En conversación con El Mostrador en La Clave, el diputado de Evópoli Francisco Undurraga, abordó las declaraciones del presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto, quién apuntó que el plebiscito de entrada «es algo que por cierto no hay que descartar bajo ningún punto de vista. Es una posibilidad que hay que dejar abierta». En ese sentido, el parlamentario de oposición manifestó que «el presidente Soto la última semana presenta el plebiscito de entrada como si fuera una amenaza: ‘o se ponen de acuerdo o vamos a plebiscito'». «Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo, nuestro deber es ponernos de acuerdo. La verdad es que hemos tenido muchos más acuerdos que desacuerdos durante todo este proceso. Hemos dialogado en forma respetuosa, franca, firme, y ya tenemos bases constitucionales consensuadas y ahora nos vamos a poner de acuerdo en quién conformará el órgano y cómo se escribirá esta propuesta constitucional», complementó. 

Por primera vez en la historia una mujer estará al mando de Icare, la organización empresarial que en muchos sentidos tiene más influencia y poder que la CPC y la Sofofa. La decisión ya está tomada y tiene el visado de Manuel Vargas, el respetado poder en las sombras de la organización. El nombre elegido es Karen Thal. También en esta edición de El Semanal, por qué la apertura en bolsa en Wall Street de un empresa chilena no es necesariamente algo para celebrar, pues revela el profundo declive del mercado de capitales local; la agenda progresista de La Moneda para explotar el litio junto a Argentina y Bolivia; Enrique Correa cambia a Julio Ponce por cliente chino en la batalla por el control de SQM; de lo que nadie habla en la discusión de la reforma tributaria; y una charla con el abogado que defiende a las casas de apuestas online que controlan el fútbol chileno. 

Al retirarse, Ventanas 1 solicitó el estatus operativo de Estado Operativo de Reserva Estratégica, el que fue autorizado por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) el 29 de diciembre de 2020. A partir de esa fecha, todas las empresas generadoras, incluidas las renovables, comenzaron a pagarle respaldo o potencia a Ventanas 1 (por su Estado de Reserva Estratégica). Todo lo que Aes Andes debía hacer para recibir ese dinero era estar preparada para operar en el plazo de 60 días. Pero todo indica que no lo estaba. Los hechos hoy investigados evidencian que el 5 de agosto de 2021, ante la grave crisis hídrica que vivía el país, el CEN convoca a Ventanas 1 a despachar energía al sistema eléctrico. Su gerente general responde por carta que lo harían desde el 23 de agosto, pero eso no ocurrió. 

Cabe esperar que la autoridad no solo atienda los efectos inmediatos y visibles de la reforma tributaria propuesta, pues, como habría remarcado el francés Bastiat, es en los efectos menos evidentes donde se cultivan los desastres. El impuesto al patrimonio es una mala idea, y si el espíritu del Gobierno está en impulsar un verdadero pacto tributario, es tiempo de comenzar a escuchar argumentos e impulsar medidas con un sólido respaldo en la evidencia y la experiencia internacional. 

Existe un debate sobre qué cosas gatillaron tales escaladas y recurrencias en los desórdenes públicos que, hasta antes del estallido social, no eran tan comunes (si bien la muerte de Camilo Catrillanca, en el 2018, fue un punto de quiebre). Una tesis relevante tiene que ver con la legitimación pública de la violencia y la instrumentalización de esta por parte de algunos grupos políticos o intelectuales públicos, que la utilizaron y la azuzaron con fines partidistas o políticos. 

En estas últimas semanas hemos visto la abismante distancia del mundo político –y algunos medios de comunicación– con los(as) ciudadanos(as). Y el espectáculo ha dado vergüenza ajena. Olvidaron que la gente (y no los delincuentes) exigió en la calle un cambio de Constitución –incluido el acuerdo del 15/N y que obligó a un reacio Piñera a llamar a un plebiscito–. Olvidaron, también, el resultado del plebiscito de entrada y las demandas sociales –según encuesta de la UAB, un 83% considera que NO se ha dado respuesta a las exigencias del 18-O–. 

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a temas de seguridad e inmigración irregular en Tarapacá. Dos aspectos que –según analistas– son los nuevos focos del Gobierno de Gabriel Boric. De hecho, el plan que tienen en mente se divide en dos campos: expulsión para los que delinquen y regularización extraordinaria para los que «quieren trabajar». Esto último se ha deslizado en el último tiempo. En tal sentido, ante la consulta sobre cómo enfrentará la situación de migrantes que no han podido regularizarse, el Mandatario contestó que es algo que están «estudiando, tiene que haber una resolución durante este semestre”. Una de las medidas anunciadas en la gira presidencial, el empadronamiento de migrantes irregulares, se pondrá en marcha durante los próximos meses. Ya se autorizaron $2.600 millones para dicha iniciativa, la que –de acuerdo con expertos en migración– enfrentará grandes problemas técnicos. Explican que será difícil la participación de los extranjeros por temor a las deportaciones.   

El retiro del proyecto de hidrógeno verde Faro del Sur no solo causó preocupación en la Región de Magallanes, sino que abrió también un nuevo frente político entre Gobierno y oposición, debido a las señales que estaría dando La Moneda a los inversionistas internacionales. Mientras tanto, se alzan voces que llaman a avanzar en una agenda legislativa que permita convertir al Estado en socio de estos proyectos de generación limpia, a efectos de acortar los tiempos de tramitación ambiental. “Lamentablemente veo que se nos está pasando el tiempo y no estamos aprovechando la oportunidad de tener las mejores condiciones para generar hidrógeno verde”, alerta Guido Girardi, vicepresidente de la Fundación Encuentros del Futuro, quien ve cómo Chile se farrea una irrepetible oportunidad de cruzar el umbral del desarrollo. Sin embargo, desde el Gobierno desdramatizaron la situación, ya que el desistimiento específico de Faro del Sur sería más bien transitorio, al tiempo que destacaron el avance de otras iniciativas similares impulsadas por Corfo. “En lugar de hacer una autocrítica y reconocer alguna oportunidad de mejora en su trabajo, acusaron supuestas exigencias desmedidas”, señaló la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, ante las razones esgrimidas por la empresa titular del proyecto.