El TPP-11 no es más que asegurarse de que sea lo que sea la naturaleza de cualquier gobierno futuro; sea lo que sea la voluntad de la mayoría de los chilenos y chilenas; sea lo que sea lo que diga algún nuevo programa de gobierno en materias económicas y de medioambiente; sea lo que sea la voluntad que tenga un futuro gobierno (a diferencia del actual) de implementar su programa, cualquier medida, de cualquier tipo o naturaleza, por lógica, urgente, necesaria o democrática que sea, si llegase a afectar la rentabilidad de algún conglomerado internacional o chileno ‘internacionalizado’, éstos van a tener el derecho a compensación. De eso se trata. Lo demás es cuento.  

Sería muy riesgoso para la estabilidad política del país que un sector, en este caso la derecha o quienes desde el centro apoyaron la opción Rechazo, se sintieran triunfadores absolutos de este ciclo político, tal como lo hizo la izquierda después del plebiscito de entrada y la elección de la Convención Constituyente. Porque en un marco de tanta volatilidad la situación puede volver a cambiar en forma igualmente rápida y drástica en el otro sentido. 

En un Chile fluctuante en términos políticos y desconfiado en términos sociales e institucionales, es de vital importancia que el nuevo pacto social sea producto de un proceso deliberativo donde haya participación del electorado y cuyo resultado sea sentido como emanado de la sociedad civil. Si ese es el caso, también se podría reparar en parte terribles heridas del pasado, cuyo ejemplo hecho carne es el relato de una constitución que es sentida como impuesta en dictadura. También se extirparía de antemano el tumor de la sospecha que traería un órgano constituyente no electo. Esto es  de vital importancia, por que si no fuera ese el caso, la sospecha haría metástasis como el cáncer en la nueva constitución, sin importar que tan virtuoso sea el texto, de modo que en el caso de ser aprobado, es posible que se le atribuya futuros problemas.  

Después de la precipitada caída de la ex asesora de la Presidencia, Lucía Dammert, y ante la publicación de un artículo que relacionaba directamente a la socióloga con el ex zar antidrogas, Genaro García Luna, actualmente preso e investigado por la Fiscalía de Nueva York por sus vínculos con el temido Cartel de narcotráfico de Sinaloa, La Moneda guardó un celoso silencio que no ha hecho más que confirmar tácitamente la efectividad de tales vínculos. Este silencio contrastó con el rápido desmentido que hizo la Cancillería de otra de las aseveraciones del medio Interferencia, en el que se sostenía que la embajadora en la ONU, Paula Narváez, había alertado a la Canciller Antonia Urrejola, sobre el grave problema que enfrentaba Dammert. A la salida del comité político, el Gobierno estuvo ausente dejando a los presidentes de partido del socialismo democrático en calidad de voceros. Sin entrar en detalles se remitieron a decir que la ex asesora ya había desmentido la información a través de sus redes personales. Efectivamente, Dammert sostuvo que nunca había sido asesora del ex secretario de Seguridad del Gobierno de México. Una aseveración totalmente contradictoria con lo sostenido por ella misma y por años, en su propio currículum de Linkedin, donde señala haber sido asesora senior de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de México, precisamente en los años de gloria de Genaro García Luna. 

El abogado penalista, una de las voces más influyentes de la comunidad judía en nuestro país, deploró la negativa del Presidente Boric a recibir en La Moneda al nuevo representante de la legación israelí en protesta por la muerte de un niño en Gaza producto de una acción militar. Zaliasnik calificó el hecho de «insulto», y «un hecho inédito no sólo en relaciones bilaterales de Chile con Israel o inédito en la historia de la diplomacia chilena, sino que me parece que es un caso inédito en el mundo», uno que, para colmo de males, constituye una afrenta para el pueblo de Israel y la comunidad residente en Chile. 

El expresidente Sebastián Piñera transparentó ayer que votó Rechazo y criticó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, apuntando que se «dedico demasiado» a la campaña por el plebiscito y «descuidó las preocupaciones de la gente». Sobre los dichos de Piñera, el Presidente Boric manifestó: «lamento que un expresidente se esconda durante todos los meses de campaña y dé su visión respecto a la opción del plebiscito solamente después de terminado este». Respecto a las críticas a su administración, el Mandatario dijo que «es legítimo que (Piñera) tenga una visión crítica de nuestro Gobierno, tal como nosotros tenemos una visión muy crítica del suyo». Más temprano, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también respondió a los cuestionamientos del ex jefe de Estado en materia de seguridad. Monsalve señaló que la administración Piñera no construyó una política nacional contra el crimen organizado. 

Cómo quedó la reforma tributaria luego de los anuncios de Mario Marcel y que hay detrás de los cambios. También en esta edición Fiestas Patrias de El Semanal Exprés: las AFP siguen reenamorándose de la bolsa chilena; Europa apunta al bolsillo de las petroleras para financiar el impacto de la crisis energética en los bolsillos de sus ciudadanos; Vapores aumenta su peso en las utilidades del Grupo Luksic y es por lejos el negocio más rentable de la familia; y el análisis político de Larrain Vial. 

Si bien, llegada del exjefe de la Subdere(RD) Miguel Crispi al segundo piso de La Moneda, primeramente en reemplazo de Diego Pardow, quien asumió la cartera de Energía en el cambio de gabinete, y ahora como jefe del segundo piso, fue entendida como la causa de la salida de Dammert, ya que una de sus misiones sería revisar los «flujos» que emanan de esta oficina y así operar con lógicas más eficientes. Según fuentes cercanas al segundo piso, la salida forzada de la ex jefa de asesores no tendría tanto que ver con Crispi sino más bien con las desavenencias profundas con el círculo de hierro del Presidente. El principal problema lo tendría con Matías Meza Lopehandía y el grupo de amigos del Presidente. Meza Lopehandía es militante de Convergencia Social, y forma parte del grupo de amigos personales del Presidente desde que fue presidente de la FECh en 2012,  y actúa como uno de sus asesores políticos permanentes. 

El debate sobre la continuidad del proceso constituyente vive al interior de Chile Vamos un momento crucial. La idea de un consejo mixto, integrado por convencionales y expertos, todos con derecho a voto –y los segundos elegidos según representación parlamentaria–, empieza a tomar fuerza al interior de la coalición. Sin embargo, todavía hay amplias divisiones en cuanto a si los expertos deben ser nombrados por el Congreso, votados por la ciudadanía o si deben ser exautoridades. Hay acuerdo en que un comité establezca ciertos “bordes” antes de que comience el proceso constituyente, y de estos puntos dependería que el grupo de expertos tenga –o no– voto durante dicho proceso. El Partido Republicano ha decidido restarse de este espacio de diálogo. Consideran que Francisco Chahuán, Javier Macaya y Luz Poblete están presos de su compromiso previo al Rechazo, lo cual podría complicar la relación con sus bases militantes, eventualmente en contra de concebir una nueva Convención.