Más allá de la desprolijidad e inoportunidad del anuncio presidencial, fuera de tiempo político, no se puede soslayar que se trata simplemente de la aplicación de un mecanismo de política criminal, un “perdón administrativo”, cuya principal función es contribuir a la paz social, de competencia exclusiva del Jefe de Estado, consagrado en la Constitución vigente. No se trata de un procedimiento judicial ni contrario a las resoluciones del Poder Judicial. La mezcla de argumentos y reacciones posteriores al anuncio denotan cierta confusión y exageración, pues –desde el punto de vista práctico– los indultados tienen escasa significación desde el punto de vista de política criminal, y entre los indultados no hay autores de delitos de sangre, propiamente dicho.
