El DL600 del año 1974 tuvo un doble virtuosismo, por una parte, conceder certeza jurídica al inversionista al instituir el contrato de inversión extranjera que se suscribía en representación del Estado de Chile y, por otra parte, exigir la revisión de los antecedentes del inversionista y de su proyecto de inversión, permitiéndole al país analizar la conveniencia o inconveniencia de la inversión y, en consecuencia, autorizar o reprobar la suscripción del referido contrato. 

Suponiendo que habría, al menos, cierto consenso —político, académico y ciudadano— sobre la necesidad de contar con un mercado verdaderamente competitivo en el desarrollo de una industria de ciencia y tecnología, con políticas sociales que garanticen derechos y oportunidades, de fortalecer nuestro sistema público de salud, o políticas públicas en materia de seguridad pública. Todas esas sentidas y postergadas demandas requieren de un Estado con capacidades mínimas para diseñar fundadamente soluciones  a esos problemas y, sobre todo, implementarlas de manera efectiva. 

Un final de camino triste y sin brillo para los albos, si logran su objetivo. Todo esto pasa porque el futbol chileno hace mucho tiempo perdió el control de su actividad. La dirigencia nunca ha logrado controlar y disuadir los focos de violencia de un pequeño grupo, no tiene potestad sobre las programaciones, porque la figura del delegado presidencial o incluso los alcaldes de las ciudades pueden vetar o suspender algún partido. Y este año han sido varios. 

Tiene 19 años y está tratando de sacar primero y segundo medio en la escuela Padre Hurtado de Renca. Repitió sexto básico, el año en que su mamá cayó presa. No fue al colegio en pandemia. “Me la pasé en la casa con mi pololo”, cuenta y agrega que hoy irá a verlo a la cárcel. La flamante presidente del centro de alumnos de su colegio, tiene clara una cosa: no quiere ser delincuente. Dice que ha aprendido de lo malo. 

Pedagogo e investigador, docente en la Universidad de Magdalena en Colombia, ha publicado más de 40 libros relacionados con la educación. Entre otras actividades académicas, es director del grupo de investigación GIEDU: Epistemología Configurativa y Educación Decolonial (Categoría A en Colciencias). En esta entrevista habla, entre otros temas, del «giro decolonial «y cómo construir conocimiento a partir del contexto particular de cada región. 

La dirigenta gremial sostiene que el acto fue concebido para confrontar al Presidente Boric, por lo que ratificó el carácter de «encerrona» que habría tenido al acto inaugural del encuentro nacional de las pymes, máxime si se considera la coordinación para cantar el himno de Carabineros y el «acarreo» de asistentes en buses. Figueroa cuestionó a Cumsille ya que “se ubicó en el sitio donde siempre ha estado, que es estar ligado a la política contingente para relevar a un determinado sector político y no al comercio detallista, que es muy precario», al tiempo que deslizó críticas a la avanzada presidencial debido a la falta de medidas de seguridad en el ingreso al Círculo Español, lugar donde se desarrolló la cita. 

La denuncia la hizo el diputado del PDG Roberto Arroyo, quien sostuvo que los municipios de Estación Central, Valparaíso, Arica, Concepción, Talcahuano, Recoleta, Santiago, La Pintana, Ñuñoa y Puerto Natales, más el gobierno regional magallánico, «cometieron un acto ilegal, porque sobrepasaron sus atribuciones, que son exclusivas del Presidente y del Ministerio de Relaciones Exteriores». Ahora, dijo, «deberán retrotraer lo que obraron». El parlamentario precisó que no está en contra de la inmigración «sino de la inmigración ilegal con carácter de refugiado». El ente contralor les dio a las entidades aludidas un plazo de 60 días para deshacer los acuerdos firmados en enero pasado. 

“A pesar de que en las últimas semanas han sido varios los parlamentarios de diferentes sectores políticos que me han solicitado evaluar mi continuidad, yo quiero ser claro y categórico, mi renuncia es indeclinable y solicito expresamente a todos mis colegas que la acepten”, declaró el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD), al momento de oficializar su renuncia este viernes. Soto, quien seguirá en su actual cargo hasta el próximo 7 de noviembre, deberá cerrar su ciclo entregándole el cargo a otro diputado. En este caso diputada, porque la que cuenta con mayor apoyo para asumir es la PC Karol Cariola, nombre que en los últimos días, sin embargo, ha generado diversas reacciones contrarias a su llegada a la testera de la Cámara Baja, sobretodo después del triunfo del Rechazo en el pasado plebiscito de salida y que reordenó el escenario político. 

Hoy, en un contexto país más incierto al del día anterior al referéndum, continúa siendo central considerar el tipo de Estado a propiciar para el futuro de Chile: si uno en el que el Estado le reconoce a su población ciertos derechos civiles y políticos –también conocidos en la jerga jurídica como derechos de primera generación– pero que, en el caso de los derechos sociales, esta visión (Estado subsidiario) le limita su realización a la capacidad de compra que tengan los ciudadanos en el mercado, en cuyo contexto, además –en su condición de consumidores– con derechos prácticamente inexistentes. Adaptado al curso actual de la discusión de los bordes, esta nueva versión del Estado subsidiario, es el Estado social democrático y de libertades, para graficarlo en buen chileno, un jurel disfrazado de salmón.