Además, en esta edición del newsletter de ciencia y cultura de El Mostrador: el mamífero que no envejece y puede ser clave para combatir el cáncer, el impacto del uso de redes sociales en los jóvenes a nivel cerebral y la fórmula del éxito del artista argentino Bizarrap. 

No hay opciones de traer grandes nombres, el mercado no lo permite y, al contrario, las pocas figuras que había emigran a latitudes más potentes en lo deportivo y económico. Seguirá siendo muy difícil pretender conseguir el concurso de esas figuras que le entreguen un plus al torneo. Pero, bueno, quienes queremos esta actividad, siempre tenemos la esperanza de ver un torneo atractivo y con episodios de emoción. 

El tren que viene de Santiago tendrá que hacer varias paradas por la realidad de la región para empaparse de sus prioridades y necesidades. No debiese ser un proyecto “en la medida de lo posible”, muy común en la gestión del actual Ejecutivo, pues existe una deuda histórica con la Región de Valparaíso y proyectos como estos podrían repararla o profundizarla aun más. 

Respondiendo de algún modo al título de la columna, ¿es el Fiscal Nacional el encargado de la Política Criminal en Chile? La respuesta es negativa. El Fiscal Nacional, a diferencia de lo que se ha señalado en las discusiones y votaciones en el Senado o por muchos comentaristas consultados en su calidad de expertos, no tiene la potestad ni constitucional, ni legal ni reglamentaria de crear Políticas Criminales. Lo que sí corresponde a la Fiscalía es crear políticas de persecución del delito (no de prevención), de mejoramiento de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de que dispone, someter a los organismos auxiliares de la persecución criminal a sus políticas para lograr la maximización de sus resultados, pero jamás intervenir en asuntos políticos (como la creación de leyes penales), jurisdiccionales (sanción al ilícito) o penitenciarias. 

No es entendible que Chile no haya firmado el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (Pacto de Marrakech) y sus 23 objetivos (cooperación para abordar las causas, mejorar las vías legales, medidas concretas en contra de la trata de personas, respeto de los derechos de las personas, regreso seguro y digno). Tampoco es entendible que Chile carezca de una Estrategia Nacional de Seguridad, anclada al modelo de desarrollo democrático, que permita una ecuación compleja entre desafíos-amenazas-riegos, capacidades, recursos y repuestas sistémicas (sinergias) frente a temas complejos y dinámicos como el de las migraciones o la seguridad. Extraña también que no haya una socialización pública, una educación cívica tolerante e inclusiva 

El secretario general del PPD confirmó la decisión partidaria de concurrir con dos listas oficialistas a la elección de consejeros constitucionales, cuyo plazo de inscripción de candidatos finaliza el próximo 6 de febrero. «Tenemos la convicción de que en la situación actual es necesario ampliar la base de apoyo social y política que este Gobierno tiene. Debemos salir del nicho electoral, y hablarles a los sectores moderados y de centro», señaló Toro Kemp. En ese sentido, agregó que, si bien «mantienen el firme convencimiento de lealtad y apoyo hacia el Gobierno», no están dadas las condiciones para una lista única con Apruebo Dignidad, debido a las diferencias identitarias, expresadas, por ejemplo, en la polémica por los indultos. «Yo no me imagino a los candidatos de Socialismo Democrático teniendo que dar explicaciones por afirmaciones o comentarios de Apruebo Dignidad. Es complejo y eso se tiene que evaluar en la construcción de una lista electoral», indicó. 

Dos ejecutivas condenadas por fraude al fisco y malversación de fondos y representantes legales de las agencias de viaje investigadas en el marco del caso Milicogate, siguen trabajando y vendiendo paquetes aéreos al Estado. Según la Ley de Compras, empresas como Turavion y Latrach no tienen que ser inhabilitadas para participar de licitaciones y convenios marco, a pesar de haber sido parte de casos de corrupción. Fuentes expertas aseguran que esta norma no contempla sanciones suficientes para los proveedores que han incurrido en fraudes, además de ser deficiente en materias de transparencia y probidad. 

La ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró las señales de la oposición para buscar reintegrar la mesa de seguridad. No obstante, advirtió que una de las condiciones para aquello, que es que se «revoquen» los indultos otorgados por el Presidente Boric, no es factible. En ese sentido, Tohá apuntó que «no hay una herramienta en que la autoridad pueda revertir los indultos, otra cosa son los análisis que pueden hacer otros organismos respecto a cómo fue hecho el proceso. Una herramienta para que la autoridad directamente lo haga no existe». «Pero me quiero quedar con el fondo, que es la voluntad de buscar caminos para recuperar ese trabajo, porque ahí no es que haya acuerdos por lograr. Ya se lograron muchos acuerdos y cerrar ese compromiso lo que va a significar es transformar esos compromisos a una voluntad declarada de sacar adelante esas ideas entre todos», complementó. 

La acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, incluye, entre otras materias, la renuncia de la exseremi metropolitana de la cartera Patricia Hidalgo. La otrora autoridad de Gobierno acusó haber recibido «presiones indebidas» del Gobierno para aprobar proyectos en el Comité de Evaluación del Servicio de Evaluación Medioambiental con los que no estaba de acuerdo. En su defensa -enviada a la comisión revisora de la AC-, el titular de Desarrollo Social apuntó que “no hay acción ni omisión imputable a este ministro. Aun si los hechos descritos por la exseremi de Desarrollo Social y Familia hubieran acaecido en la forma en que ella los ha descrito, y aún si estos hechos se considerasen ‘presiones políticas indebidas’, ninguno constituye un hecho personal de este ministro».