Un grupo de profesores y profesionales del área del derecho penal y criminología ha expresado su preocupación por las modificaciones al Código penal que ha introducido el Congreso Nacional. En concreto, critican las modificaciones a las normas que regulan la legítima defensa y los delitos de tortura y apremios ilegítimos, que según ellos aumentan los niveles de confusión en el uso de la fuerza policial y podrían afectar gravemente los derechos de las personas y la responsabilidad y probidad en el ejercicio de la función pública. Además, aseguran que se pierde una oportunidad valiosa para abordar la actual crisis de seguridad con medidas eficaces y sostenibles en el tiempo.
