Para legitimar el sistema político hay que dar señales y la clase política hoy tiene en sus manos una tremenda oportunidad de hacerlo. No son eslóganes las ideas y voluntades de lograr amplios acuerdos. Que estos no se lograran en la Mesa de Diálogo Constitucional sería un fracaso rotundo de la política y sus representantes. Se ha llegado a un punto en que todos tienen que ceder un poco, así se logran las mayorías y, por lo demás, la democracia supone que quienes ganan, no lo ganan todo, y los que pierden, no lo hacen para siempre. De allí que las reglas democráticas deben proteger los derechos de quienes quedan en minoría. 

Es lo que hay… Es un acuerdo en la medida de lo posible. Es lo que nuestras fuerzas políticas pudieron negociar y acordar. Mal que mal, con el Rechazo en el plebiscito de septiembre, la oposición mantuvo su poder de veto para las modificaciones constitucionales. Y lo ejerció, simplemente. Quizá el oficialismo cedió demasiado. Quizá no había alternativa y correspondía ser pragmático y acordar algo, aunque sea imperfecto. Habrá que esperar el producto final. 

La derecha está jugando con fuego al volver a sus pretensiones de recreación de privilegios institucionales –los económicos no los abandonará nunca, pues son su razón de ser– y poner en cuestión que la única legitimidad posible para un sistema político estable en Chile es la de tipo democrático, es decir, sustentada en la soberanía popular periódicamente expresada, en la separación de poderes y en un régimen de libertades y derechos. En todo caso, el Gobierno deberá impulsar todas las reformas constitucionales parciales por 4/7 que estime necesarias, de persistir la voluntad de bloqueo del proceso constituyente por la derecha. Entretanto, los “acuerdos imperfectos” que son un retroceso respecto a la situación vigente, manifiestamente no tienen sentido. 

Tras los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en donde afirmó que Chile ya se encuentra en recesión, los expertos y académicos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), Guillermo Larraín y Emmanuelle Barozet, analizaron los efectos del bajo crecimiento económico en la clase media y contrastaron la situación actual con crisis anteriores, tanto respecto al desarrollo del país como a los actores económicos. «Lo que caracteriza a este ciclo en particular es que existe un fenómeno inflacionario. Esto no ocurrió, o al menos no con tanta fuerza, en la crisis del 2008 o de 1998” (también hubo una pequeña sublevación inflacionaria, pero como consecuencia de las medidas que tomó el Gobierno), señaló Larraín. Complementando esto, Barozet indicó que «las familias chilenas ya están siendo impactadas desde hace bastante tiempo. Cualquiera que sea el escenario 2023, el país está en una situación más difícil desde mediados de la década pasada». 

Ante la crisis climática, la guerra y la polarización política, causantes de un ánimo de alteración global, el ex secretario general de las Naciones Unidas aseguró que «es el momento para que todos actuemos como ciudadanos globales”. A juicio del diplomático surcoreano –quien presentó la primera versión en español de su libro «Hijo de la guerra, hombre de paz. Unir naciones en un mundo dividido»–, antes de ser chileno, colombiano o mexicano, «usted es un ciudadano global». Y es que ninguno de los problemas que enfrenta hoy el mundo es un hecho aislado para el estadista que dejó su cargo en la ONU en 2016 –aunque su preocupación sigue vigente–. Por ejemplo, dijo, «todos podemos estar de acuerdo en que la crisis climática es un desastre compartido”, al tiempo que reconoció que durante su tiempo a la cabeza de la organización internacional se sintió decepcionado de algunos «presidentes y primeros ministros que han actuado por sí solos». 

Desde el ex-Congreso Nacional (donde se desarrollaron gran parte de los diálogos entre los partidos), el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), y el timonel de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL), presentaron el «Acuerdo por Chile», que habilita la continuación del proceso constituyente. El acuerdo suscrito entre los partidos contempla cuatro ejes: bases constitucionales, órganos del proceso constitucional, plebiscito ratificatorio e itinerario constitucional. [ACTUALIZADA] 

Serán 50 elegidos democráticamente, será paritario y contará con participación indígena proporcional; mientras el comité de expertos será de 24 personas (12 de la Cámara de Diputadas y Diputados y 12 del Senado). El comité elaborará una propuesta de borrador no vinculante, ya que comenzarán a trabajar en enero con ideas matrices sobre la cual trabajará el “Consejo Constitucional”, nombre que tendría el nuevo órgano. Los expertos pueden incidir al final en armonizar el texto, pero no podrán vetarlo al final. El texto definitivo no tendrá que pasar por ratificación del Congreso. 

El secretario general del Partido Comunista asegura que hay un cálculo que obliga a Chile Vamos a mirar a Republicanos y al PDG. «Tienen ganas de hacer un esfuerzo, pero miran para el lado y se dan cuenta de que cualquier cosa puede ser utilizado y ser desacreditados por las otras fuerzas políticas», señala. En ese escenario es que para Carmona «Amarillos terminan jugando un papel de endurecer más las cosas, de endurecer más la posición, y les guste o no, esa posición le sirve más a la derecha que no está en la negociación, que es la más dura». De acuerdo al secretario general del PC, «si no se toma en cuenta de verdad a la soberanía popular, que es la expresión democrática de la ciudadanía, lo que resulte será una Constitución gatopardista». 

Hasta este miércoles el Gobierno se autoimpuso el plazo para ingresar al Senado el nuevo nombre del candidato a Fiscal Nacional, que reemplace al saliente Jorge Abbott. Al respecto, desde la comisión de Constitución de la Cámara Alta, su presidente, Matías Walker, cree que la Corte Suprema ha llevado su cometido de forma correcta, y que según piensa, un nuevo concurso hubiese implicado una dilación excesiva en el proceso. En relación a la defensa que hiciera el candidato a fiscal nacional Miguel Ángel Valencia Vásquez, de un condenado por violación a una menor, el parlamentario cree que es correcto que los candidatos respondan por la gravedad de los delitos de los imputados que defienden y «que todos los candidatos estén sujetos a un escrutinio público».