«Yo creo que están en su derecho de ejercer la acciones que estimen políticamente y jurídicamente, pero lo que no me parece es que se caiga en un chantaje al Gobierno», dijo la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, en conversación con El Mostrador en La Clave. En esa línea, sostuvo que «el respeto a la institucionalidad es de lado y lado. Se le exige al Presidente que respete a la institucionalidad, yo creo que también tenemos que exigirle a los senadores que lo hagan». Recordemos que tras los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric, la oposición se bajó de la mesa de seguridad del Ejecutivo y presentó una acusación constitucional contra la ahora exministra de Justicia, Marcela Ríos. Diputados de Chile Vamos también propusieron una comisión investigadora sobre los indultos. 

Pese a que El Mostrador develó oportunamente un consolidado vínculo entre el nuevo Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y el cuestionado exalcalde Felipe Guevara, lo que paradójicamente fue negado por Valencia ante el Senado. «No conozco a don Luis Felipe Guevara Stephens; no soy su abogado, no he tenido causas que este me haya encargado o me haya delegado o designado», sostuvo ante la Cámara Alta. Sin embargo, una nota de hoy de Ciper Chile revela nuevos antecedentes: Ángel Valencia aparece en las planillas del personal municipal de Lo Barnechea con 57 pagos que recibió de la municipalidad que dirigía Guevara, hasta 2019, cuestión autorizada expresamente por el Concejo Municipal, que presidió Guevara. Pero el vínculo no termina ahí. Según la publicación, cuando el exalcalde Guevara arribó a la Intendencia de Santiago para el estallido social, con él también llegó Valencia. 

Los cambios de uso de suelo han llevado a ecosistemas nativos a una condición de fragmentación y vulnerabilidad que amenaza su supervivencia. Las facilidades que Chile ha otorgado para potenciar el crecimiento económico versus el avance de la legislación en materia ambiental, de regulación y ordenamiento territorial, presentan un importante desfase. Por ello, es una buena señal que, como primer paso, se apruebe la ley que busca el resguardo de los ecosistemas nativos afectados por incendios forestales, para posteriormente avanzar en la modernización de otros instrumentos de carácter ambiental y de planificación territorial. 

Desde luego Bolsonaro, aunque se encuentre a miles de kilómetros de distancia, tiene una parte en toda esta trama, dado que incluso la “omisión” implica responsabilidad política. El negarse a reconocer el resultado de las urnas y consentir que cientos de sus partidarios acamparan fuera de cuarteles militares durante 2 meses, reaccionando con declaraciones condenatorias recién al descubrirse el plan de George De Oliveira Sousa para volar un camión con combustible en el aeropuerto de Brasilia, con el propósito de impedir la asunción de Lula. En palabras de Ralf Dahrendorf en “Ley y Orden” (1994), el nuevo totalitarismo trata simplemente de ignorar al Estado de derecho y subvertir la ley democrática, actuando simplemente como si no existiera. 

Se esperaba que, con la llegada del Gobierno de Boric y la poca amistad de algunos con las instituciones de la Defensa, sumado ello a las promesas de campaña, el uso de las Fuerzas Armadas bajara notoriamente. Pero bastó un par de meses para que se tuvieran que tragar sus palabras y ya no solo se pide la presencia en la Macrozona Sur, sino también en toda la extensión de la frontera con el Perú y la República Plurinacional de Bolivia, pasando a ser algo normal, y que no llama la atención, la renovación del Estado de Emergencia de La Araucanía. 

Gabriela Valdés, residente en el país trasandino desde 2015, fue destacada por su libro «Cuidado con el coco». «A partir de un humor ácido se despliegan críticas al mundo en el que vivimos: la rutina laboral, la cotidianidad asfixiante, el aburrimiento, la vacuidad de las redes sociales. Un mundo que podría imaginarse en tonalidades grisáceas. Sin embargo, los dibujos evidencian una explosión del color y una línea con mucha frescura que en múltiples ocasiones revitaliza o contrapesa aquello que sucede a nivel argumental», señaló el sitio Indiehoy. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo 8 de cada 10 mujeres se encargan de administrar y proveer de agua a sus hogares. Sin embargo, la participación de ellas en el sector de toma de decisiones y liderazgo de los recursos hídricos es apenas de un 23,7% a nivel nacional, siendo las más afectadas física, emocional y laboralmente por la escasez del vital elemento. 

El abogado, exsubsecretario general de Gobierno y secretario general de la U. Central sostiene que, ante la polémica sobre la legitimidad de los indultos otorgados por el Presidente Boric, no será la «Corte Suprema, ni una comisión investigadora, ni una acusación constitucional, ni el Tribunal Constitucional quien va a solucionar este asunto. El destino de los indultos está en la mesa del contralor». Según Carabantes, el contralor Jorge Bermúdez tiene dos caminos: «O declarar la legalidad de todo lo obrado en materia de indultos, o declarar la ilegalidad del decreto supremo fundado por el cual se concedieron los indultos. Ocurrido esto último, podría exigir al Ministerio de Justicia que inicie un procedimiento invalidatorio de estos decretos». 

La iniciativa contó con 46 votos a favor y sólo uno en contra, de la senadora independiente Fabiola Campillai. En concreto, lo que hace es permitir al Ejecutivo convocar a las Fuerzas Armadas a proteger infraestructura crítica ante un peligro «grave o inminente» de esta, entendiendo por infraestructura crítica el conjunto de instalaciones o servicios esenciales y de utilidad pública. Uno de los que votó a favor fue el senador DC Francisco Huenchumilla, quien señaló que el proyecto “permite tener hoy día una arquitectura jurídica nueva, para que el estado pueda enfrentar los distintos riesgos que tenemos». La iniciativa pasará a su siguiente trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.