El aspecto más sustancial de toda esta discusión se encuentra en un espacio que media entre la irrelevancia, la posibilidad de excesos o de efectos derechamente contraproducentes. El proyecto Naín-Retamal introduce una regla de “legítima defensa privilegiada” para el uso de fuerza letal por las policías en tres clases de situaciones: ante agresiones con armas (blancas), ante agresiones físicas por dos o más individuos con riesgo de causar lesiones graves, y para impedir la perpetración de delitos graves. En su orientación, parece no apuntar a nada que no sea lo que sus autores llaman “sentido común”. En estos casos, si el uso del arma de fuego resulta necesario –y muy probablemente lo sea–, es razonable que sea lícito. Pero el proyecto lo hace por una vía que, en el derecho chileno, solo genera confusión. El comportamiento político actual no deja muchas esperanzas de sensatez. Pero tal vez haya algo todavía en el Senado y prefiera producir reglas claras. 

Una encuesta de 2022 de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) indicaba que cerca del 80% de los chilenos estaba de acuerdo con que guardias municipales usaran armas de fuego, lumas, cascos, gas pimienta y otros artículos de protección. La idea de contar con guardias municipales armados quedó descartada el martes, en la reunión que sostuvieron tres asociaciones municipales con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La pretensión de armar al personal municipal partió con fuerza cuando comenzó la discusión de los proyectos de ley de la mesa de seguridad, pero fue perdiendo apoyo en los últimos meses. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, no tiene duda alguna al respecto: “Quiero ser muy claro, como Gobierno no vamos a avanzar en que el personal municipal esté armado. No somos partidarios de tener una policía municipal. La evidencia muestra que ha sido un error en otros países y ese error no lo replicaremos». El Gobierno y los alcaldes coincidieron en la importancia de robustecer el rol preventivo de los municipios. 

La titular del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se reunió con ambas coaliciones de gobierno, Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, para aunar apoyos sobre el proyecto que tiene como objetivo aumentar las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros. Si bien la ex Concertación se mostró a favor de la iniciativa, el bloque conformado por el Frente Amplio y el Partido Comunista incluyó votos en contra y abstenciones durante la votación en la Cámara de Diputados. Esta instancia finalmente aprobó la iniciativa, quedando marcada por la división del oficialismo en torno al artículo que apunta a la «legítima defensa privilegiada» y al uso de la fuerza policial. A pesar de ello, la ley se aprobó con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones. Ahora pasará al Senado, donde el Gobierno espera ingresar los cambios comprometidos con la bancada oficialista. 

A través de una carta abierta, más de mil expertos y ejecutivos del mundo de las IA, entre ellos el destacado historiador y filósofo Yuval Noah Harari y el cofundador de Apple, Steve Wozniak, solicitaron una pausa «inmediata» de seis meses en el desarrollo de sistemas de IA más avanzados que GPT-4. Lo anterior, debido a los riesgos que tendrían para la sociedad y la humanidad, como el aumento de la desinformación, la pérdida de empleos e incluso la posibilidad de la «pérdida de control de la civilización». «Los sistemas de IA con inteligencia que compite con la humana pueden plantear riesgos profundos, como lo demuestra una extensa investigación y lo reconocen los principales laboratorios de IA. Las decisiones no se pueden delegar en responsables tecnológicos que no hemos elegido», apuntan. «Esto no significa una pausa para el desarrollo en general, simplemente un paso atrás de la peligrosa carrera hacia (herramientas) con capacidades emergentes impredecibles y cada vez más grandes», agregan. 

«En estos temas tan sensibles (como la seguridad) para la ciudadanía, tratar de hacer permanentemente polémicas entre políticos, solo dificulta la labor”, dijo el Presidente Gabriel Boric en La Moneda. Sus dichos se dan en medio de un ambiente de tensión por el debate sobre la seguridad pública. Esto, luego del asesinato de la carabinero Rita Olivares. Por ejemplo, sectores de la oposición han requerido al Mandatario que pida disculpas a Carabineros por antiguos dichos de él y de personeros de Apruebo Dignidad contra la institución. A su vez, parlamentarios han requerido aplicar Estado de Excepción en las regiones Metropolitana y de Valparaíso. 

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que esa idea no está considerada «por varias razones, operativas y de inteligencia”. En esa linea, señaló que “no es llegar y sacar policías debajo del sombrero. Nosotros tenemos que usar los recursos que tenemos a disposición. Tienen una dotación limitada las fuerzas policiales”. La idea de aplicar Estado de Excepción en las regiones Metropolitana y de Valparaíso ha tomado realce tras el asesinato de la carabinera Rita Olivares. De hecho, parlamentarios oficialistas lo han propuesto durante estos días, como el senador Juan Luis Castro (PS) y el diputado Tomás Lagomarsino (PR). 

El abogado penalista y experto en derechos humanos, Francisco Cox, estuvo en el programa «Al Pan – Pan» de El Mostrador Radio, donde abordó las problemáticas en seguridad que atraviesa el país durante el último tiempo.  Al opinar sobre las leyes que se encuentran en discusión en el Congreso, precisó que «el problema que estamos viviendo no lo resolvemos con más legislación, se resuelve con una policía bien dirigida, bien capacitada y bien dotada de recursos». Asimismo, fue enfático en el llamado a mayores atribuciones a las policías que piden algunos parlamentarios: «Lo que no podemos hacer es crear una super policía sin control porque lo que ocurre con eso es lo que ocurrió en México (…) Cuando creas policías sin control, se producen fenómenos de corrupción y no digamos que Carabineros de Chile ha sido absolutamente inmune a la corrupción».  

Hemos aprendido, a través de los años de implementación de tratados internacionales como el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de País, que los gobiernos por sí solos son rara vez capaces de implementar estos acuerdos en su totalidad y, para que estos se hagan efectivos, necesitan de la colaboración multisectorial y multiactor. En este sentido, es necesario el alineamiento político del amplio espectro para ratificar y legislar en torno a estos acuerdos, es necesario también el apoyo de la sociedad civil, movimientos territoriales de defensa de los océanos, las escuelas y universidades y, sin duda alguna, la cooperación internacional y el liderazgo del sector privado.