El informe de la PDI señala que el persecutor demoró meses en entregar la carpeta del caso a la policía y que debido al desorden de la misma se «comunicó dicha inquietud al Ministerio Público». La institución pudo acceder a la capeta recién el 30 de septiembre del 2021, a seis meses de despachada la orden de investigar. En el mismo informe, al que tuvo acceso El Mostrador, se da cuenta que en el caso de la víctima Yohua Patricio Osorio Arias, las quemaduras por acción de las llamas en el incendio de la fábrica y que presentó el cuerpo en el tórax, fueron post portem, vale decir después de muerto, por lo que recomiendan la exhumación del cadáver. 

«Todo esto nos parece difícil de comprender y nos parece además que no es el camino, especialmente si a uno le interesa la seguridad», dijo la vicepresidente Carolina Tohá por el rechazo de la Cámara de Diputados al presupuesto de seguridad 2023, que contempla un incremento del 4% respecto al anterior. «Yo me imagino que ayer en la noche las bandas de crimen organizado estaban celebrando», expresó Tohá. «Con la seguridad no se juega, es un tema demasiado sensible», enfatizó. El diputado Diego Schalper (RN) indicó ayer que “hemos rechazado el presupuesto de seguridad que ha presentado el Gobierno. Lo hacemos con la convicción de que subirle un 0,8% a la PDI, un 0,3% a la Fiscalía y un 2% a Carabineros no tiene presentación en el momento en que estamos”. 

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, habló con El Mostrador en La Clave sobre las críticas del partido contra la reforma previsional del Gobierno. «No interesa defender el sistema de capitalización individual solamente porque las administren las AFP, se trata fundamentalmente de defender la plata de los trabajadores y cómo somos capaces de mejorar las pensiones», dijo el timonel UDI. Sobre el aumento del 6% -con carga al empleador- en la cotización, dijo que «está bien». Sin embargo, apuntó que «está mal que ese 6% se quiera incorporar a una especie de cuenta nocional». 

El Grupo nace en julio de 2019, y su historia es la de un grupo de políticos y políticas iberoamericanos que, a diferencia de otros similares en el mundo, decidieron, en el momento más duro para la izquierda latinoamericana en el siglo XXI, articularse a título personal para remar en el bote de la cultura progresista latinoamericana y desde ahí levantar cabeza, contra viento y marea, para volver al poder y proteger a la gente. 

No he encontrado un solo documento público que dé cuenta de nuestra participación en APEC durante casi tres décadas. ¿Es esto simple torpeza, inoperancia o una astuta estrategia para mantenernos en la oscuridad y confundidos, para seguir viajando, sin tener que rendir cuentas de la actividad que se realiza? Mis disculpas anticipadas, pero la información que entregan los portales de la Subrei y del Servicio de Aduanas es muy “rasca”. La última algo mejor. Y, además, está desactualizada en dos o tres años. Sí, leyó bien. Desactualizada y heredada de Piñera: un récord. 

La situación actual de huelga nacional a la que se enfrentan los guardaparques de Conaf es reflejo de esta situación y da cuenta de la imperiosa necesidad de inyectar recursos que permitan a nuestras ASP ser resguardadas ante distintas amenazas, dotándolas de un número adecuado de personal debidamente equipado, y de infraestructura de acogida e información óptimas para que la actividad turística sea compatible con la protección de los ecosistemas y su biodiversidad. Estamos hablando de cifras necesarias para situarnos en un nuevo escenario de gestión de Áreas Protegidas; un escenario definido por estándares internacionales como los que nos propone la Lista Verde de la Unión para la Conservación de la Naturaleza o UICN, y que actualmente están siendo evaluados en Chile para una próxima implementación. Implementación que, sin embrago, requiere de financiamiento basal que hoy no existe. 

Ese fantasma que ronda a Chile y América Latina no viene desde los cuarteles, sino que desde los políticos electos democráticamente que realizan acciones que limitan o minimizan los regímenes democráticos. Esas acciones van desde proyectos de seguridad que coartan los derechos civiles, hasta utilizar las Fuerzas Armadas para presionar a las instituciones políticas, minimizar el acto político a solo elecciones, castigando otro tipo de manifestaciones o disidencia. La crisis económica y social post-COVID-19, el aumento de la delincuencia y la violencia, solo incrementan la aparición de estas figuras populistas, demagógicas y peligrosas. 

México tiene hoy una tasa de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo. De hecho, la ONG Save Democracy denunció que el país “enfrenta una creciente espiral de violencia criminal desde hace dos décadas que hoy alcanza niveles sin precedentes”. Según cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el gobierno de Calderón hubo 122 mil homicidios violentos, con Peña Nieto ocurrieron 150 mil asesinatos, mientras que hasta octubre pasado, en el Gobierno de AMLO –al que le restan menos de dos años para concluir–, ya se cuentan cerca de 140 mil homicidios dolosos.    

El desarrollo de la infraestructura de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 sigue dando que hablar, en especial por las irregularidades denunciadas ante el órgano contralor respecto de una obra que rompió todas las proyecciones de costos: el Centro Acuático del Estadio Nacional, cuyo costo inicial era de $17 mil millones y que en cosa de meses escaló hasta superar los $51 mil millones –lejos la obra más compleja y cara de todas–, incluso con claras proyecciones de aumentar. Diversas voces ligadas a los Panamericanos advierten de los peligros que entraña el procedimiento que permitió adjudicar el contrato a la empresa constructora Flesan, del grupo Salgado, que se repite en otros proyectos de la justa deportiva, mientras que en el Congreso apuntan a la necesidad de estar vigilantes al desarrollo de una iniciativa que ya no tiene margen de error, máxime cuando la firma a cargo puede experimentar problemas en medio de la severa crisis que afecta a la industria de la construcción, lo que obligaría al Estado a abrir nuevamente la billetera, pero esta vez a niveles aún más elevados.