Es parte clave de la política del litio de La Moneda y en el corazón de la disputa está un polémico argumento jurídico de  un abogado de Carey. También en esta edición de El Semanal: la reforma tributaria entra en la parte más polémica; semana de cifras: empleo, consumo y crecimiento; La Polar, otra vez en el corazón de un escándalo; los camioneros y la economía: un exministro de Hacienda tiene un plan para quitarles su poder de chantaje; y el nuevo capo del Santander Chile empieza a mover piezas y exigir resultados. 

El Partido Republicano, fundado por el excandidato presidencial José Antonio Kast, registró 2.885 desafiliaciones entre enero y octubre del 2022. Es la colectividad política con mayor número de renuncias en lo que va del año. A la tienda le siguen el Partido de la Gente (PDG) -del exaspirante a La Moneda Franco Parisi-, con 2.687 desafiliaciones, y Convergencia Social (CS) -en el que milita el Presidente Gabriel Boric-, con 2.219. En cuarto y quinto lugar están Renovación Nacional (RN) y la UDI, respectivamente, ambos integrantes de la coalición opositora Chile Vamos. RN anotó 1.545 renuncias, mientras que la UDI 1.435. 

Según las cifras del plebiscito de salida, está claro que esos apolíticos duros rechazaron la propuesta de nueva Constitución. Dado que declaré que no comparto el prejuicio de que eran ignorantes y manipulables y el prejuicio de que no les gustó el espectáculo de la Convención, opto por una explicación más sencilla. Aquí va: la nueva Constitución significaba un cambio y el apolítico no quiere un cambio. La explicación es de carácter teórico. La idea no es mía, sino que corresponde a la definición misma de la política en la perspectiva de ciertos autores, especialmente Rancière, aunque está presente en muchos otros. Política es el cuestionamiento de un orden dado. Un político por definición es quien intenta transformar lo existente. El apolítico no tiene interés en cambiar la Constitución. No es tan extraño que quien se declara regularmente apolítico sea de derecha, mientras que es muy difícil que alguien que sea de izquierda se declare apolítico. 

El punto es que Corea del Norte parece estar sin control y sin supervisión. Efectivamente, se observa un proceso autónomo e independiente de los que hasta hace unos años eran sus referentes: China y Rusia.. Así, el país se ha convertido en un actor regional que permite tensionar la cuestión de seguridad con Estados Unidos, generando un desbalance multivariable. 

Lo cierto es que la Cámara de Diputadas y Diputados está tomando cada vez más un aire que se asemeja bastante a la criticada Convención Constitucional, y todo indica que se están repitiendo algunas señales que observamos al inicio de la “crisis de la política”, que comenzó cuando se destapó el financiamiento ilegal de la política y que se extendió hasta el año 2019. Sin embargo, pareciera que los dirigentes de los distintos partidos no tienen conciencia de ello. Y así como los ciclos políticos se repiten, el de la confianza pública en las empresas –pagando justos por pecadores– también recibió un duro golpe la semana pasada, cuando se conoció el caso de falsificación de marcas, donde nuevamente está involucrada La Polar. Pero, ya saben, después dirán “no lo vimos venir”. 

Los abogados de la Universidad de Chile y especialistas en Derecho del Consumidor, María Jimena Orrego y Mauricio Tapia, analizaron cómo las infracciones y vulneraciones a la libre competencia, en cualquier dimensión o etapa de la cadena productiva, afectan la economía del país y a los ciudadanos como consumidores finales. “Es intrínsecamente propio de la colusión, en tanto violación a la libre competencia, la afectación a los consumidores, que somos los que pagamos al final de la cadena”, indicó Orrego. Por su parte, Tapia recalcó: “Lo que ocurre con los atentados a la libre competencia es que afectan al mercado completo (…), por eso, el impacto que tienen es un impacto en un gran número de consumidores”. 

Christopher White se refirió a las prioridades que buscan instalar desde los municipios en el marco del acuerdo nacional en seguridad impulsado por el Ministerio del Interior, donde –a su juicio– «el fondo del problema tiene que ver con la distribución de recursos entre comunas». En ese sentido, valoró los esfuerzos preliminares de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que buscan equiparar la asignación presupuestaria. «Nosotros nos sentimos muy discriminados cuando nos comparamos con otras comunas en términos de ingreso per cápita. Si yo tengo mayor cantidad de recursos, obviamente voy a tener mayor posibilidad de invertir en materia de delincuencia desde el punto de vista integral», señaló. Asimismo, profundizó respecto a las acciones municipales para avanzar en la recuperación de espacios públicos, así como el trabajo colaborativo con Carabineros para reconstruir la confianza en las policías. Sin embargo, advirtió sobre la urgencia del fortalecimiento de las capacidades investigativas. «Hay que fortalecer la inteligencia y entregar más herramientas a Fiscalía, porque no puede ser que el municipio y Carabineros hagan un esfuerzo gigantesco, pero después no tengamos las herramientas legales para dejar a las personas privadas de libertad», indicó. 

Pese a que la situación con los camioneros del norte sigue pendiente, La Moneda llegó a un acuerdo con dos organizaciones gremiales de camioneros, accediendo a algunas demandas que habían sido impuestas como condiciones para bajar las manifestaciones en las rutas del país. La Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) y la Federación de Dueños de Camiones de la V Región (FedeQuinta) anunciaron este domingo haber llegado a puerto con el Gobierno para deponer sus paralizaciones, en un compromiso firmado también por la CPC encabezada por Juan Sutil. Entre los puntos acordados está la estabilización del precio de los combustibles a través de una millonaria inyección al MEPCO; el envío de un proyecto de ley, por parte del Ejecutivo, para mantener sin cambios el precio del diésel por un plazo de 120 días; la extensión de la vigencia del beneficio de reintegro parcial del impuesto específico al menos por un año; la conformación de una mesa de trabajo tripartita para abordar mecanismos que permitan ajustar a tarifa de los generadores de carga del transporte; el mejoramiento de las condiciones de seguridad de las zonas de descanso; y el diseño de un plan operativo de Carabineros mejorar la seguridad en las carreteras, entre otros aspectos. 

Junto con afirmar que «el problema que tienen de tarifas lo tienen que resolver con las empresas que generan la carga», el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, emplazó a los camioneros para que no exijan rebajas en los precios de los combustibles —punto que entrampa hasta ahora las negociaciones—. «No ocupen a Chile para resolver sus conflictos internos», aseveró, advirtiendo que «no hay motivo para no llegar a acuerdo». En ese sentido, Monsalve destacó las propuestas del Ejecutivo —que no han sido aceptadas por los transportistas— de congelar el precio del diésel por tres meses e inyectar US$1.500 millones adicionales al MEPCO. Por su parte, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, manifestó que «tenemos esperanza de que el gremio de camioneros también entienda el rol que cumple a nivel nacional, lo que esto significa para el país en términos del comienzo de la temporada de exportación de productos agrícolas, y que hay muchos exportadores agrícolas de distinto tamaño, pequeños, medianos, que se verían afectados por este tema».