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La comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que indaga abusos y negligencias al interior de la Policía de Investigaciones (PDI) también citó a declarar a la ministra del Interior, Carolina Tohá; al director general de la PDI, Sergio Muñoz, y a otras autoridades. La comisión -cuyo funcionamiento termina el miércoles- revisó 38 denuncias sobre abuso laboral, abuso sexual, acoso, homicidios y suicidios, entre otros, al interior de la institución. 

La Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO) contempla un presupuesto de $39 mil millones de pesos para el 2023, dirigido a fortalecer a Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Aduanas, Directemar, Unidad de Análisis Financiero y Gendarmería. A su vez, considera 10 ejes, entre las que se encuentran el fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado (eje 1), desbaratar la economía del crimen organizado (eje 2), abordaje del crimen organizado en los recintos penitenciario (eje 4), y prevenir la corrupción en instituciones públicas (eje 8). 

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric sigue haciendo control de daños tras el segundo fracaso consecutivo para nombrar al próximo Fiscal Nacional, tras el rechazo en el Senado de Marta Herrera, la candidata preferida de la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte. La última estrategia -la que es liderada por el propio Mandatario- es desligar responsabilidad en la Cámara Alta por este nuevo mazazo político de la administración Boric. En el contexto de la crisis de seguridad que afecta al país, el Presidente apuntó que este nuevo rechazo permitirá «chipe libre» a los delincuentes. «Se termina facilitando la acción de los delincuentes y eso es algo que no podemos permitir», dijo. En esa misma línea, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, también criticó la labor de los senadores, afirmando que el rechazo es «una responsabilidad compartida». 

Rossana Costa valoró el acuerdo para redactar una nueva Constitución y estimó que si bien es un proceso que puede aumentar la incertidumbre, este es un tema que se puede solucionar en paralelo. Para la economista, el acuerdo constitucional «hay que vivirlo», se trata de un «camino incierto», pero en él «se puede ir manejando la incertidumbre». La titular del ente emisor destacó que los indicadores de incertidumbre han bajado tras los niveles que comenzaron a registrarse desde el comienzo del estallido social en octubre del 2019 y luego del primer intento para redactar una nueva Carta Magna, sin embargo aún deben consolidarse. A su juicio, «tenemos que ser cuidadosos». 

En conversación con El Mostrador en La Clave, el senador y miembro de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, Rodrigo Galilea (RN), se refirió a la fallida nominación de Marta Herrera para suceder en el cargo de Fiscal Nacional al cuestionado Jorge Abbott. En ese sentido, el legislador apuntó que la abogada «ha ejercido un cargo de primera importancia dentro de lo que es la Fiscalía Nacional por los últimos 10 años. Probablemente es la persona que más funciones acumula dentro de la Fiscalía». «Jefa de la Unidad Jurídica, jefa de la Unidad Anticorrupción, preside el comité que vela por todo el sistema de integridad de la Fiscalía y además es la vocera. Todos estos cargos de absoluta confianza del Fiscal Nacional», complementó. Asimismo, manifestó que «a ella le ha tocado y lo tocó implementar, guiar y gobernar, junto con el Fiscal Nacional a la Fiscalía. Eso algunos lo pueden mirar como un atributo, en mi caso yo lo observé como un problema». 

Incluso alcanzando menos votos que el primer candidato del Presidente Boric, José Morales, el Senado rechazó este lunes el nombre de Marta Herrera como Fiscal Nacional, provocando una nueva derrota para un atribulado Gobierno que, lejos de un tono autocrítico, culpó a sus adversarios políticos de generar disputas que afectaron el proceso. Acusada de representar el continuismo del saliente fiscal Jorge Abbott, Herrera nunca logró el consenso requerido e, incluso, parlamentarios especulan sobre un «Plan de fracaso» oficialista, orientado a nominarla para que fuese rechazada y, así, la Corte Suprema elaborara una nueva quina. Pero evidentemente, y más allá de los eventuales planes y estrategias del Ejecutivo, esta nueva derrota recae en la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, quien por segunda vez consecutiva no logró proteger al Presidente Gabriel Boric de un nuevo fracaso político. 

Los Estados miembros de la COP15 sellaron un acuerdo clave que busca frenar la pérdida de los ecosistemas. Este incluye la protección de un tercio del planeta –tierra y océano– para el año 2030 y reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. Si bien los acuerdos constituyen un paso significativo para enfrentar la pérdida de biodiversidad, en la actualidad en Chile no existe una institucionalidad a cargo de este tema. De hecho, hace más de diez años se discute en el Congreso la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). «Para nuestro país la deuda más grande que tenemos es que todos estos acuerdos que tienen que ver con biodiversidad requieren urgente la aprobación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que está a la espera de ser aprobada en el Congreso hace más de 12 años. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con gestionar la conservación y no tenemos ningún ente ni Estado que esté mandatando aquello», dice la directora de WCS Chile y doctora en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, Bárbara Saavedra. 

“Estamos haciendo el ejercicio de seguir resistiendo a partir de las herramientas que nosotras tenemos, desde nuestra trinchera de lucha, que es el activismo a partir de las artes y el activismo feminista específicamente”, comentan LASTESIS, en conversación con El Mostrador Braga, a propósito de su tercera publicación de la mano de Penguin Random House, “Polifonías feministas”, un tipo de ensayo combinado con varios formatos, que abarca una rotunda crítica a la violencia que ejercen los paradigmas capitalistas, patriarcales y coloniales. 

La izquierda llega al 50º aniversario del Golpe de Estado estando en La Moneda, pero debilitada políticamente, habiendo tenido tres presidentes y participado en el gobierno de otros dos. El PS/PPD, en los cuales participan ex DC que renunciaron al partido en 1969 y 1971, uniéndose a la UP, no tuvo un paradigma económico alternativo al de la derecha y subestimó las bases económicas y sociales de esta. Los errores del PS, PPD y PDC posibilitaron que la derecha llegara a La Moneda en 2010 y 2018, después de las presidencias de Michelle Bachelet (PS). Estos tres partidos, además, abrieron espacios para el surgimiento de una nueva izquierda, agrupada en el FA, y le ayudaron a que llegara a La Moneda cuando todavía no estaban preparados. La derrota en el plebiscito constitucional de salida del 4 de septiembre de 2022 confirmó que la izquierda mantiene el apoyo de una minoría de la sociedad y carece de un partido centrista para formar una alternativa de gobierno. La conmemoración del Golpe de Estado no podrá esquivar su historia de derrotas, de entonces y de ahora. 

¿Hay algo más desquiciado que la historia de Lissette Villa? ¿Hay algo más insano que su cuerpo siendo explotado hasta después de muerta? ¿Es cuerdo que esa vida se conociera a través de programas periodísticos de investigación? ¿Es razonable que la niña valiera más muerta que viva? ¿Es lógico que su tragedia despertara interés nacional, provocara lágrimas y encendidos y piadosos discursos de quienes detentan el poder? Qué enervante tanta falta de amor. Porque el amor será un recurso renovable, pero está en manos de privados y hasta en eso existe desigualdad.