Suponiendo que habría, al menos, cierto consenso —político, académico y ciudadano— sobre la necesidad de contar con un mercado verdaderamente competitivo en el desarrollo de una industria de ciencia y tecnología, con políticas sociales que garanticen derechos y oportunidades, de fortalecer nuestro sistema público de salud, o políticas públicas en materia de seguridad pública. Todas esas sentidas y postergadas demandas requieren de un Estado con capacidades mínimas para diseñar fundadamente soluciones a esos problemas y, sobre todo, implementarlas de manera efectiva.
