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Uno de los impulsores del acuerdo político que abre paso al nuevo proceso constituyente, el diputado Raúl Soto (PPD), sale al paso de las críticas y cuestionamientos en torno al proyecto aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados este miércoles, y asegura que la nueva Carta Magna «no va a ser un programa de Gobierno ni un proyecto de un determinado sector político, sino que va a ser más bien un marco de acción constitucional sobre el cual se pueden desarrollar todos los proyectos políticos en un contexto democrático». Por otra parte, el parlamentario se refirió a la necesidad de un cambio de dirección en la marcha del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, advirtiendo que se debe revisar «ministerio por ministerio» para detectar los errores cometidos durante el año pasado, y corregirlos a la brevedad. 

Parientes prehistóricos de las aves actuales, un grupo extinto de dinosaurios aviares, enigmáticos dinosaurios emplumados y megarraptóridos que podrían haber alcanzado una longitud de hasta 10 metros, integran el registro fósil de terópodos descrito en un reciente estudio publicado por la revista especializada Journal of South American Earth Sciences. El trabajo, encabezado por investigadores de la Universidad de Texas, la Universidad de Chile y del Instituto Antártico Chileno (INACH), representa el registro fósil más austral de este tipo de dinosaurios fuera de la Antártica y aporta información clave sobre la diversidad de la fauna que habitó la Patagonia hacia el fin de la Era de los Dinosaurios. 

Explorando en el balance de estos resultados, aparece una brecha crucial en materia de las políticas de Estado –y no solo de este gobierno– en materia ambiental: si bien nuestra estructura formal, compuesta por leyes, planes y tratados, es reconocida a nivel internacional, no es percibida del mismo modo a nivel de ciudadanía. Es decir, los gobiernos aparecen en deuda con el tramo final de sus políticas ambientales: su aplicación. 

Pese a que su evolución no está exenta de corsi e ricorsi, las izquierdas latinoamericanas hoy apelan más al pragmatismo que sus antecesoras y, más que cuestionar las bases del orden capitalista, parecen cuestionar los distintos matices del legado «neoliberal» de estos años, pero sin delinear una propuesta alternativa nítida y factible. 

Una Constitución se concibe, ante todo, como un punto de encuentro, el espacio normativo donde convivimos con libertad, dignidad e igualdad, y la norma que regula lo que nos une y no nos separa. No existen ni caben, pues, constitucionalismos de tal o cual tendencia ideológica porque, por definición, la Constitución es de todos. Fuera del ámbito constitucional, empiezan las legítimas diferencias políticas y las opciones partidistas que serán reflejadas en el contenido de las leyes aprobadas por los Parlamentos. 

Un grupo de diputados se reunió con la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, para entregarle una carta firmada por 45 parlamentarios para «revisar en detalle» los antecedentes del proyecto Dominga. Tras el encuentro, el diputado Manouchehri fue enfatizo y apuntó que «Dominga es muerte y corrupción. Creemos que es un proyecto nefasto, tiene efectos destructivos y de ecocidio en un lugar sagrado para la naturaleza. Si el Gobierno aprueba Dominga se muere el alma del Gobierno». En la misma línea, Daniella Cicardini declaró que «una vez más alzando la voz para pedirle a nuestro Gobierno que le diga fuerte y claro, y de manera definitiva, no a Dominga. Este es un proyecto terriblemente nefasto porque va a generar una afectación irreversible».  

En esta edición de El Semanal Exprés: el complejo escenario que enfrenta el proyecto del Gobierno y por qué se le desordenó la agenda al equipo de Hacienda. Además, el litio, el cobre y las energías verdes podrían salvarle el año a la economía chilena;  Saieh finalmente habría vendido su departamento en Londres y sus acreedores se frotan las manos; el premio a un banquero que hace ruido en los pasillos de Sanhattan; y los temores del mercado acerca de la alianza VTR/Claro 

«Yo creo que están en su derecho de ejercer la acciones que estimen políticamente y jurídicamente, pero lo que no me parece es que se caiga en un chantaje al Gobierno», dijo la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, en conversación con El Mostrador en La Clave. En esa línea, sostuvo que «el respeto a la institucionalidad es de lado y lado. Se le exige al Presidente que respete a la institucionalidad, yo creo que también tenemos que exigirle a los senadores que lo hagan». Recordemos que tras los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric, la oposición se bajó de la mesa de seguridad del Ejecutivo y presentó una acusación constitucional contra la ahora exministra de Justicia, Marcela Ríos. Diputados de Chile Vamos también propusieron una comisión investigadora sobre los indultos. 

Pese a que El Mostrador develó oportunamente un consolidado vínculo entre el nuevo Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y el cuestionado exalcalde Felipe Guevara, lo que paradójicamente fue negado por Valencia ante el Senado. «No conozco a don Luis Felipe Guevara Stephens; no soy su abogado, no he tenido causas que este me haya encargado o me haya delegado o designado», sostuvo ante la Cámara Alta. Sin embargo, una nota de hoy de Ciper Chile revela nuevos antecedentes: Ángel Valencia aparece en las planillas del personal municipal de Lo Barnechea con 57 pagos que recibió de la municipalidad que dirigía Guevara, hasta 2019, cuestión autorizada expresamente por el Concejo Municipal, que presidió Guevara. Pero el vínculo no termina ahí. Según la publicación, cuando el exalcalde Guevara arribó a la Intendencia de Santiago para el estallido social, con él también llegó Valencia. 

El abogado, exsubsecretario general de Gobierno y secretario general de la U. Central sostiene que, ante la polémica sobre la legitimidad de los indultos otorgados por el Presidente Boric, no será la «Corte Suprema, ni una comisión investigadora, ni una acusación constitucional, ni el Tribunal Constitucional quien va a solucionar este asunto. El destino de los indultos está en la mesa del contralor». Según Carabantes, el contralor Jorge Bermúdez tiene dos caminos: «O declarar la legalidad de todo lo obrado en materia de indultos, o declarar la ilegalidad del decreto supremo fundado por el cual se concedieron los indultos. Ocurrido esto último, podría exigir al Ministerio de Justicia que inicie un procedimiento invalidatorio de estos decretos».