La acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, incluye, entre otras materias, la renuncia de la exseremi metropolitana de la cartera Patricia Hidalgo. La otrora autoridad de Gobierno acusó haber recibido «presiones indebidas» del Gobierno para aprobar proyectos en el Comité de Evaluación del Servicio de Evaluación Medioambiental con los que no estaba de acuerdo. En su defensa -enviada a la comisión revisora de la AC-, el titular de Desarrollo Social apuntó que “no hay acción ni omisión imputable a este ministro. Aun si los hechos descritos por la exseremi de Desarrollo Social y Familia hubieran acaecido en la forma en que ella los ha descrito, y aún si estos hechos se considerasen ‘presiones políticas indebidas’, ninguno constituye un hecho personal de este ministro».
