Un real y profundo cambio cultural es de larga data; sería ingenuo pensar que aquellas conductas negativas se modificarán de un día a otro, sin embargo, señales iniciales que anuncien políticas en dicho sentido podrían crear conciencia en la ciudadanía de la necesidad y urgencia del cambio, si se aspira a una sociedad integrada en torno a objetivos comunes. De lo que se trata, como simple y modesto punto de partida, es de la implementación de programas, planes o campañas formativas respecto a conceptos neurálgicos y complementarios susceptibles de generar consensos, como son los de “bien común y buen vivir”, como un puente capaz de unir dos visiones trascendentales contenidas en la Constitución vigente y en la derrotada propuesta constitucional. 

La experiencia anterior debe servir como antecedente para no caer nuevamente en los errores cometidos, pues estos lograron opacar los puntos buenos logrados por el Gobierno, como: los intentos de hacer parte, a la ciudadanía, del proceso de revisión y crítica del documento, la provisión de copias de la propuesta y guías prácticas a la población, así como avisos en medios de comunicación promoviendo la participación en las votaciones. 

Tambalea, porque se habría disparado significativamente el costo de las obras para el recinto, que se ubicaría en un paño concedido en comodato por el Minvu al Comité Olímpico de Chile. Invitada al Congreso para exponer sobre estas materias, la ministra Alexandra Benado aseguró que las obras avanzan según los tiempos establecidos y se comprometió a que el costo final para el fisco no excederá los US$ 550 millones. La diputada Érika Olivera (RN) declaró que “la ministra nos aseguró que los atrasos no afectarán el desarrollo del evento y que el aumento en el presupuesto original no superará el 10%. De todas formas nosotros seguimos atentos y atentas, porque asistí a los Juegos de Lima, que fueron maravillosos, pero que al país sede le constaron US$ 1.200 millones, teniendo un presupuesto inicial de US$ 450 millones. No es lo que queremos para Chile”, señaló. El diputado Andrés Celis, en tanto, apoyó a la ministra Benado. “Yo no creo que ella esté haciendo algo malo. No la culpo a ella ni al Gobierno del Presidente Boric, porque estos problemas vienen del Gobierno de Sebastián Piñera, que era mi Gobierno. Yo dudo de la estructura, porque en todos los torneos internacionales, de cualquier tipo, se pierde mucha plata”, sostuvo Celis. 

Cabrera fue el invitado a La Mesa de El Mostrador de esta semana y es uno de los autores del ESG Board Readiness Index Chile, el primer estudio que busca entender el grado de preparación de los directorios para adoptar políticas, prácticas y metas en materia social, de transparencia, gobernanza y medioambiental (ESG, por sus siglas en inglés). Las conclusiones son lapidarias: solamente el 24% de los directorios chilenos reconoce considerar factores ESG en sus decisiones estratégicas y solo 1 de cada 10 revisa regularmente sus avances y objetivos en sus reuniones mensuales. «A las empresas chilenas les falta bastante para entender y adecuarse a las normas ESG. Actualmente están reaccionando a la presión de los reguladores, inversores y accionistas, pero no por convicción», explica Cabrera. 

En un nuevo episodio de La Semana Política, el analista político Tomás Duval; y el académico de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, Gustavo Poblete, se refirieron al escenario en el que se encuentra Chile Vamos tras el plebiscito de salida que le otorgó un amplio triunfo al Rechazo. Esto porque si bien los partidos más moderados de la coalición opositora, como la UDI, RN y Evópoli, se comprometieron a continuar con el proceso constituyente, otras voces que fueron aliadas suyas durante la pasada campaña presidencial, como el Partido Republicano, han advertido que no quieren una nueva Constitución. Esto hace que la ciudadanía dude de que si van a cumplir efectivamente lo acordado, como reveló la última encuesta Data Influye. Al respecto, Duval sostuvo que que la extrema derecha es un «problema» para las otras derechas del mundo, de modo que “Chile Vamos debió haber puesto un cerco ideológico con ellos en la segunda vuelta presidencial.” Poblete, por su parte, añadió que hay que «identificar bien cuáles son los niveles de discurso que está teniendo Chile Vamos, que no es uno solo. 

El senador de la Democracia Cristiana, Matías Walker pidió calma a los distintos actores que serán parte de este segundo tiempo constituyente, en especial a Chile Vamos y al Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Calma que será fundamental, a su juicio, para lograr los acuerdos que terminen en una Nueva Constitución. Por eso, pidió que se evitara «sobre reaccionar». «Yo creo que hay que sentarse a la mesa con mucha humildad, con apertura al diálogo, a los acuerdos. Hay un objetivo mayor. El país requiere certezas respecto al proceso constituyente, pero también es importante hacer las cosas bien, no volver a cometer los mismos errores», explicó. Entre esos errores, Walker destacó la gran cantidad de escaños reservados en la pasada Convención Constitucional, ya que si bien no está en contra de su representación, tiene que ir de la mano «con el padrón de pueblos originarios». 

Los senadores PS Juan Luis Castro y Gastón Saavedra calificaron como «una prueba de fuego» y un «proyecto de carácter controversial que tensiona las fuerzas políticas» a la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), que volvió a la palestra esta semana tras casi tres años en pausa -estallido social, pandemia y proyecto constitucional en medio- luego de que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric manifestara su apertura para volver a ponerlo en tabla, esta vez en el Senado. El problema para el oficialismo es que cuando eran oposición, estuvieron en contra del tratado, lo que ahora que son oficialismo, genera tensiones dentro de las coaliciones del Ejecutivo. 

El abogado constitucionalista Javier Couso habló con El Mostrador en La Clave sobre la idea de algunos sectores de la derecha respecto a que una comisión de expertos esté encargada de redactar una nueva Constitución. «Hace décadas que en democracias constitucionales occidentales no se utiliza el mecanismo de expertos como redactores de una Constitución. Es muy difícil hoy por hoy», sostuvo el académico de la Universidad Diego Portales. En esa línea, indicó que «puede que sea temporalmente por la mala imagen que dejó la Convención actual, sea algo que parezca atractivo, pero a la vuelta de la esquina la gente va a empezar a cuestionar por qué estos expertos deciden cosas cuando entre ellos están divididos por una mayoría». Asimismo, apuntó que la comisión de expertos es «buena idea», pero limitándose a asesorar a los representantes de la ciudadanía. 

La comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado aprobó en general el proyecto que busca declarar la nulidad de la Ley de Pesca. La medida fue visada con tres votos a favor, de los senadores Daniel Núñez (PC), Jorge Soria (PS) y Fidel Espinoza (PS) y dos en contra, de Iván Moreira (UDI) y Alejandro Kusanovic (Ind-RN).  Para el presidente de la instancia, Daniel Núñez, «esto es un hecho fundamental que limpia la imagen del Congreso, del Senado, frente al poder corruptor». «Espero que la comisión de Constitución la tramite en forma rápida y que podamos tener esta votación en la sala del Senado lo antes posible, porque Chile necesita transparencia, necesita señales claras contra la corrupción, necesita saber que el poder del dinero ha sido desterrado del Parlamento y este proyecto de ley de anulación reivindica a la política, al Congreso, y en ese sentido es un gran avance», complementó [ACTUALIZADA].