El aspecto más sustancial de toda esta discusión se encuentra en un espacio que media entre la irrelevancia, la posibilidad de excesos o de efectos derechamente contraproducentes. El proyecto Naín-Retamal introduce una regla de “legítima defensa privilegiada” para el uso de fuerza letal por las policías en tres clases de situaciones: ante agresiones con armas (blancas), ante agresiones físicas por dos o más individuos con riesgo de causar lesiones graves, y para impedir la perpetración de delitos graves. En su orientación, parece no apuntar a nada que no sea lo que sus autores llaman “sentido común”. En estos casos, si el uso del arma de fuego resulta necesario –y muy probablemente lo sea–, es razonable que sea lícito. Pero el proyecto lo hace por una vía que, en el derecho chileno, solo genera confusión. El comportamiento político actual no deja muchas esperanzas de sensatez. Pero tal vez haya algo todavía en el Senado y prefiera producir reglas claras.
