Por supuesto que nuestra avifauna es un activo invaluable que el conjunto de la sociedad exige proteger. No obstante, para que ello ocurra, podemos suponer que los organismos del Estado poseen –especie por especie– los estudios de etología y de distribución espacial y temporal para, a su vez, exigir a la industria que los proyectos de inversión se ajusten a normativas y estándares con precisión y de antemano establecidos en virtud de esos mismos estudios. Solo así el regulador podría asegurar que cada proyecto industrial se ajusta a estándares biológicos, geográficos y de ingeniería concretos y específicos, esto es, que cada proyecto se ajusta a su ecosistema, y no al revés, que el ecosistema es sacrificado para abaratar aspectos económicos de ingeniería.
