Categoría: Nacional

Según la ONG Global Forest Watch, en Chile la temporada alta de incendios generalmente comienza a mediados de diciembre y dura alrededor de 20 semanas. Actualmente, de acuerdo a datos de la Conaf, en el periodo 2022-2023 se han registrado 2.251 incendios forestales y se han visto afectadas 30.967 hectáreas. Entre 2017 y 2021, el país vivió grandes incendios que quemaron miles de hectáreas, ¿Cómo ha cambiado el manejo de estos incidentes en los últimos años? El doctor en Recursos Naturales y Sostenibilidad e investigador del Laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de Chile, Miguel Castillo Soto, explicó a El Mostrador que, en los últimos años, «ha habido un esfuerzo evidente en la dotación de recursos económicos para potenciar fuertemente los programas de prevención de combate de incendios, tanto en el aparato estatal como privado». 

Actualmente el nivel de avance es relativamente bajo, a partir del análisis de las cifras de la División de Gobierno Digital de Segpres. Algunos datos llaman la atención por el bajo nivel de avance: a la fecha, solo un 30% de los trámites ha sido digitalizado y un 49% de los servicios públicos del gobierno central está utilizando el sistema de Clave Única. Si estos niveles de avance los llevamos al universo total (agregando municipios), los números bajan sustancialmente. 

El neoliberalismo es una de las varias ramas del árbol liberal. Una rama que a partir de 1975 empezó a tener éxito no solo en Chile, sino en todo el mundo y en variadas aplicaciones prácticas de sus planteamientos, unas más extremas, otras menos. Lo raro es que, con esa evidencia ante sus ojos y con una temprana y hasta paradigmática aplicación en nuestro propio país, los neoliberales locales nieguen la existencia del neoliberalismo y se hagan pasar simplemente por liberales. 

Los líderes latinoamericanos entregan una señal errónea, toda vez que prefieren defender a sus “amigos”, en lugar de condenar los hechos. La afinidad política e ideológica no significa la justificación de cualquier acto. Lo mínimo que se espera de nuestros líderes es que condenen la corrupción, cualquier evento antidemocrático y sean un ejemplo para la sociedad. De lo contrario, ¿cómo se exige probidad a los ciudadanos?, ¿cómo recuperamos la confianza de la sociedad en sus autoridades e instituciones?, ¿cómo fortalecemos la democracia y el Estado de derecho? 

En la columna anterior me centré en la etapa de ahorro previsional. En esta segunda parte, abordaré los puntos a tener en cuenta en la etapa de desahorro. La reforma actual al sistema de pensiones apunta principalmente a aumentar de 10% a 16% el monto de aporte mensual, donde una parte irá a un fondo común con cuentas nocionales. Además, se pretende establecer un sistema de pensión del tipo “defined benefits” sin parametrizar ni contabilizar correctamente y se vuelve a caer en la trampa del retorno esperado, olvidando el Equivalente Cierto. Implementar dichas reformas sin abordar previamente ninguno de los problemas estructurales del modelo ni los graves errores conceptuales tratados en esta columna y su predecesora, resultará inevitablemente en “enredar” y profundizar aún más la entropía del sistema. 

En esta ocasión, queremos plantear al menos tres desafíos que se consideran importantes para los próximos 10 años, si se quiere fortalecer el modelo institucional ambiental del país para aumentar en efectividad y eficiencia, confianza pública y, sobre todo, protección y conservación de nuestro patrimonio ambiental. 

La querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) va dirigida contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, José Renato Sepúlveda Nebel, Antonia Larraín Prieto, Domingo Prieto Urrejola -los últimos tres pertenecían al círculo de confianza del exalcalde-, Augusto César Silva Silva y Arnaldo Cañas González. El CDE presentó la acción judicial por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y distracción indebida. «La decisión unánime del órgano colegiado se funda en los antecedentes que, a la fecha, ha tenido a la vista de la carpeta investigativa y que darían cuenta de la ejecución de diversos mecanismos para la sustracción de cuantiosos recursos fiscales, propósito para el cual los querellados habrían actuado concertada y reiteradamente», indicaron desde el CDE en un comunicado. 

Mediante un comunicado, la casa de estudios liderada por Rosa Devés reafirmó la misión de defensa de los Derechos Humanos, así como la protección de niños, niñas y adolescentes, afirmando que se tomarán medidas concretas para determinar la responsabilidad ante los hechos. “En el contexto de la discusión pública que han generado los trabajos de titulación y graduación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que abordan temáticas de pedofilia y pederastia, repudiamos categóricamente todo contenido que afecte y vulnere la dignidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes y de cualquier otro grupo social”, dicen. 

En conversación con El Mostrador en La Clave, la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, se refirió al proceso que se ha llevado adelante para buscar un nuevo Fiscal Nacional en reemplazo del cuestionado Jorge Abbott a la cabeza del Ministerio Público. En ese sentido, la parlamentaria declaró que «llenar el cargo es uno sino el más importante que tenemos que nombrar dada la circunstancia en que se encuentra en materia delincuencial, crimen organizado y delitos violentos, nuestro país. No nos podemos equivocar, esto merece una conversación seria entre el Ejecutivo con los senadores y las distintas bancadas y tratar de buscar cual es el nombre que podría lograr consenso y reunir los mayores atributos para ocupar el cargo de Fiscal Nacional». «Espero que el Ejecutivo, una vez llenada la quina, sí sea conversada con los senadores para que no vaya directo al fracaso nuevamente», complementó.  

Tras semanas de incertidumbre, que incluyeron hasta un llamado del Presidente Gabriel Boric al líder de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, el máximo tribunal logró dar con el nombre que integrará la quina para reemplazar al cuestionado Jorge Abbott. Con 10 votos a favor, la Corte escogió a la abogada de la Pontificia Universidad Católica, Erika Maira Bravo, quién actualmente se desempeña como gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público. [EN DESARROLLO]