Creo que el caso Torrealba puede ser, nuevamente, la punta del iceberg de un problema que cruza de manera transversal a nuestra clase política, justo, en momentos que los partidos han vuelto a tomar un protagonismo insospechado en la agenda –a propósito de la segunda parte del proceso Constitucional-, pese a que siguen siendo una de las instituciones que gozan de la peor reputación del país. ¿Por qué no ha existido una condena frontal, no sólo de Chile Vamos, sino incluso de los partidos de oposición al desfalco de 2.300 millones en la comuna de Vitacura? Curioso, por decir lo menos.
