El diputado de Renovación Nacional e integrante la Comisión de Seguridad Ciudadana, José Miguel Castro, estuvo en el programa «Al Pan, Pan» de El Mostrador Radio, donde abordó la agenda de seguridad que debe llevar el Gobierno, esto tras la suspensión de la semana distrital para debatir los proyectos de seguridad que se encuentran en el Parlamento. Al respecto, precisó que “Estamos seguros de que lo lógico es que se le entreguen mayores atribuciones a Carabineros». «No necesito simbolismo, necesito leyes», agregó. Asimismo, el parlamentario por la región de Antofagasta criticó a personeros del oficialismo por no pedir disculpas a la institución luego de emitir falsas acusaciones y desprestigiarlos. «Yo me di cuenta cómo se perdió el respeto a Carabineros producto de los Leonardo Soto (Partido Socialista) sacando fotos con el perro matapacos, iba junto al INDH», indicó al respecto.  

El Ejecutivo y el Congreso acordaron ayer despachar 15 proyectos ligados a la seguridad pública en un plazo de tres meses. Esto, tras el asesinato de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares, ocurrido la madrugada del domingo en medio de un procedimiento policial. Consultada si la agenda de Gobierno cambia tras el asesinato de Olivares, Tohá dijo que “la agenda no cambia, lo que yo creo que cambia es el clima donde se hace evidente que hay que trabajar más unidos y más rápido”. A su vez, señaló que “acá no hay piedra de tope, el único tope es cuando no tenemos disposición de encontrar soluciones a las diferencias. Creo que hoy hay clima de buscar esas soluciones”. 

Dada la demora en entrar a producir más litio que ha sucedido en Chile, en la espera de crear una empresa estatal, sería necesario recurrir cuanto antes a otras alternativas, como buscar la participación del sector privado que disponga de recursos financieros y capacidad tecnológica, que se asocie al sector público en la propiedad, como arrendatario, o pagando impuestos para participar. Así lo ha reconocido la ministra de Minería, al señalar que “no lo podemos hacer solos”. Para ello sería indispensable efectuar algunas prontas modificaciones en las regulaciones y normativas vigentes. 

La geografía y el Derecho Internacional del siglo XXI parecen estar del lado chileno. Desde este ángulo, ambas disciplinas invitan a demostrar  la continuidad del territorio chileno entre la terra firme antártica y los archipiélagos del Cabo de Hornos y Diego Ramírez. Para ello, sin embargo, son necesarias visión de conjunto, voluntad y unidad política. Esto, porque más allá de cualquier duda, esta disputa impacta (e impactará) la relación bilateral, demandando un gran esfuerzo al conjunto de la sociedad chilena. 

Así, propongo incorporar en el nuevo texto constitucional las siguientes normas relacionadas con las aguas: “Las aguas son bienes nacionales de uso público, por lo que su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable, que debe ser garantizado por el Estado en condiciones de igualdad y no discriminación. Es deber del Estado proteger las aguas para la conservación de la naturaleza y los ecosistemas, en resguardo de las generaciones futuras (…). 

Hace falta un acuerdo o pacto fiscal, social y político, basado en una amplia discusión pública que determine qué queremos financiar en los próximos 10 años y sobre esa base estimar lo requerimientos. En la negociación se podría buscar un punto intermedio en torno a 2,5 puntos del PIB. El resto requerido exigiría alargar en el tiempo el programa de cambios. El pacto fiscal debe incorporar criterios de equidad en que “los que ganan más, paguen más”. También, para crecer más y asegurar la sostenibilidad de las reformas, debemos transitar prontamente hacia una economía basada en el conocimiento, agregando valor a la enorme base de recursos naturales de la que disponemos; a un Estado de Bienestar que asegure educación de calidad, clave para el desarrollo; salud, con atención adecuada y oportuna para toda la población; y pensiones que aseguren que jubilarse no signifique caer en la pobreza. Tampoco podemos olvidar recursos para asegurar nuestras fronteras de la inmigración ilegal y proteger a nuestros compatriotas del crimen organizado. 

Si bien Isidoro Quiroga no es un rostro conocido de la revista Forbes, la cantidad de fortuna que ha logrado amasar lo ubica –de todas maneras– dentro de los hombres más ricos del mundo. Especialmente luego que vendiera la salmonera Australis Seafoods a la empresa china Joyvio, filial del inversor asiático Legend Holding Corporation, por US$921 millones. Hoy, el empresario que comenzó sus negocios con las plantaciones de kiwis se encuentra en el ojo del huracán, luego que los chinos lo acusaran de engaño, de entregarles información incompleta, y piden la restitución de los US$921 millones. Este artículo, con el perfil de Quiroga, fue publicado en 2012 y, ahora, El Mostrador decide republicarlo debido al interés público que ha generado el conflicto con los empresarios chinos. 

Para el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, la declaración de la XVIII Cumbre Iberoamericana es un espaldarazo para Chile, pues no abre posibilidades para que Bolivia coloque la demanda marítima como una condición para sentarse a hablar el delicado tema migratorio. Al respecto, José Rodríguez Elizondo destaca el hecho de que el documento establezca «claramente que el tema de la migración requiere una adecuada gestión de los flujos migratorios, un diálogo sobre la gobernanza migratoria abierto, inclusivo y transparente y responsabilidades compartidas de los Estados». 

En conversación con «Al Pan Pan», nuevo programa radial de El Mostrador, el senador Daniel Núñez (PC) aborda la muerte de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, asesinada en medio de un control policial en Quilpué. El parlamentario emplazó a la oposición para que no le endose al oficialismo la responsabilidad en la deslegitimación de la institución y recordó que entre las razones de la baja de su prestigio estuvo «el comportamiento de los altos mandos de Carabineros con el famoso Pacogate» y también las «lamentables violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el estallido social». Nuñez concluye: «La derecha está tratando de sacar un rédito político de esta situación, y me parece que eso es absolutamente reprochable, y no lo voy a aceptar y lo voy a denunciar en todas partes», complementó.