La liviandad en la ejecución de lo político; cuya exhibición en las rrss es un síntoma y al mismo tiempo un medio para aquello; se confronta a un activismo, en esas mismas redes, de los grupos de derecha y extrema derecha, un desempeño muy intenso y eficiente como lo demostró el éxito de la campaña del Rechazo. Pensar que la receta adecuada para contrarrestar las dinámicas que se reforzaron posteriormente al 4S, es tan simple como regresar al manejo político del “tiempo de antes” y/o focalizar demasiado el actuar político sobre la reanudación o no del proceso constituyente, son quizás caminos que pueden reducir, para el gobierno, aún más el margen de acción que ya se restringió considerablemente después del plebiscito. Se debe cambiar una metodología si esta no da resultado, porque lógicamente el pueblo que se gobierna no se puede cambiar. Hay que tratar de no quedar encapsulado y “prisionero” de su propia condición, modus operandi y también de las circunstancias. 

Una Constitución refleja las preferencias de la sociedad. Personas expertas constitucionales de derecha y de izquierda tienen legítimas diferencias. Pretender plantearle al país que a través de expertos se va a llegar a una solución objetivamente superior y que no va a haber una intensa discusión en el proceso, o que las expertas y los expertos son completamente neutrales y sin sesgos ni preferencias partisanas, es un error. Las diferencias se van a evidenciar y, ante la expectativa, la frustración y desconfianza ciudadana van a surgir como respuesta. 

Las clasificaciones de riesgo soberano no solo afectan el costo de financiamiento del sector público, sino también el costo de financiamiento del sector privado. Esto, debido a que las clasificaciones de riesgo soberanas son un determinante importante de las calificaciones otorgadas al sector privado. De hecho, luego del deterioro de la clasificación de riesgo de Chile, Moody’s redujo las clasificaciones de riesgo de Banco Santander, Banco de Chile, BancoEstado y Banco de Crédito e Inversiones. 

El ciberataque al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO) adjudicado por el grupo de «hacktivista» Guacamaya, ha vuelto a poner a prueba la ciberseguridad en nuestro país. De acuerdo a sus declaraciones reivindicatorias y a una serie de reportajes que se construyeron tras el ataque a unas empresas mineras de la multinacional ruso-suiza Solway, los hackers se definen como hijos y defensores de la Abya Yala, como llaman al continente americano desde una perspectiva de naciones de originarias. Sus objetivos son empresas cuyas actividades provocan daño al medioambiente y los militares y policiales. Según Gabriel Bergel, Cofundador y Ceo en 8.8 Computer Security Conference, la mera autodefinición de modo alguno implica una definición de origen, puesto que como ha pasado con otro ataques de alcance mundial como Lazarus, que atacó banco, que se pensaba eran ciberdelincuentes y en realidad eran militares de Corea del Norte, o Shadow Broker, quienes se presumían que eran rusos, pero al final resultaron ser sudamericanos. 

Decir que el Gobierno está en un «zapato chino» frente al TPP-11 es una aseveración que definitivamente se quedó corta. Peor aún: en las huestes del oficialismo cunde el desconcierto ante las últimas declaraciones del Mandatario y su ministro de Hacienda, Mario Marcel, «hombre fuerte» del gabinete, quien parece ahora llevar la voz cantante del Ejecutivo en este debate siempre intenso y lleno de polémica. “Si el proyecto va a votación en sala (del Senado), el Gobierno no se va a oponer, no va a poner ninguna dificultad», señaló Marcel, mientras que el Jefe de Estado se vio alineado con su ministro al afirmar que “el Senado tiene las atribuciones para ponerlo en tabla y tomar una decisión al respecto”, lo que para muchos fue leído como una decisión presidencial de «tomar palco» ante el debate parlamentario, asumiendo así una postura de prescindencia total que muchos congresistas juzgan como una señal de debilidad producto del severo golpe sufrido en el Plebiscito. Para varios integrantes de las dos coaliciones que sustentan su Gobierno, la actitud del Presidente responde a un intento por evitar un enfrentamiento interno o un eventual desfonde de las fuerzas oficialistas, lo que provocaría más daño que las constantes acciones de la oposición contra el Gobierno. 

Las explicaciones del Presidente durante su gira, tanto para defender al embajador en España, perteneciente a su círculo más íntimo, como para justificar ‘la gaffe’ diplomática con Israel, indican que la Cancillería, como brazo operativo de la política exterior, va a la zaga. La amplificación negativa de las malas actuaciones en dicho ámbito, que dañan la imagen corporativa de un país ante la comunidad internacional, no es culpa de los medios de prensa que las recogen y comunican, sino de quienes las actúan. 

La masiva filtración de correos del Estado Mayor Conjunto (EMCO) —que mantiene en alerta a las autoridades y ya detonó la renuncia del general a cargo de la jefatura del organismo— incluye un boletín de la Dirección de Inteligencia de Defensa marcado como «reservado» y que contiene una minuta con antecedentes, interpretación y apreciación del panorama político de los días más álgidos de las manifestaciones sociales. En el documento, se comunicó al gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera que «a diferencia de días anteriores, en la cual la autoridad enfrentaba una protesta social sin un interlocutor definido, a contar del día de hoy esta situación cambió, pasando a tener un claro y organizado frente que asume ese vacío», apuntando a la mesa constituida por 150 organizaciones; entre ellas la CUT, el Colegio de Profesores, la Confech, No+AFP, la ANEF y la Coordinadora Feminista 8M. Según el informe de Inteligencia la Mesa Social profundizarán los cabildos ciudadano en la lógica de estructurar una demanda transversal para convocar una asamblea constituyente». En otro documento, se expone que las protestas sostenidas también “intentan demostrar la inefectividad y pasividad política del Ejecutivo» para lograr un cambio constitucional”. 

El motivo de su renuncia es que Paiva estaba a la cabeza del EMCO al momento de que se conoció el hackeo y filtración de los cerca de 400 mil correos pertenecientes a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. [EN DESARROLLO]