La situación de los CFT estatales, en algunos casos posiblemente agravada por falencias de gestión, parece provenir de un error de diseño grave en la política. ¿Cómo, de otra manera, se explica que 1 de cada 5 programas ofrecidos por estos centros ya existiera en la misma comuna y horario previo a su implementación? ¿Es coherente con una “alternativa real y de calidad” ofrecer lo mismo y sin ninguna acreditación?