Hemos aprendido, a través de los años de implementación de tratados internacionales como el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de País, que los gobiernos por sí solos son rara vez capaces de implementar estos acuerdos en su totalidad y, para que estos se hagan efectivos, necesitan de la colaboración multisectorial y multiactor. En este sentido, es necesario el alineamiento político del amplio espectro para ratificar y legislar en torno a estos acuerdos, es necesario también el apoyo de la sociedad civil, movimientos territoriales de defensa de los océanos, las escuelas y universidades y, sin duda alguna, la cooperación internacional y el liderazgo del sector privado.