Mes: diciembre 2022

En conversación con El Mostrador en La Clave, quien fuera escogido por tres períodos como presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) y se desempeñara por casi dos décadas al interior del Ministerio Público, el abogado Claudio Uribe, se refirió a la accidentada y prolongada elección del próximo Fiscal Nacional en reemplazo del cuestionado Jorge Abbott. En jurista acusó que «la falta de unidad, el pelearse desesperadamente por cargos, es una cuestión que termina haciéndole daño a la institución completa y desprestigiándola frente a la ciudadanía». Por otro lado, entregó una serie de recomendaciones para «desdramatizar» la elección de Fiscal Nacional. «A mí me parece que hay que cambiar la estructura de poder dentro del Ministerio Público, que tienda a ser más colegiado. Que el poder se comparta más dentro de la institución de manera tal que no sea tan dramática la elección del Fiscal Nacional, porque hoy día toda la política criminal de Chile depende de las visiones que tenga una persona en particular, y eso siempre me ha parecido malo», complementó.  

En esta ocasión, queremos plantear al menos tres desafíos que se consideran importantes para los próximos 10 años, si se quiere fortalecer el modelo institucional ambiental del país para aumentar en efectividad y eficiencia, confianza pública y, sobre todo, protección y conservación de nuestro patrimonio ambiental. 

En la columna anterior me centré en la etapa de ahorro previsional. En esta segunda parte, abordaré los puntos a tener en cuenta en la etapa de desahorro. La reforma actual al sistema de pensiones apunta principalmente a aumentar de 10% a 16% el monto de aporte mensual, donde una parte irá a un fondo común con cuentas nocionales. Además, se pretende establecer un sistema de pensión del tipo “defined benefits” sin parametrizar ni contabilizar correctamente y se vuelve a caer en la trampa del retorno esperado, olvidando el Equivalente Cierto. Implementar dichas reformas sin abordar previamente ninguno de los problemas estructurales del modelo ni los graves errores conceptuales tratados en esta columna y su predecesora, resultará inevitablemente en “enredar” y profundizar aún más la entropía del sistema. 

Los líderes latinoamericanos entregan una señal errónea, toda vez que prefieren defender a sus “amigos”, en lugar de condenar los hechos. La afinidad política e ideológica no significa la justificación de cualquier acto. Lo mínimo que se espera de nuestros líderes es que condenen la corrupción, cualquier evento antidemocrático y sean un ejemplo para la sociedad. De lo contrario, ¿cómo se exige probidad a los ciudadanos?, ¿cómo recuperamos la confianza de la sociedad en sus autoridades e instituciones?, ¿cómo fortalecemos la democracia y el Estado de derecho? 

El neoliberalismo es una de las varias ramas del árbol liberal. Una rama que a partir de 1975 empezó a tener éxito no solo en Chile, sino en todo el mundo y en variadas aplicaciones prácticas de sus planteamientos, unas más extremas, otras menos. Lo raro es que, con esa evidencia ante sus ojos y con una temprana y hasta paradigmática aplicación en nuestro propio país, los neoliberales locales nieguen la existencia del neoliberalismo y se hagan pasar simplemente por liberales. 

Actualmente el nivel de avance es relativamente bajo, a partir del análisis de las cifras de la División de Gobierno Digital de Segpres. Algunos datos llaman la atención por el bajo nivel de avance: a la fecha, solo un 30% de los trámites ha sido digitalizado y un 49% de los servicios públicos del gobierno central está utilizando el sistema de Clave Única. Si estos niveles de avance los llevamos al universo total (agregando municipios), los números bajan sustancialmente. 

Según la ONG Global Forest Watch, en Chile la temporada alta de incendios generalmente comienza a mediados de diciembre y dura alrededor de 20 semanas. Actualmente, de acuerdo a datos de la Conaf, en el periodo 2022-2023 se han registrado 2.251 incendios forestales y se han visto afectadas 30.967 hectáreas. Entre 2017 y 2021, el país vivió grandes incendios que quemaron miles de hectáreas, ¿Cómo ha cambiado el manejo de estos incidentes en los últimos años? El doctor en Recursos Naturales y Sostenibilidad e investigador del Laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de Chile, Miguel Castillo Soto, explicó a El Mostrador que, en los últimos años, «ha habido un esfuerzo evidente en la dotación de recursos económicos para potenciar fuertemente los programas de prevención de combate de incendios, tanto en el aparato estatal como privado». 

Con la decisión de la Corte Suprema de sumar a la abogada Erika Maira –gerenta de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público– a la quina para Fiscal Nacional, se dio inicio al tercer round de una pelea que el Gobierno no pensó que le saldría tan larga y con tantos golpes en contra. Tras las dos fallidas propuestas anteriores, el comité político vuelve a estar en el centro de la exposición, con la difícil misión de recomendar al Presidente un tercer nombre que, esta vez, pase la prueba. Hasta ahora el nombre de Maira, si es que resulta elegida, no generaría ningún consenso, siendo los fiscales regionales Juan Agustín Meléndez y Carlos Palma quienes habrían tomado la «pole position» que, hasta hace algunos días, lideraba Ángel Valencia, el abogado cuya fortaleza y experiencia están en la defensa de imputados –de toda índole– y no precisamente en la persecución penal de los mismos. 

La querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) va dirigida contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, José Renato Sepúlveda Nebel, Antonia Larraín Prieto, Domingo Prieto Urrejola -los últimos tres pertenecían al círculo de confianza del exalcalde-, Augusto César Silva Silva y Arnaldo Cañas González. El CDE presentó la acción judicial por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y distracción indebida. «La decisión unánime del órgano colegiado se funda en los antecedentes que, a la fecha, ha tenido a la vista de la carpeta investigativa y que darían cuenta de la ejecución de diversos mecanismos para la sustracción de cuantiosos recursos fiscales, propósito para el cual los querellados habrían actuado concertada y reiteradamente», indicaron desde el CDE en un comunicado. 

Mediante un comunicado, la casa de estudios liderada por Rosa Devés reafirmó la misión de defensa de los Derechos Humanos, así como la protección de niños, niñas y adolescentes, afirmando que se tomarán medidas concretas para determinar la responsabilidad ante los hechos. “En el contexto de la discusión pública que han generado los trabajos de titulación y graduación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que abordan temáticas de pedofilia y pederastia, repudiamos categóricamente todo contenido que afecte y vulnere la dignidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes y de cualquier otro grupo social”, dicen.