Quizás es hora de ser realistas y revisar dónde nos equivocamos, corrigiendo o modificando lo que sea necesario para que la Cancillería sea una efectiva organización en su rol de darle soporte a la Presidencia de la República en la conducción de las relaciones exteriores de Chile, y que podría partir por la notificación oficial a quienes dejaron de pertenecer al Consejo Asesor de Política Exterior, ya que se informaron por la prensa de la reunión a la que ya no tenían derecho a participar, en lo que se podría calificar como una acción muy poco diplomática. 

En el camino hacia el desarrollo, la manufactura de la extracción del litio, junto a otras manufacturas, es parte de la gran solución a las exigencias sociales que hoy demanda el país, especialmente en Educación, Salud, Vivienda y Seguridad, por la alta cantidad de recursos que podría obtener el fisco. No se trata de oponernos a la simple extracción y posterior comercialización. No es así. Se debe promover que haya un paso adicional hacia la manufactura. Muchos advierten que, en tal caso, deberíamos competir con países que cuentan con la tecnología y que implicaría un gasto mayor. 

Los planteamientos de Eduardo Santos no parecen haber desvirtuado así, sin más, como él con gran entusiasmo argumenta, la necesidad de mantener al menos las actuales capacidades militares de Chile en un escenario de seguridad internacional altamente inestable, explosivo y muy polarizado y que, además, está socavando parte de las bases de su posicionamiento internacional basado en el Derecho Internacional. En este escenario, el país tiene intereses estratégicos relevantes tanto a nivel local cuanto en una perspectiva más global, lo que amerita no descuidar de ninguna manera sus capacidades de Defensa.     

Radicado en Punta Arenas, Francisco Sánchez se ha dedicado, durante los últimos 18 años, a recopilar antecedentes y documentos para estudiar el conflicto que en 1978 estuvo ad portas de convertirse en una guerra contra Argentina. 

Este episodio nos coloca en guardia respecto de la guerra híbrida, planteada por la doctrina Gerasimov, en que se combinan fuerzas convencionales, medios irregulares, represalias económicas, subversión social, y sobre todo toneladas de desinformación y verdades a medias, es decir, noticias falsas a granel. Ucrania sería el teatro de operaciones donde se ensaya el nuevo método, pareciera que no solo exclusivamente por parte de Rusia, esbozándose un polvorín que puede estallar en cualquier momento. Es que, aunque se haya sorteado aparentemente una mayor criticidad, previniendo una escalada acelerada, no se puede apostar a que cualquier otro error de cálculo precipite una beligerancia abierta con efecto cascada. 

Sin contendor y buscando entregar una señal de unidad al interior de una derecha fragmentada, el senador reconoce que el principal desafío de la mesa directiva que encabeza es el de reconquistar las bases territoriales, apostando fuertemente a un despliegue que permita a la colectividad obtener buenos resultados en las próximas elecciones municipales de 2024, pues asumen que hay voces en la calle, de sus militantes, que tienen una visión bastante crítica respecto al rol de la UDI a favor de la continuidad del proceso constituyente. La mesa directiva de reelección suma apoyos de militantes históricos, como Andrés Chadwick, y busca decididamente reforzar el apoyo de su base de militancia. Con una necesaria renovación, aunque con la sombra de la élite del partido –cercana a la dictadura militar–, y con un despliegue con poca resonancia mediática, Macaya asume el desafío de seguir conduciendo a la tienda, pensando en la posibilidad de volver a ser Gobierno en el mediano plazo. 

Han pasado cuatro meses desde que la ex alcaldesa de Antofagasta fuera descubierta como prófuga en Países Bajos y con ello puesta a disposición del tribunal de Róterdam. Mañana a las 5:30 de la mañana comenzará la audiencia para el proceso de extradición pedido por el Estado Chileno para el cumplimiento de la pena de 5 años y un día de cárcel efectiva por fraude al fisco. Su defensa alegará, frente al Tribunal de Países Bajos, que su defendida ha sido víctima de persecución política y que por eso huyó del país. Para ello se centrará en lo desproporcionada de la sentencia y en una seguidilla de intercambios verbales públicos -registrados por la prensa- entre ella y representantes de Renovación Nacional que demostrarían la necesidad de asilo. 

Un complejo panorama vive el sistema educacional chileno, con altos niveles de deserción y ausentismo derivados de la pandemia del Covid-19, en medio de un clima de violencia protagonizado por encapuchados que lanzan bombas molotov hacia la policía a la salida de establecimientos como el INBA o el Liceo de Aplicación. En este escenario, que tiene en alerta a distintas autoridades, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, prometió avanzar en un trabajo conjunto para no solo volver a vincular a estudiantes desertores, también para resolver temas como la calidad y cantidad de las raciones de alimentos de la Junaeb, mejorar la infraestructura escolar y la reformulación de los proyectos educativos. Respecto de los hechos de violencia, el jefe del Mineduc aseguró que, si bien la Ley Aula Segura existe y es aplicable en algunos casos, es más adecuado sancionar a estudiantes siguiendo los manuales de convivencia internos, con los que se puede llegar a la sanción más grave que significa la cancelación de la matricula y la expulsión. 

En un nuevo episodio de La Semana Política, Alejandra Mohor, investigadora en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la U. de Chile; y Cristián Riego, abogado y académico UDP; conversaron sobre la incertidumbre en torno a la polémica elección del próximo Fiscal Nacional. Al respecto, Riego señaló que la credibilidad tiene “que ser y parecer”, tanto desde el punto de vista de las propias autoridades, como de la ciudadanía”. Para esto, las autoridades tienen que tener muy claro que no pueden ni deben intentar influenciar al jefe del Ministerio Público, aun cuando en los hechos siempre es posible que ello ocurra. Mohor agregó, en tanto, que el elegido «tiene que ser coherente también con la mirada del Estado en general de la política criminal, de la política de seguridad. Si desde el Estado se está planteando la necesaria intersectorial, necesitamos un fiscal que sepa trabajar con otros actores».