Ni con las abstracciones de un economicismo neoliberal de derecha, ni con las abstracciones de un moralismo académico de izquierda, es posible comprender adecuadamente la situación concreta, popular y telúrica: esa multiplicidad a la vez singular de cada individuo y concreta, de ellos en sus barrios y campos reales. Ni con esas abstracciones ni con el romanticismo de “think tanks” pagados secretamente por empresarios y añorante de la Concertación agotada, logrará el país salir de la crisis. A esta altura, podemos percatarnos de la dificultad del problema, de lo poco que, probablemente, serán los tres años que se cumplen desde el 18 de octubre de 2019, comparados con los años que nos costará salir de la Crisis del Bicentenario. 

A la divergencia sobre las causas del 18-O se suma la discusión sobre las causas y consecuencias de la violencia que azotó al país por aquellos días. Unos suben imágenes a las redes sociales de la violencia policial y destacan la violación a los derechos humanos cometida por Carabineros. Otros enfatizan la violencia social desatada en los días posteriores al 18-O y reclaman que las autoridades actuales deben pedir perdón a la institución policial. Ninguno cede en sus interpretaciones y se aferra a sus creencias. Son pocos los dispuestos a aceptar que así como hubo excesos y violación a los derechos humanos de parte de Carabineros, también existió una violencia social que afectó profundamente la convivencia pública y ciudadana. Ambas dimensiones son parte de la escena actual y nos acompañarán seguramente por bastante tiempo. 

Ausentes del debate constitucional, irrelevantes en el estallido social y en la pandemia, los estudiantes de las universidades chilenas parecen enteramente desconectados de los grandes problemas que aquejan a la población. La misma Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) –motor de la Confech y del movimiento universitario en los años dorados de la década pasada– ostenta un cuadro de crisis que obligó a convocar a un congreso integrado por 40 estudiantes, a efectos de «refundar» la organización. Esto, debido al desinterés de la comunidad universitaria por participar en ese espacio de discusión. Mientras se intenta redactar un nuevo estatuto para tener una nueva directiva en el futuro, tanto dirigentes estudiantiles como conocedores del movimiento universitario y analistas, hacen referencia a dos fenómenos que explican el marcado declive del poder del movimiento que alguna vez puso de rodillas al primer Gobierno de Sebastián Piñera y que fue capaz de catapultar a sus líderes a la cumbre del poder político: la institucionalización de sus cuadros y esa cultura propia de un grupo de interés que se marginó del debate político apenas consiguió su objetivo, como fue la gratuidad universitaria. 

“Reiteramos la invitación al Gobierno a que convoque este gran Pacto por la Seguridad, donde todos los actores –incluidos el Poder Judicial y la Fiscalía– seamos partes con medidas muy concretas para mejorar la situación de seguridad en el país», señaló el gobernador de la Región Metropolitana, tras una reunión con su par de La Araucanía, Luciano Rivas, un grupo de parlamentarios y la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao. Por su parte, el gobernador Rivas manifestó que “necesitamos que el Gobierno escuche a todos y busque acuerdos para trabajar en conjunto y demos soluciones. En nuestra zona las víctimas van en aumento y tenemos grados de impunidad que son muy graves». 

Un capítulo del Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2022, de la Universidad Diego Portales, da cuenta que de 8.593 causas ingresadas contra agentes del Estado hasta abril de este año, sólo 75 han sido formalizadas. Entre las causas formalizadas, destacan «35 casos por el delito de apremios ilegítimos, cinco por lesiones graves, 18 por vejaciones injustas y seis por torturas». De acuerdo al documento, existen al menos dos razones que dificultan la persecución de agentes del Estado: «por un lado, el tiempo que transcurre entre el hecho delictivo y el momento en que efectivamente se recoge la evidencia; y por otra, que gran parte de dicha evidencia se encuentra en manos de quienes están siendo acusados». Un abogado del INDH explicó en el reporte que, en el caso de las grabaciones de cámaras de seguridad, Carabineros informa que ya no existen registros audiovisuales, si es que los hubo, pues se mantienen solo por un tiempo. 

En conversación con El Mostrador en La Clave, el exjefe de Extranjería del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Sandoval, abordó los proyectos que prepara el Ejecutivo en materia migratoria y que apuntan a facilitar los procesos de expulsión administrativa y a la identificación biométrica de los migrantes. «En ningún sistema migratorio la expulsión es el mecanismo mediante el cual se ordena la migración», señaló el académico, asegurando que «la expulsión no es el camino». Para el profesor de la Universidad Central, lo que cabe preguntarse es «qué espacio se le quiere dar a la migración, en términos de las distintas necesidades que tiene el país». A su juicio, «aparece como un poco contradictorio que por un lado pongamos tanto énfasis en cómo echamos a la gente o cómo impedimos que venga y, por el otro lado, haya sectores de la economía que están demandando por mano de obra para cubrir sus necesidades». 

El nuevo informe del organismo de las Naciones Unidas advierte que la combinación de alta inflación y la pandemia amenaza, como pocas veces, a la clase media. También en esta edición de El Semanal: una economía global en caos que nos pilla con menos balas que en crisis anteriores y el desafío político que implica para la agenda reformista del Gobierno de Gabriel Boric; lo verde es bueno y cada vez más rentable; Susan Segal, símbolo del poder blando de Estados Unidos, viene a Chile y comparte su optimismo acerca del nuevo ciclo político; lecciones de la economía argentina sobre lo que deberíamos evitar; y la pelota del gol de “La Mano de Dios” va a subasta. 

El Team Chile tuvo su mejor actuación desde los Odesur de 1990 en Lima, cuando consiguió 40 oros y obtuvo el tercer puesto del medallero. La medalla dorada número 38 fue obtenida por el conjunto nacional de básquetbol, que superó con autoridad a Colombia por 80 a 45 y se quedó con el primer lugar. 

En fallo unánime, el tribunal de alzada puntarenense ordenó la libertad de los siete procesados, quienes permanecían en sus domicilios bajo la custodia de personal de Carabineros, previo pago de una fianza de $200.000 cada uno. Se trata de cuatro exoficiales y tres sacerdotes salesianos. De acuerdo al fallo, solo hay una notificación pendiente, la del cura Bernardo Bastres, quien reside en Turín, Italia.