Día: enero 6, 2023

El senador Manuel José Ossandón (RN) se refirió al inesperado giro del Presidente Gabriel Boric en la elección de Ángel Valencia como candidato para Fiscal Nacional. En ese sentido, el parlamentario lanzó sus dardos a la UDI y en concreto a su presidente, Javier Macaya. «Yo no tengo prueba de que la UDI y el señor Macaya hayan negociado, pero tengo dudas inmensas porque siempre lo hacen», declaró. Por otro lado, si bien sostiene que con su partido «no ha habido ningún acuerdo», apunta que «puede que haya habido acuerdo con la UDI -cosa que niegan-, pero a mí me huele mal lo que está pasando, porque RN no tiene nada que ver».  

La baja del magistrado Gabriel González Salazar, se suma a las de las juezas Patricia Abollado y Rocío Pinilla, todas ocurridas durante esta semana y posterior al anuncio de la nueva fecha del juicio oral contra el imputado por delitos sexuales. En el caso de González Salazar, miembro del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, comunicó su baja debido a la ‘‘estrecha’’ amistad que tiene con el abogado defensor de Pradenas, Javier Jara Müller. 

Para la senadora del PPD, Loreto Carvajal, es criticable que Valencia sea la carta del Gobierno para Fiscal Nacional debido a sus representaciones de imputados en delitos sexuales contra la mujer, como la defensa del exjuez del caso Caval, Luis Barría –hoy formalizado por abuso sexual–, y la defensa del violador de una menor de edad, todas en el ámbito privado. Por tal motivo, ratificó su voto en contra, lo que también han sondeado otros parlamentarios oficialistas, pese a los llamados que hizo el propio Presidente Gabriel Boric para que lo aprueben y no lo rechacen, como ocurrió con José Morales y Marta Herrera. “Yo esperaría que la trayectoria de señor Valencia esté aparejada a un accionar y un trabajo que vaya en defensa de las víctimas y no de los victimarios”, agregó la parlamentaria. 

Si bien los indultos son una de las facultades que tiene el Ejecutivo, para la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, el timing de su anuncio no fue correcto ni «ventajoso» porque dio pie para que la derecha «se levante» de la mesa de seguridad que llevaba la administración Boric con la oposición. En esa línea, mostró preocupación por el actual clima político y que no puede haber una pugna entre los poderes del Estado. 

Entender que razón y emoción están conectadas, facilita la capacidad adaptativa de la persona, manifestada en sus respuestas a los problemas relacionales y a las conductas disruptivas, que determinan la posibilidad de actuar, pensar, imaginar y recordar. En esta línea, comprender que se puede transitar hacia un encuentro amable, amistoso y colaborativo con el estudio, permite resignificar y reescribir historias pasadas de odio y amargura, las que luego se instalan como creencias y actitudes en el aprendizaje. Es, por lo tanto, bueno recordar que para enseñar las matemáticas debemos poner atención a las emociones. 

El itinerario constituyente tiene un punto de inflexión, y es que en septiembre se entrelaza con la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar chileno. Tras medio siglo, la dictadura de Pinochet ha heredado, precisamente, la Constitución que se intenta reemplazar, además de crudas heridas frente las cuales el Estado de Chile tiene la responsabilidad de hacer justicia y generar nuevas estrategias de reparación, construyendo nuevas narrativas de memoria histórica que resignifiquen los hechos del pasado, con el actual momento político del país. 

Postula a Mejor Actriz Protagónica en la categoría teleseries, por su papel como hermana Margarita Fuentes en “La ley de Baltazar”; Mejor Actriz de Soporte en la categoría series, por su papel como Javiera Rojas en “No nos quieren ver»; y, por último, como Mejor Actriz de Soporte en la categoría cine, por su papel como Milena Fariña en el filme “El pa(de)ciente». La ceremonia será el próximo 29 de enero. 

Más allá de la desprolijidad e inoportunidad del anuncio presidencial, fuera de tiempo político, no se puede soslayar que se trata simplemente de la aplicación de un mecanismo de política criminal, un “perdón administrativo”, cuya principal función es contribuir a la paz social, de competencia exclusiva del Jefe de Estado, consagrado en la Constitución vigente. No se trata de un procedimiento judicial ni contrario a las resoluciones del Poder Judicial. La mezcla de argumentos y reacciones posteriores al anuncio denotan cierta confusión y exageración, pues –desde el punto de vista práctico– los indultados tienen escasa significación desde el punto de vista de política criminal, y entre los indultados no hay autores de delitos de sangre, propiamente dicho. 

Senadores oficialistas y de oposición han comenzado a explicitar su malestar por la sorpresiva nominación de Ángel Valencia a Fiscal Nacional, donde algunos cuestionan su nombre, las defensas que ha asumido de imputados en causas polémicas, y sus vínculos con el mundo político, mientras que otros cuestionan el proceso a través del cual fue elegido. En pocas horas, los votos que se pensaban asegurados, de pronto comienzan a tambalear. Esto, en medio de versiones que hablan de solapadas negociaciones entre el Gobierno y senadores de oposición para instalar a Valencia, aun cuando nunca fue el candidato de La Moneda. En esta pasada, diversas fuentes del Congreso reparan en que la voltereta del Presidente para nombrarlo dejó a las ministras Marcela Ríos y Ana Lya Uriarte sin piso para, ahora, salir a amarrar los votos en favor del abogado externo a la Fiscalía. 

Tras la controversial decisión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric de indultar a 12 condenados en el marco de las manifestaciones del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, se dieron a conocer los decretos con los fundamentos del Ejecutivo para otorgar los beneficios. En ese sentido, el Gobierno fundó la determinación en que «los hechos ocurridos durante el denominado ‘Estallido Social’, que derivó en una crisis política e institucional, en el cual se produjeron hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos, por los cuales se deberán adoptar acciones extraordinarias que permitan restablecer la paz social». A esto, se agrega que «el nivel de conflictividad en el país que configuró un contexto excepcional, enmarcado en masivas manifestaciones públicas. En este contexto y con el objetivo de propender a la cohesión social, reencuentro nacional y de mirar hacia el futuro con mayor dignidad y paz».