Día: octubre 17, 2022

Lo que debería hacernos reflexionar, al cumplirse tres años del estallido social, es qué aprendimos o qué hemos logrado corregir como sociedad de esas demandas que nacieron de la toma de conciencia de la desigualdad e injusticias sostenidas en el tiempo. Todo parece indicar que muy poco. Y tal como lo ha demostrado la historia de Chile en las últimas décadas, los ciclos se repiten, pero con una diferencia: cada vez son más cortos. Entonces, así como hace mil días la elite decía “no lo vimos venir”, todo parece indicar que, nuevamente, se está acumulando energía que, tarde o temprano, tendrá que salir. Y les aseguro que pronto la gente estará reclamando contra los partidos y contra los poderes fácticos que, hoy, parecieran hacer oídos sordos a la sociedad civil. 

El gobernador regional de Antofagasta valoró el compromiso del Gobierno de resguardar las zonas no urbanas, como carreteras y el servicio de transporte, sin afectar la cantidad de carabineros que hoy están en las ciudades. Por otra parte, reconoció que el migrante irregular es “costo para el Estado”, en cambio, «un migrante que se regulariza puede sostenerse e incluso empieza a ser un aporte para el país a través de los impuestos. Hay que empezar a mirar las cosas con inteligencia, y menos desde la arenga», agregó. 

La existencia de un escenario de impunidad y sin una clara responsabilidad de la clase política ni de la cadena de mando al interior de Carabineros, es el diagnóstico que realiza la oficina de Amnistía Internacional (AI) en Chile, en el contexto del tercer aniversario del estallido social. Según detalla con preocupación el director ejecutivo de la organización, de las más de 10 mil denuncias por violaciones a los derechos humanos en dicho periodo, tan solo 11 de esas causas penales han terminado en sentencia condenatoria. Asimismo, desde AI reconocieron estar participando en una mesa de trabajo para avanzar en la reforma estructural a Carabineros, un proceso que para esta organización resulta indispensable, y sobre el cual lamentan que se esté avanzando con demasiada lentitud. 

Más allá de si al Presidente Gabriel Boric le guste o no el TPP11, lo que corresponde es que cumpla con su obligación política de concretar sus trámites finales para que entre en pronta vigencia, en tanto política de Estado adoptada por los órganos competentes en forma contundente. Lo contrario, sería entrar en abierta colisión con parte importante de sus apoyos políticos e, incluso más grave, con el Congreso Nacional. Escudarse para no hacerlo en cartas laterales (side letters) de último minuto, las transformaría no en “consultas bilaterales”, sino en condiciones suspensivas para ingresar al tratado, con lo que se estaría desconociendo la amplia voluntad del Parlamento, y los argumentos de “consulta“ adquirirían el carácter de una argucia autoritaria para impedir el ingreso al TPP11.