SMA se lanza contra proyectos inmobiliarios de la elite por construir en zonas de preservación ecológica

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento para exigir evaluación ambiental a los proyectos Hacienda Guay Guay y Mirador Pie Andino, al igual que en los casos de La Cumbre y Chaguay. Estos cuatro complejos están estrechamente ligados a personas “poderosas”, como Gabriela Luksic, hermana de Andrónico –de la familia controladora, entre otros, del Grupo Quiñenco, uno de los mayores conglomerados empresariales de Chile–; Vittorio Corbo Urzúa, hijo de Vittorio, expresidente del Banco Central y cotizado asesor y director de grandes empresas; Diego Errázuriz Zañartu, hijo de Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción; y José Luis Délano, hijo del empresario Carlos "Choclo" Délano –familia dueña del proyecto minero Dominga y controladora del cuestionado grupo Penta–. Estos proyectos inmobiliarios tienen un historial de denuncias ambientales que hasta ahora habían sido desoídas, incluso una querella criminal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), por desarrollar obras en una zona rural de protección ecológica al margen de la regulación urbanística. 

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento para exigir evaluación ambiental a los proyectos Hacienda Guay Guay y Mirador Pie Andino, al igual que en los casos de La Cumbre y Chaguay. Estos cuatro complejos están estrechamente ligados a personas “poderosas”, como Gabriela Luksic, hermana de Andrónico –de la familia controladora, entre otros, del Grupo Quiñenco, uno de los mayores conglomerados empresariales de Chile–; Vittorio Corbo Urzúa, hijo de Vittorio, expresidente del Banco Central y cotizado asesor y director de grandes empresas; Diego Errázuriz Zañartu, hijo de Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción; y José Luis Délano, hijo del empresario Carlos «Choclo» Délano –familia dueña del proyecto minero Dominga y controladora del cuestionado grupo Penta–. Estos proyectos inmobiliarios tienen un historial de denuncias ambientales que hasta ahora habían sido desoídas, incluso una querella criminal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), por desarrollar obras en una zona rural de protección ecológica al margen de la regulación urbanística. 

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