Dos años después del homicidio del cabo de Carabineros Eugenio Naín, una ley lleva su nombre. En cosa de semanas su nombre ha sido citado y repetido innumerables veces. Nunca había estado tan presente su caso desde que cayó muerto, a los 24 años, en La Araucanía, cuando participaba de un procedimiento por un corte de ruta. Su caso judicial ha tomado otro camino. Su viuda Dahianna Pereira confiesa sentir «rabia, impotencia y con ganas de hacer justicia con mis propias manos», esto porque a dos años del homicidio dos de los tres involucrados en el crimen siguen prófugos. 

Países de Europa y América Latina han despejado trabas para incorporar mecanismos como el compliance público a través de la atribución de la responsabilidad penal a las personas jurídicas. Italia, España, Argentina y Paraguay han mostrado sendos avances en este sentido desde principios de los 2000. En Chile, este marco legal es regulado por la Ley 20.393, que en sus comienzos podía responsabilizar a las personas jurídicas en un número muy reducido de casos, pero se ha ido expandiendo considerablemente. Actualmente se tramita un proyecto de ley que podría incluir todos los delitos económicos dentro de este régimen jurídico. 

En el mundo privado este concepto y su significado están en el ADN de cada trabajadora y trabajador que sabe que su remuneración, su carrera, su emprendimiento o empresa y las proyecciones que tenga dependen principalmente de que haga su trabajo de la única forma posible: bien hecho. Sin embargo, en el sector público, cuyo trabajo muchas veces no es reconocido de manera justa, se producen y mantienen brechas e ineficiencias por largos períodos. Entonces, resulta positivo que Chile en su Constitución, así como España y Colombia, incorpore este principio de eficiencia en el actuar de los órganos del Estado, para que se mida y evalúe si un trabajo o un programa específico del sector público es eficaz y reaccionar en consecuencia. 

En el caso de Chile, con las normativas actual y futura, el país se posiciona como un candidato para transformarse en un vertedero internacional y facilitar el auge de un negocio que tiene innombrables aspectos negativos y, como lo hemos subrayado, puede tener nexo con el narcotráfico. La importación de productos como el ácido sulfúrico, a través de baterías de plomo, aumenta el riesgo de que ello sea utilizado para la producción de cocaína y drogas derivadas de ella por su uso como precursores. 

Perder ganando, es decir, mantener y defender los contenidos esenciales de su programa de gobierno, asumiendo el costo de un mal balance legislativo, le permitiría, de cara a la ciudadanía, mostrar coherencia con su identidad política y, a su vez, contribuir en proporcionar mayor claridad sobre las opciones, implicancias y diferencias que subyacen entre la centroizquierda e izquierda y la derecha chilena. Lo cual, por lo demás, es propio y natural al juego democrático. 

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, sostuvo que tras el encuentro fijaron medidas «que tienen que ver con la forma de notificar respecto a sus funciones administrativas, normas de usurpación, normas de delitos económicos, cambios en las libertades provisionales para los residentes. Una agenda que es muy importante para devolver la seguridad». En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic señaló que «el objetivo es llegar a un acuerdo de cómo se comienzan y cómo termina la agenda legislativa. Hay muchos proyectos de ley y tenemos que definir cuáles serán los más importantes, y eso es lo que estamos haciendo». 

Los expresidentes Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera asistieron el jueves al responso del cabo primero de Carabineros Daniel Palma, realizado en la iglesia de la institución, ubicada en Providencia, Región Metropolitana. Según conoció El Mostrador, la asistencia de los exmandatarios no se debió a un llamado de La Moneda, sino que a una sugerencia de sus propios escoltas. El primero en llegar al lugar fue Piñera y a los minutos siguientes arribaron Lagos y Bachelet. El Presidente Gabriel Boric también asistió, pero asistentes lo recibieron con pifias. 

«Vergüenza y pena» siente la exembajadora del «presidente encargado» Juan Guaidó en Chile, Guarequena Gutiérrez. La abogada manifiesta su consternación porque son venezolanos los supuestos responsables de la muerte de dos de los tres carabineros asesinados en el último mes. Gutiérrez declara su apoyo a la polémica medida anunciada por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, de prisión preventiva para todos los ciudadanos extranjeros que no puedan probar su identidad: «personalmente apoyo esta medida porque desde hace tiempo se necesita control en la migración. Hay venezolanos que entraron a Chile por pasos no habilitados». La ex representante diplomática insiste en su admiración por la institución policial: «la mayoría venimos de un país al que posiblemente no vayamos a regresar en el corto plazo. Queremos a Chile, nos preocupa Chile y respaldamos a Carabineros para que el país vuelva a tener la seguridad de hace 6 o 7 años. Esa era una de las cosas que nos gustaba de Chile y valoramos de Chile». 

Para el exembajador, el Estado de Chile enfrenta hoy tres problemas: ha perdido el control territorial efectivo, la sensación de inseguridad se ha incrementado por los últimos hechos de la delincuencia y el Estado de Derecho está debilitado. Ante la concurrencia de estos elementos, Gaspar opina que hay que convocar al Consejo de Seguridad Nacional, (Cosena) porque es el órgano en el que el Presidente puede reunir a todas las instituciones del Estado. «Esto permitiría tener una visión holística del problema de la seguridad y asesorar al Presidente, de modo de generar un plan con un objetivo muy claro, recuperar el control territorial total, para que nadie pueda sentirse atemorizado al caminar por las calles».