Mes: marzo 2023

A tres meses de haber abandonado la mesa de seguridad convocada por el Ministerio del Interior, hay varios militantes y dirigentes en la derecha que critican la decisión e instan a volver a sentarse a conversar con el Ejecutivo. En lo que todos coinciden en el sector, es que la idea y decisión de abandonar la mesa fue del diputado Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. El alcalde Germán Codina considera que «había que tragarse la rabia y trabajar para sacar adelante la agenda de seguridad que tanto necesitan los chilenos. Por el bien de Chile estuve dispuesto a ir contra lo que mi sector señaló, porque consideré que era más importante seguir trabajando y de una vez avanzar para derrotar el narcotráfico y el crimen organizado, que tanto daño están haciendo a nuestro país», señala. 

El Mostrador conversó con los abogados penalistas Cristián Riego y Mauricio Duce, y con la experta en seguridad ciudadana Alejandra Mohor, para analizar los efectos del frenesí legislativo que se produjo tras la muerte de la sargento Rita Olivares. Para Riego, en lugar de insistir nuevamente en el aumento de penas, sería más importante apoyar a uniformados procesados, porque “hoy no cuentan con apoyo institucional”, además de fortalecer su entrenamiento y seguridad. En tanto, Duce advierte que «lo que estamos viendo es que hay una presión por ir hacia cuestiones que exceden los márgenes de racionalidad». Y la socióloga Alejandra Mohor, por su parte, pone el acento en que, por razones políticas, “estamos dispuestos a sacrificar las libertades individuales bajo la falsa premisa de que esto va a venir a disminuir la criminalidad”. 

En medio de los cinco proyectos aprobados por la Cámara de Diputadas y Diputados en materia de seguridad tras la muerte de la cabo segundo de Carabineros, Rita Olivares, el Gobierno respondió a los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quién aseguró que la institución violó los derechos humanos durante el estallido social porque «no tenían la forma de defenderse». En ese sentido, el Presidente Gabriel Boric manifestó que sus dichos son «peligrosos para la democracia». En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, la llamó a «salir de ahí». «Salga de ese lugar donde los derechos humanos se contraponen a otros principios. Vamos a ese lugar donde los derechos humanos se protegen siempre». «Esa es la única tierra verdadera de los DD.HH.», enfatizó [ACTUALIZADA]. 

El presidente Gabriel Boric y la ministra Carolina Tohá fueron recibidos con abucheos y gritos en su contra al llegar al responso de la sargento Rita Olivares. A pesar de que también hubo aplausos y muestras de apoyo, estas fueron minoritarias. El jefe de Estado se mostró preocupado y realizó un mea culpa por las actitudes en el pasado. El Mandatario advirtió que la situación es compleja e inédita en cuanto a la seguridad. «Carabineros y la sociedad chilena se enfrentan a una amenaza mucho mayor de lo que conocíamos, por lo tanto, tienen que contar con todo nuestro respaldo», afirmó. Gabriel Boric anunció una visita mañana a la Escuela de Suboficiales y llamó a la unidad de todos los poderes del Estado para trabajar en la agenda legislativa contra la delincuencia, reiterando su apoyo a la policía. El Parlamento ya trabaja en proyectos antidelincuencia y se están revisando siete esta semana. 

La Cámara de Diputados aprobó con un amplio respaldo el proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar las penas del delito de secuestro cuando la detención o encierro se prolongue por más de 48 horas. La medida fue aprobada por 143 votos a favor, ninguno en contra ni abstención. Después, se procedió con la discusión de la iniciativa que busca endurecer la regulación de armas en Chile (Ley 17.798), y que aumenta la pena del delito de porte de armamento en lugares altamente concurridos. La iniciativa, que contaba con suma urgencia por parte del Gobierno, fue aprobada también de forma transversal, al conseguir 147 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra. 

El diputado de Renovación Nacional e integrante la Comisión de Seguridad Ciudadana, José Miguel Castro, estuvo en el programa «Al Pan, Pan» de El Mostrador Radio, donde abordó la agenda de seguridad que debe llevar el Gobierno, esto tras la suspensión de la semana distrital para debatir los proyectos de seguridad que se encuentran en el Parlamento. Al respecto, precisó que “Estamos seguros de que lo lógico es que se le entreguen mayores atribuciones a Carabineros». «No necesito simbolismo, necesito leyes», agregó. Asimismo, el parlamentario por la región de Antofagasta criticó a personeros del oficialismo por no pedir disculpas a la institución luego de emitir falsas acusaciones y desprestigiarlos. «Yo me di cuenta cómo se perdió el respeto a Carabineros producto de los Leonardo Soto (Partido Socialista) sacando fotos con el perro matapacos, iba junto al INDH», indicó al respecto.  

El Ejecutivo y el Congreso acordaron ayer despachar 15 proyectos ligados a la seguridad pública en un plazo de tres meses. Esto, tras el asesinato de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares, ocurrido la madrugada del domingo en medio de un procedimiento policial. Consultada si la agenda de Gobierno cambia tras el asesinato de Olivares, Tohá dijo que “la agenda no cambia, lo que yo creo que cambia es el clima donde se hace evidente que hay que trabajar más unidos y más rápido”. A su vez, señaló que “acá no hay piedra de tope, el único tope es cuando no tenemos disposición de encontrar soluciones a las diferencias. Creo que hoy hay clima de buscar esas soluciones”. 

Dada la demora en entrar a producir más litio que ha sucedido en Chile, en la espera de crear una empresa estatal, sería necesario recurrir cuanto antes a otras alternativas, como buscar la participación del sector privado que disponga de recursos financieros y capacidad tecnológica, que se asocie al sector público en la propiedad, como arrendatario, o pagando impuestos para participar. Así lo ha reconocido la ministra de Minería, al señalar que “no lo podemos hacer solos”. Para ello sería indispensable efectuar algunas prontas modificaciones en las regulaciones y normativas vigentes. 

La geografía y el Derecho Internacional del siglo XXI parecen estar del lado chileno. Desde este ángulo, ambas disciplinas invitan a demostrar  la continuidad del territorio chileno entre la terra firme antártica y los archipiélagos del Cabo de Hornos y Diego Ramírez. Para ello, sin embargo, son necesarias visión de conjunto, voluntad y unidad política. Esto, porque más allá de cualquier duda, esta disputa impacta (e impactará) la relación bilateral, demandando un gran esfuerzo al conjunto de la sociedad chilena. 

Así, propongo incorporar en el nuevo texto constitucional las siguientes normas relacionadas con las aguas: “Las aguas son bienes nacionales de uso público, por lo que su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable, que debe ser garantizado por el Estado en condiciones de igualdad y no discriminación. Es deber del Estado proteger las aguas para la conservación de la naturaleza y los ecosistemas, en resguardo de las generaciones futuras (…).