Esta reforma en Francia es injustificada, porque el sistema de pensiones no está realmente en peligro, tal como indica claramente el informe del Conseil d’Orientation des Retraites (COR). Por el contrario, la participación del gasto público de pensiones en el PIB se mantendrá estable o descendiendo hasta 2070 a pesar del envejecimiento de la población. Esto se debe a la caída del nivel de vida de los jubilados en comparación con los trabajadores, como resultado de las reformas pasadas (que es lo que constituye el gran problema del sistema actual). De este modo, la situación financiera del sistema de pensiones no justifica esta reforma, los déficits mínimos y cíclicos del sistema a mediano y largo plazo podrían compensarse con fondos de reserva para pensiones de reparto o aumentando las cotizaciones (opción a la que se oponen el presidente francés Emmanuel Macron, así como la patronal francesa), mejorando el empleo y los salarios o, bien, con la supresión de las exenciones de las contribuciones. 

Uno de los argumentos más utilizados por quienes impulsan la llamada “agenda de seguridad”, en la que se incluye el proyecto de ley Naín-Retamal o la “legítima defensa privilegiada”, es la supuesta necesidad de adoptar medidas efectivas en materia de seguridad pública y para la actuación de Carabineros en el combate a la delincuencia. No es posible distinguir claramente los aspectos concretos de dicha agenda y del proyecto de ley Naín-Retamal de aquellos elementos que son meramente discursivos, simbólicos y, por lo mismo, ineficaces. Es paradójico que algunos legisladores, quienes deberían asegurarle al país que su trabajo –crear leyes y normas– es la forma civilizada para combatir la delincuencia, en el fondo nos digan que las leyes son inútiles y que se necesita poder de fuego en las calles. 

Atendiendo la relevancia del tema en discusión en nuestro país –pese al desencanto y anomia que se han ido instalando en nuestra sociedad– nos parece crucial destacar ciertos aspectos fundamentales que gravitan sobremanera sobre el derecho a una educación de calidad que deberíamos garantizar a nuestros ciudadanos, independientemente de cualquier condición. 

Mientras se discutía la Ley Naín-Retamal en el Congreso, dos involucrados en el escándalo «Pacogate» intentaron, sin éxito, acceder a una reducción de sus penas por el mayor caso de corrupción de nuestra historia reciente. Carabineros, que alguna vez fue una de las instituciones más prestigiosas de Chile, ha perdido gran parte de su reputación debido a acusaciones de corrupción y el uso excesivo de la fuerza, especialmente tras el estallido social de 2019. En este caso hay más de 130 funcionarios y miembros del ex Alto Mando imputados. El caso tiene sus orígenes hace más de 15 años, pero siguen vigentes algunas causas. El «megafraude» se estima en más de $35 mil millones. 

Tras nueve días de discusión y su aprobación el miércoles, la Ley Naín-Retamal podría permanecer en el congelador si parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista logran los 39 votos necesarios para recurrir al TC. La oposición está decidida a cuestionar la medida, junto con señalar que la composición del Tribunal Constitucional favorece al oficialismo con 6 miembros cercanos al Gobierno y 3 vinculados a la derecha. En tanto, desde el Ejecutivo son categóricos en afirmar que no participarán de esta iniciativa: «El Gobierno dejó atrás este proyecto, porque ya se votó. Los parlamentarios están en su derecho de ir al TC, pero la agenda del Ejecutivo avanzará a lo que sigue en los temas de las reglas del uso de la fuerza», sostuvieron. 

Un carabinero resultó gravemente herido en Santiago, después de recibir dos disparos en la cabeza mientras estaba en servicio. El incidente ocurrió durante una operación policial en el área del Teatro Caupolicán. El oficial, llamado Daniel Palma, fue llevado al hospital y sometido a una larga operación neuroquirúrgica. La policía está investigando el ataque, que ocurrió horas después de que el Senado despachara la Ley Naín-Retamal, que otorga mayores atribuciones a la fuerzas de orden y seguridad para combatir el crimen organizado. Parlamentarios de oposición han solicitado promulgar prontamente la nueva legislación e incluso han deslizado la posibilidad de decretar estado de emergencia en algunas comunas de la Región Metropolitana. Ahora, el Presidente Gabriel Boric se encuentra en La Moneda, junto a la ministra del Interior Carolina Tohá y autoridades del Ejecutivo, para «tomar medidas adicionales» que van a resolver en los próximos momentos.  

Tras casi 10 días de tramitación, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó la Ley Naín-Retamal, medida que busca fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y Gendarmería. En ese sentido, la iniciativa fue visada en general con 137 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Fueron en total 18 las indicaciones que se votaron en particular, siendo todas respaldadas por la Corporación. No obstante, el momento de mayor tensión en el hemiciclo fue cuando se revisó el artículo 7 del proyecto, que establece la legitima defensa privilegiada de las policías y Fuerzas Armadas. En vista de lo anterior, el diputado comunista Boris Barrera anunció que recurrirán al Tribunal Constitucional. «Hay artículos que nos han dado alertas de todos los sectores, que ponen en riesgo a las personas y también a la institución», apuntó [ACTUALIZADA]. 

El encuentro entre el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, se dio el pasado viernes 31 de marzo en una oficina de Vitacura. Ahí, el exsecretario de Estado, en calidad de imputado, declaró por la investigación por delitos de lesa humanidad y responsabilidad de mando de altos oficiales de Carabineros durante el estallido social. En ese sentido, recordó que Sebastián Piñera «se vio obligado a tomar (medidas) en torno a la superioridad de la violencia». Por otro lado, indicó que la situación «generó sorpresa en el Gobierno, en Carabineros. Era una situación que nunca habíamos experimentado».  

El analista internacional de la Universidad Central y ex diplomático del servicio exterior de Chile, Samuel Fernández, estuvo en el programa «Al Pan Pan» de El Mostrador Radio, donde abordó la intervención que realizó -vía telemática – el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en una sesión especial del Congreso Nacional. Respecto a la ausencia de la mayoría de los parlamentarios del Partido Comunista y el Frente Amplio, el exembajador señaló que «no se puede seguir viviendo en una época de nostalgia de la Guerra Fría, los actores son otros, Rusia ya no es la URSS». Asimismo, recalcó la importancia de que Chile tome partido y vea si apoya a «los mayores violadores del sistema internacional o tratas de preservarlo». «Lo que está defendiendo Zelensky no es un problema de capitalismo o comunismo o de Guerra Fría, es un problema de un sistema internacional que se ha sido roto por Rusia».