En el Chile concreto de hoy, el Estado social es la mejor y más sólida respuesta a las crisis que vivimos. Ello no solo porque es expresión de un pacto político-social cuyo centro es avanzar en igualdad, sino, además, porque al expandirse la democracia, ella misma se vuelve el mejor antídoto para evitar reemplazar un miedo por otro, un odio por otro, una dictadura por otra, un régimen opresivo por otro. 

En el mundo, y en Chile, a pesar de las diferentes situaciones de las OSC  y ONG, existen una importante cantidad que ayuda a tensionar, positivamente, las políticas de Estado (excepto las que no se vinculan directamente a él) para que este no se quede en las omisiones, o privilegie, en la agenda, otras políticas, sin percatarse de la importancia de las comunidades, la sociedad y la cultura en materias de defensa, aceleramiento y ayudas vitales de millones de personas que, muchas veces, no se enteran de estas urgencias, al menos de forma inmediata.    

Hay que seguir atentos el desarrollo de este camino. Chile no puede darse el lujo de quedar fuera de un tercer mundial consecutivo, sería un desastre total. Nada garantiza esto, pero el momento actual de nuestras selecciones no son auspiciosos, al contrario, son preocupantes y prenden todas las alarmas. 

La situación de los CFT estatales, en algunos casos posiblemente agravada por falencias de gestión, parece provenir de un error de diseño grave en la política. ¿Cómo, de otra manera, se explica que 1 de cada 5 programas ofrecidos por estos centros ya existiera en la misma comuna y horario previo a su implementación? ¿Es coherente con una “alternativa real y de calidad” ofrecer lo mismo y sin ninguna acreditación? 

A partir del año 2021, Zofri S.A. contrata asesorías para desarrollar una estrategia que les permita extender el plazo de concesión, sin tener que pasar por una ley (4). El camino elegido es la solicitud anticipada de extensión del contrato dirigida a la autoridad administrativa, el Ministerio de Hacienda. Esto significa renovar el mismo contrato y condiciones (con tuición sobre la Zona Franca Industrial de Arica y sin modernización del sistema de control). Dicho “trámite” fue iniciado el mismo año. En noviembre de 2022, el Gobierno procede a retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley (5) y deja abierto el camino administrativo para la extensión de concesión en los términos referidos. Las consecuencias son fáciles de prever, nuevamente se priva a Arica de una herramienta fundamental para su desarrollo, atendida su vocación productiva. 

Si bien la heterogeneidad de nuestras regiones en múltiples dimensiones merece políticas nacionales compensatorias (especialmente las relacionadas a las desigualdades sociales y provisión de servicios públicos), ello no significa que será el Estado central el agente que diseñe la forma específica en que esos desafíos serán enfrentados. Mas aún cuando no pocos gobiernos y universidades regionales ya trabajan en esas materias. 

Para el diputado Juan Santana la definición del Partido Socialista sobre si acudir a una o dos listas electorales para la elección del Consejo Constitucional, «no es un debate meramente electoral, sino que estrictamente político», donde la lista única «responde a un mínimo de lealtad con el Gobierno» y que -a su juicio- los socialistas deben ratificar. «La idea de las dos listas esconde la tesis completamente errada de que hay partidos de la centroizquierda que podrían eventualmente capitalizar el descontento que la población tiene con el Gobierno, es un error histórico pensar que eso va a ocurrir», señaló. Asimismo, calificó como «una imprudencia» la opción de que el PS integre una lista solo con Socialismo Democrático, más la DC como partido no oficialista. «Me parece que es impresentable en política, uno no puede estar con el Gobierno cuando le conviene y tomar distancia cuando las cosas andan mal, así se pierde credibilidad». 

Tras el requerimiento ingresado por un grupo de diputados de la UDI, donde pedían a Contraloría que se pronunciara respecto a la legalidad de los indultos otorgados por el Presidente Boric a 12 condenados por delitos en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, el órgano decidió abstenerse de emitir dicho pronunciamiento a raíz del hecho. Contraloría explicó que su decisión radica en que senadores de Chile Vamos y Demócratas ingresó una serie de requerimientos ante el Tribunal Constitucional por la misma situación, por lo que «en virtud de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de esta Entidad Fiscalizadora, norma que prescribe, en lo que interesa, que ‘La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia».  

El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, abordó lo que serán las instancias donde el PS y PPD definirán sus posturas respecto a si ir en una una lista unitaria -como pidió el Presidente Boric-, o si lo harán de manera separada en la elección de Consejeros Constitucionales. Por su parte, el PS atenderá el llamado del Mandatario y ratificará su decisión de ir en una sola lista; en tanto, desde el PPD buscan ir por separado. En ese sentido, el parlamentario apuntó que «Espero que tanto el PS como el PPD, que son partidos importantes que forman parte de la alianza de Gobierno, apunten en esa dirección». Por otro lado, señaló que «me parece que si hay partidos que quieren más representación en el Gobierno, deben responder al llamado del Presidente de ir en una lista unitaria».