Luis Quintanilla Alarcón es fundador y representante legal de Dispensario Nacional, la primera asociación de cultivo colectivo de cannabis con fines medicinales en Chile. Debido a un allanamiento en 2021 en un domicilio arrendado por la asociación, Luis se encuentra en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Santiago. La razón que argumenta la fiscalía sería la falta de un permiso de cultivo y plantación de cannabis que otorga el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), el cual Luis no tiene y, por lo tanto, realiza cultivo sin autorización. Sin embargo, su defensa plantea que la medida cautelar es ilegal puesto que el mismo Sag ha informado al Fiscal Nacional, Jorge Abbott que tal certificado no existe y que por lo tanto no se entrega ni para uso personal ni colectivo. 

Me parece muy oportuna, ya que podría servir para orientar las discusiones ciudadanas que tendrán lugar luego del contundente rechazo plebiscitario de la propuesta de nueva Constitución. Me resulta evidente que la decisión del pueblo ha definitivamente echado por tierra la idea de una “página en blanco” y de un “partir desde cero”. Pienso así que se ha cancelado el momento revolucionario y se han abierto las posibilidades de un ejercicio de reforma constitucional. 

Durante el periodo de sequía, es decir, en los últimos 10 años, el caudal promedio bajó a 1050 l/s y, en los últimos tres años, fue de solo 270 l/s, según la investigación del geólogo Sergio Iriarte, de la Universidad de Chile. Vale decir, un 85% menos respecto del promedio histórico. El Ejército de Chile es dueño de los derechos de agua en la zona, y la misma institución se los arrienda a la minera Anglo American y a la empresa agrícola Chacabuco Quality Grapes, exportadora de uvas. El científico advierte que, además de afectar a los habitantes de Colina, impacta en el agua subterránea. «Es justamente en este tramo del río, ahora seco, donde se producía la infiltración hacia el subsuelo y genera la renovación del agua en el acuífero», comenta. La institución castrense señala que el arrendamiento de las aguas es legal y que lo recaudado se destina a mejorar la calidad de vida y bienestar del personal y sus familias. Anglo American, por su parte, explica que solo usan el 3% de esos derechos de agua y que no son responsables de que el río se secara. La empresa agrícola, en tanto, declinó referirse al tema. 

Luego de que se hablara de un consenso respecto a cómo se elaboraría la propuesta de nueva Constitución, la que estaría encargada a un órgano electo 100% democráticamente y con respaldo de expertos, Chile Vamos desestimó la existencia de dicha concordancia y sostuvo que dichas declaraciones «ponen en riesgo las conversaciones y acuerdos en marcha». «Anunciar acuerdos que todavía no están suscritos amenaza las confianzas y el espíritu colaborativo, al punto de evaluar la pertinencia de los caminos ofrecidos. Buscar objetivos de corto plazo no se condice con el ánimo que prima en los partidos de Chile Vamos. Hacemos un llamado a la reflexión, para que este proceso sea transparente y responsable, de manera de estar a la altura de la tarea que nos encomiendan los chilenos», complementaron.  

El presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se refirió al segundo tiempo del proceso constituyente, el cual está en pleno proceso de negociación. En ese sentido, diversas propuestas se han erigido desde los partidos políticos. En concreto, desde el Socialismo Democrático, quienes propusieron que una nueva Convención trabaje en un plazo máximo de seis meses para que «cuando se conmemoren los 50 años del golpe, en septiembre de 2023, tengamos una nueva Constitución democrática que simbólicamente exprese el cierre de ese ciclo». Para Latorre, «esto de las fechas no es lo relevante; lo que nosotros quisiéramos es que todo el nuevo proceso constituyente sea durante el próximo año, cosa que quede con al menos un año de distancia respecto las elecciones municipales y regionales de 2024».  

La instancia presidida por el Ministerio de Medio Ambiente dio visto bueno a un saneamiento de la superficie a través de una bioremediación bacteriológica pero rechazó pronunciarse sobre la construcción de un mega proyecto inmobiliario en dicho terreno que es de propiedad de la Familia Angelini. La decisión se postergó a la espera de los resultados de la limpieza del terreno, mientras deberá cumplir con una serie de protocolos de transparencia, según informó la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. La comunidad que busca construir en el lugar un parque calificó la resolución como una derrota, puesto que a juicio de ellos, la remediación podría traer mayores problemas. Cabe recordar que este lugar comprende un vasta área de Viña del Mar, densamente contaminada con elementos tóxicos derivados del petróleo. 

Tras varias horas de reunión, los diversos timoneles y jefes de bancada de partidos alcanzaron una serie de acuerdos para dar cauce a la elaboración de una nueva Constitución: convencionales electos por la ciudadanía pero con respaldo de expertos; paridad y obligatoriedad en voto del plebiscito de salida. En tanto, sistema electoral, partición de independientes y pueblos originarios se mantiene «pendiente».  

Miradas diferentes entre socios que tiene en venta a un negocio de logística y bodegas que antes del estallido social tenía grandes planes para abrirse en bolsa. Además en esta edición de El Semanal: la inflación sigue golpeando el poder adquisitivo de los trabajadores; Mastercard apuesta a mujeres emprendedoras; la desconocida tensión entre el Gobierno y la ENAP; un DC y una RN se unen para asesorar a empresarios; y las razones detrás de la caída de Chile en el ranking de Libertad Económica. 

Hubo voceros del Rechazo, ocultos durante buena parte de la campaña, que declararon que rechazaban porque no querían una nueva Constitución. La cuestión es que, transcurrida la elección, los voceros ocultos del Rechazo se tomaron la palabra y han llamado a interpretar el resultado del plebiscito como un voto contra el Gobierno del Presidente Boric, contra su programa de reformas y contra toda propuesta de nueva Carta Fundamental. Esta interpretación es sumamente antojadiza y cargada de ribetes antidemocráticos.