A más de siete horas desde el comienzo de su discusión, la Sala del Senado aprobó en general la Ley Naín-Retamal. En concreto, la Cámara Alta visó la iniciativa con 40 votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención. Ahora, la Corporación debate en particular cada una de las indicaciones presentadas a la medida, lo que se extenderá hasta total despacho del proyecto [EN DESARROLLO]. 

Ante la presencia de viudas y parientes de Carabineros víctimas de la delincuencia, y agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, la Sala del Senado comenzó la discusión de la Ley Naín-Retamal. En la instancia, la senadora Fabiola Campillai se puso de pie para emplazar a la Sala de la Corporación. «Este proyecto salió peor de la comisión de Seguridad, es una aberración como está hoy. No se escuchó ni siquiera al alto comisionado de la ONU. Es impresentable y lo digo de pie, porque quiero ver quienes votan a favor de este proyecto», apuntó. Los dichos no cayeron bien en la oposición, siendo la senadora Carmen Gloria Aravena (ex republicana) quien le respondió a la legisladora que «estamos en democracia, no en dictadura. Y tenemos derechos a defender nuestros principios, valores». El senador Iván Moreira (UDI), aseguró que los dichos de Campillai «nos da la fuerza necesaria para votar con mayor convicción este proyecto».  

Un grupo de profesores y profesionales del área del derecho penal y criminología ha expresado su preocupación por las modificaciones al Código penal que ha introducido el Congreso Nacional. En concreto, critican las modificaciones a las normas que regulan la legítima defensa y los delitos de tortura y apremios ilegítimos, que según ellos aumentan los niveles de confusión en el uso de la fuerza policial y podrían afectar gravemente los derechos de las personas y la responsabilidad y probidad en el ejercicio de la función pública. Además, aseguran que se pierde una oportunidad valiosa para abordar la actual crisis de seguridad con medidas eficaces y sostenibles en el tiempo. 

En el marco de una entrevista en el programa Al Pan Pan, de El Mostrador Radio, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, fue enfática en descartar que el proyecto original, al que adhirió gran parte del oficialismo, haya promovido el mote del “gatillo fácil”. Otra cosa muy distinta -puntualizó- es la estrategia que ha utilizado la derecha para “introducir modificaciones profundas al proyecto a la maleta”, lo que ha llevado a que senadores estén legislando “normas que van en contra de nuestro sistema jurídico” y de “los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito en materia de DDHH”. “Eso debería haber sido sancionado ayer por el presidente de la comisión -Felipe Kast- pero no lo hizo”, sostuvo Vodanovic. 

El abogado constitucionalista, Javier Couso, estuvo este martes en el programa «Al Pan Pan» de El Mostrador Radio donde abordó el proceso constituyente. A recordar que el próximo 7 de mayo son las elecciones para elegir a los integrantes del Consejo Constitucional, quienes tendrán la opción de adoptar o no el anteproyecto que se encuentra realizando actualmente el Comité de Expertos. Entre las materias que han generado polémicas en esta primera etapa del nuevo proceso constituyente se encuentra la definición de Chile como un Estado Subsidiario o un Estado Social de Derecho, esto a raíz de las propuestas en materias de salud de algunos expertos que solicitan la libertad de elección en cotizaciones. «La idea de la libre elección en materia de cotizaciones de salud lo que garantiza es la segregación en dos grupos: aquellos que pueden financiar la entrada a las Isapre y aquellos que no pueden hacerlo y que no», sostuvo al respecto el académico de la Universidad Diego Portales. En cuanto al futuro Consejo Constituyente, Couso sostuvo que «desde la UDI al Partido Comunista están de acuerdo en hacer una nueva Constitución hoy y Partido Republicano y Partido de la Gente no quieren».  

Al ser consultado si el Gobierno llevará la Ley Naín-Retamal al Tribunal Constitucional (TC), el ministro de Justicia, Luis Cordero, sostuvo que “no, lo que el Ejecutivo va a hacer es persuadir de por qué las modificaciones que se aprobaron ayer son malas regulaciones y generan riesgos innecesarios”. En la misma línea, la ministra del Interior, Carolina Tohá, apuntó que «nosotros no debemos llegar a ese límite (recurrir al TC)», y descartó, por el momento, la presentación de un veto presidencial. Por otro lado, personeros de la ex-Concertación, como el exministro Francisco Vidal (PPD), advirtieron por el artículo que establece la presunción del uso justificado de armas de servicio. “La legítima defensa privilegiada debiera estar más regulada”, comentó Vidal. 

En este país no se juzga a todos los que hay que juzgar, no se persiguen todos los crímenes que hay que perseguir. Esa tara histórica es la que está saliendo a la luz y se está tratando de abordar. Lo aterrador es que salen a la luz todos los dictadorzuelos que quieren solucionarlo unilateralmente sin resguardar los derechos de uno. Mi derecho, el del carabinero, la senadora Campillai, el delincuente acribillado, el político acusado de corrupción, son iguales. El Estado tiene la obligación de tratarlos como iguales. 

El problema que existe en Chile con la Ley REP es que uno puede observar que, si bien parte del inciso segundo de dicha norma dispone que “se prohíbe la importación de residuos peligrosos para su eliminación”, en la disposición siguiente posibilita inmediatamente la autorización de esos mismos cuando estos son ingresados al país para su revalorización, solo pudiendo ser autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente dicho movimiento transfronterizo. Además, se dispone que habrá de dictarse un reglamento por el Ministerio de Salud donde se establecerán los requisitos, exigencias y procedimientos para la autorización de importación, exportación y tránsito de residuos. En palabras simples, se pueden tanto exportar como importar fácilmente baterías en desuso en zonas transfronterizas. Y sabemos, según el informe de la ONU ya mencionado, que en esas zonas, en Chile, los grupos criminales organizados son muy activos. 

La eficacia de demoliciones resulta discutible, pero a Carter eso no lo inmuta, sobre todo, porque el narco es flexible; tiene la capacidad logística para cambiar de espacios con facilidad, y se mueve como pez en el agua en los sectores que controla en todo el país. La demolición puede ser llamativa, sin embargo, conmociona a la comunidad inmediata del barrio intervenido (en Los Quillayes hubo duros enfrentamientos entre pobladores y Carabineros). La acción del municipio solo se concentra en el microtráfico sin afectar a los grandes traficantes ni a sus proveedores. En las demoliciones ejecutadas en La Florida no se incautó drogas ni armamento ni recursos relevantes en las “caletas” de los narcos. Los millonarios recursos gastados en cada demolición provienen de las arcas municipales, además, se echa mano a un amplio contingente de policías en cada episodio.