”, en la que se incluye el proyecto de ley Naín-Retamal o la “legítima defensa privilegiada”, es la supuesta necesidad de adoptar medidas efectivas en materia de seguridad pública y para la actuación de Carabineros en el combate a la delincuencia. No es posible distinguir claramente los aspectos concretos de dicha agenda y del proyecto de ley Naín-Retamal de aquellos elementos que son meramente discursivos, simbólicos y, por lo mismo, ineficaces. Es paradójico que algunos legisladores, quienes deberían asegurarle al país que su trabajo –crear leyes y normas– es la forma civilizada para combatir la delincuencia, en el fondo nos digan que las leyes son inútiles y que se necesita poder de fuego en las calles.
