El único curso posible está en partir reconociendo lo más básico: la ciudadanía rechazó rotundamente la refundación del país. La coyuntura adversa en que estamos, buena parte autoinfligida, ya llegó y habrá que enfrentarla, pero el verdadero desafío está en el mediano y largo plazo que el 62% del Rechazo del 4 de septiembre pasado ya demarcó; en fortalecer los incentivos para crecer y desarrollarse; en velar genuinamente por la recuperación de la paz social y la verdadera autoridad, aquella que no se obtiene por decreto sino más bien por aptitud. Bajo esas condiciones, el fisco va a ser excedentario, para sorpresa de muchos. 

En Chile hoy tienen el poder las organizaciones del crimen organizado, que controlan parte del territorio de las principales ciudades del país; las entidades radicalizadas del mundo mapuche; los que no quieren los tratados de libre comercio porque fortalecen el modelo “extractivista” de desarrollo; los grupos económicos que se oponen a cambios razonables y necesarios; los políticos de derecha extrema, que están usando el resultado del plebiscito como un cheque en blanco para impedir los cambios sociales y la dictación de una nueva Constitución; los que cortan las rutas, bloquean caminos, usurpan sin consecuencias la propiedad privada. Si queremos paz y progreso para todos los chilenos, solo toca recuperar el poder. 

A horas de la votación en la Cámara Alta para designar al próximo Fiscal Nacional –en un evento que concentra todos los esfuerzos oficialistas–, la exposición que realizó este lunes José Morales ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia provocó varios ruidos. Esto, debido a los rodeos que dio al ser consultado por el senador Rodrigo Galilea (RN) por las declaraciones que prestó en la causa por corrupción conocida como caso “Basura”. El fiscal Morales sostuvo que la citación había sido por una asesoría menor que le prestó a una persona que era testigo en dicha causa. Lo que omitió es que esa asesoría se convirtió en un documento notarial presentado en juicio y que la persona asesorada era la principal testigo del mismo, además de excónyuge de uno de los inculpados por corrupción, y con quien el propio fiscal mantenía –en esos momentos– una relación sentimental. Tampoco refirió ante los senadores que el hoy condenado exconcejal de Maipú, Marcelo Torres, era amigo suyo, excompañero de curso en la universidad. 

El subsecretario de Previsión Social eligió La Mesa de El Mostrador para salir a responder algunas de las críticas a la reforma del Gobierno. Apuntó directamente a las AFP: «Seguir administrando el sistema les significa US$ 1.000 millones en ingresos con costos de US$ 500 millones y sin ningún riesgo». Y agregó que, si el 6% va a las Administradoras de Fondos de Pensiones, sus ingresos aumentan en un 60%, pero las pensiones mejoran solo un tercio de lo que subirían con la propuesta gubernamental. Larraín defendió lo de las cuentas nocionales y aseguró que es una versión mejorada de lo que ya funciona en Suecia. Por último, el subsecretario dijo que La Moneda está abierta a otras propuestas que consigan los mismos objetivos e hizo hincapié en que hay que lograr un sistema que tenga la legitimidad de la sociedad. 

Luego de extensos días de debate y negociaciones, la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta por el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 presentado por el Presidente Gabriel Boric. Con esto, la iniciativa logra poner fin a su tramitación legislativa y, dentro del plazo legal establecido, su aprobación será informada al Ejecutivo. El presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde (PS), manifestó que «creo que en general se aprobó un buen presupuesto. Valoro sobre todo la actitud constructiva del diálogo que se generó en el Senado». Por su parte, el parlamentario Juan Antonio Coloma (UDI) celebró la aprobación, y declaró que «es bueno haber terminado presupuestariamente este acuerdo».  

Este pasado lunes, ya comenzaron a aparecer los primeros «reparos» a la intervención que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski realizará ante el Congreso Nacional, debido a que significaba una «intervención del funcionamiento de un poder del Estado de Chile». Este martes, más voces del oficialismo, principalmente de Apruebo Dignidad, se sumaron a las dudas. Todas llegaban a la misma conclusión: que si bien no están en contra, las relaciones internacionales le corresponden al poder Ejecutivo y no al Legislativo. Una es la diputada de Convergencia Social y ex presidenta de ese partido, Gael Yeomans, quien pidió que el Congreso «debe tener cuidado con las atribuciones que tiene en esta materia». 

Tras los hechos de violencia registrados en Plaza de Armas y Paseo Ahumada, donde se viralizó un video de dos menores de edad amenazando a una mujer con un arma blanca, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), emplazó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric a «asumir la responsabilidad» a fin de recuperar espacios para la comunidad. «¿Y por qué hago el llamado al Gobierno y a Carabineros?, porque nosotros como municipio no estamos a cargo del orden público, nuestros funcionarios no son personas que están armadas, no son personas que tienen la atribución del orden público, de la seguridad», explicó. 

En una detallada carta enviada por la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -la que fue acompañada de antecedentes y documentos adjuntos- se informan «graves falencias e irregularidades» en el procedimiento de reconocimiento de condición de refugiado en Chile. Esto, porque se cuestiona la imposición «de facto» de una fase de admisibilidad, que no está contemplada en la Ley 20.430, publicada el año 2010 y la que dice que toda persona -en este caso migrante- tiene derecho a que se estudie su caso cuando solicita refugio. 

El desafío es pasar de una inserción esencialmente pasiva de apertura de mercados para productos no demasiado elaborados a una inserción activa de largo plazo, basada en la diversificación productiva intensiva en conocimiento. La tarea es empezar por establecer regalías de acceso a los recursos naturales equivalentes a su valor de mercado (al menos entre un 0,5% y un 1% del PIB) y un impuesto a los muy altos patrimonios y herencias (al menos un 0,5% del PIB), que es lo que se propone el actual Gobierno, y que deben ser inmediatamente invertidos en investigación y desarrollo tecnológico, en educación superior de alto nivel y en infraestructuras sostenibles territorialmente distribuidas de manera equilibrada. Y así acelerar la tarea de largo aliento de lograr una inserción más compleja y provechosa en las cadenas globales de valor, ampliar la base productiva endógena y obtener una remuneración adecuada del trabajo con más empleos de calidad.