La desorientación de las autoridades y su tendencia al populismo penal, les impide diferenciar los planos en que deben actuar el Gobierno y el Congreso Nacional. Se debe entender que las leyes y normas que inciden sobre los procedimientos y protocolos de la policía son, en realidad, normas sobre la producción de paz social, legalidad, y legitimidad. Y que ellas deben estar sujetas al escrutinio público para resguardar el uso legítimo de la fuerza, pilares esenciales de las libertades y los derechos civiles.
